El decreto había sido calificado por el comité cívico y diversas organizaciones sociales y populares de Potosí como un decreto neoliberal y entreguista de los recursos naturales. Esto motivó un profundo descontento social que se expresó en múltiples paros y bloqueos de caminos en Potosí, en lo que se constituyó como una demanda regional muy sentida.
Luego de iniciada la crisis política del 20 de octubre, el movimiento potosino empalmó con el movimiento impulsado desde la oposición de derecha y los cívicos orientales en contra de lo que se denunció como un "descomunal fraude electoral" y en defensa de la “democracia”.
Con la abrogación del decreto que había sacudido a la población potosina, el gobierno da un paso atrás en su política de asociarse con trasnacionales como lo realizó en diversas áreas fundamentalmente hidrocarburos. Con esta medida Morales apuesta a la pasivización de las movilizaciones potosinas apostando a dividir el movimiento cívico encabezado por Santa Cruz.
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