Este martes, en una conferencia académica que brindó desde la Universidad Nacional de México (UNAM), el presidente electo Alberto Fernández sostuvo que "yo no soy un hipócrita. Si hay algo que me complica la vida es decir lo que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito. Y a esta altura de los acontecimiento creo que no debe ser un delito y que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder a un aborto en condiciones de asepsia".
Fue en respuesta a la pregunta del público, en la charla donde habló de la situación latinoamericana. "Es un problema de salud pública. Que el aborto no sea castigado, las mujeres no están obligadas a abortar", agregó, y destacó que los derechos de las mujeres "van mucho más allá" del derecho al aborto.
Las declaraciones de Fernández despertaron adhesiones rápidamente. Es la primera vez, de hecho, que un presidente electo se pronuncia en Argentina por la despenalización, y eso reabre entre otras cosas el interrogante sobre el rol del movimiento de mujeres y la conquista de derechos.
Una mirada atenta a esa perspectiva no puede dejar de advertir, por cierto, el marco de un turbulento escenario económico, que apunta a golpear más crudamente la vida de millones de mujeres y familias trabajadoras y pobres. Que eso impactará entre otras cosas en el acceso a la anticoncepción gratuita, a la educación sexual integral y al aborto, incluso clandestino, no caben dudas. Por eso las declaraciones de Fernández también reabren una definición: la vida de las mujeres no se negocia. Si hablamos de derecho al aborto, hablemos de su legalización, y exijamos que sea ahora. ¿O no?
Hechos
Sin irnos a la negativa de las gestiones anteriores (siempre condescendientes con las jerarquías de las Iglesias y no con las mujeres); sin detenernos en las maniobras de oficialistas y opositores en el año de la marea verde; sin recordar el grado de compromiso de Alberto Fernández con la gestión kirchnerista, que impidió durante años que el aborto sea ley; comencemos por recordar nomás que en la campaña electoral, el propio presidente electo mantuvo confusos gestos y mensajes para con todo el electorado.
Según el auditorio, se pronunció más o menos favorablemente al reclamo de la legalización, y mientras hacía algún guiño hacia el pañuelo verde, se abrazaba con los personajes más oscurantistas, se fotografiaba con las máximas autoridades evangélicas y era bendecido por las principales autoridades de las Iglesias católicas, que al mismo tiempo salían a atacar -con Bergoglio a la cabeza- el acceso a este derecho.
Mantuvo primero un silencio ensordecedor. Eran tiempos de "construir acuerdos" con gobernadores, intendentes, burócratas sindicales y jerarcas de las iglesias. Representantes de todos estos sectores llenaron, así, las listas de antiderechos, y ahora también el Congreso Nacional, los gobiernos, intendencias y otras instituciones del Estado. También lo hizo el macrismo cuando asumió en el gobierno, y lo siguió haciendo luego, como "oposición".
Pero sigamos con los hechos. Cuando el reclamo logró colarse en la agenda electoral (muy a pesar de la fuerza que encabeza), Alberto Fernández sostuvo que la legalización del aborto era un tema que podía esperar, no era -digamos- algo urgente.
Después, cuando sus declaraciones despertaron malestar en amplios sectores que simpatizan con la lucha de las mujeres y las disidencias, cuando quedó a la vista que el Frente de Todos estaba tan lleno de antiderechos como Cambiemos u otras fuerzas (excepto el FIT-Unidad), Fernández aclaró que en realidad creía que había que avanzar con el tema... pero "por etapas" y así comenzó a hablar de la despenalización. Amigos suyos y del papa Bergoglio, como Eduardo Valdés, también llegaron a incorporarlo por estos días en el discurso.
Pero como bien advierte un comunicado de prensa emitido en la tarde de este miércoles por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, esa despenalización de la que habla Fernández (a quien piden entrevista) ya existe socialmente y, agregamos, también existe penalmente, porque que es el propio Código Penal, que ya tiene casi cien años de historia, el que determina la no punibilidad cuando se trata de personas gestantes que han sido víctimas de violación y/o corren riesgo de vida y/o de salud, como refrenda el llamado fallo FAL del año 2012.
Anti-derechos
Como advertimos entonces, las declaraciones de Fernández buscaban matizar que detrás de la fuerza que encabeza, pese a la presencia de algunos pañuelos verdes, abundan referentes y candidatos “celestes”, antiderechos.
El caso más conocido, sin dudas, es el del gobernador reelecto Juan Manzur, en Tucumán. El ex ministro de Salud del kirchnerismo es, como se sabe, un dinosaurio de pura cepa: encarceló a la joven Belén, declaró “pro-vida” la provincia, encabezó junto a las Iglesias las llamadas marchas “por la vida”, obligó a parir a una nena de 11 años que había sido violada y, según su propia ministra de Salud, sometió a otras 18 niñas a situaciones similares.
Pero Manzur no es el único gobernador antiderechos al interior de este frente que se prepara para gobernar los próximos 4 años. Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfran (Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Perotti (Santa Fe), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Verónica Magario (PBA), son algunos de los gobernadores y gobernadoras fieles a las cúpulas de las Iglesias, católicas y evangélicas.
El rol de los gobernadores para la sanción de las leyes quedó justamente demostrado durante el debate del aborto, donde operaron abiertamente para el rechazo a la ley. Lo mismo que hacen con los planes de ajuste u otras medidas que trata el Congreso. Para eso tienen a sus dinosaurios sentados en las bancas.
Ni hablar entonces de quienes "panquequearon", como la senadora García Larraburu del entonces Frente para la Victoria -premiada con un nuevo mandato después de votar en contra de la legalización-, o de quienes se mantuvieron como "indecisos" hasta el último momento, presionando a favor de las maniobras y acuerdos que se tejieron a espaldas de la marea verde, para que cayera la ley que se reclamaba en las calles.
Las conducciones sindicales, aliadas de la jerarquía clerical y postulantes de garantía para el pacto social que promueve Fernández, no dejan lugar a dudas sobre la contención que buscarán imponer a los movimientos y reclamos que apunten a la conquista de derechos. Se vio, justamente, en el lamentable papel que jugaron durante el desarrollo de esa marea enorme. Y se ve también hoy, con la tregua que garantizan, gobierne quien gobierne.
Ahora, desde México, cuna del país donde busca mostrarse como integrador de la región, Alberto Fernández afirma no sólo su posición a favor de la despenalización del aborto, sino que también sostiene que el aborto es "una cuestión de salud pública", que "no debe ser castigada". Un reconocimiento que jamás brindó en Argentina algún presidente nacional. ¿Demagogia? ¿Realidad?
El poroteo y las calles
Un estudio reciente de Economía Feminista , basado en el análisis de las declaraciones de los diputados y diputadas que resultaron electos en las generales de octubre, muestra que en la Cámara Baja -donde Juntos por el Cambio tendrá mayoría- el escenario es más favorable para el derecho al aborto. Según las estimaciones, quienes estarían a favor de la legalización y/o despenalización de la práctica tendían una ventaja de 16 votos sobre los diputados y diputadas "antiderechos".
La lectura, de todas formas, está sujeta al accionar -definitorio, como se vio en 2018- de quienes se dicen "indecisos". En el caso de esta Cámara, ese sector representa a 35 diputados y diputadas de las distintas fuerzas, excepto la del FIT.
En el Senado, donde el Frente de Todos tendría mayoría automática, los "celestes" son mayoría (35), seguidos muy ajustadamente por "los verdes" (32), y limitados por 5 senadores que se dicen "indecisos".
Con esos números, en caso que Diputados diera nuevamente media sanción a un proyecto, la posibilidad de aprobación en el Senado sería otra vez muy difícil: los "celestes" deberían conseguir al menos dos senadores/as más, como mínimo, para imponer el rechazo, puesto que en caso de empate en 36 votos, la decisión quedaría en manos de la vicepresidenta de esta Cámara, que será Cristina Fernández de Kirchner después del 10 de diciembre.
Que el derecho a decidir y a no morir por la clandestinidad del aborto no puede quedar en manos del lobby parlamentario, lo demostró justamente el Senado de la Nación, donde un puñado de dinosaurios del macrismo y el peronismo, que actuó en común con gobernadores, burócratas sindicales y jerarcas de las iglesias, impidió que sea ley.
La fuerza para conquistar derechos, estaba y está en las calles, como advirtió durante toda su campaña el Frente de Izquierda-Unidad, junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño. En el debate presidencial, el candidato de la izquierda fue, de hecho, el único en reclamar por la agenda de las mujeres y de la diversidad sexual, coherente con el planteo de la única lista 100% verde y 100% naranja, también a favor de la separación de las Iglesias del Estado.
Aborto legal YA
Tras las declaraciones del presidente electo, las especulaciones se abrieron en diversos medios y sectores. Se dice, por ejemplo, que la discusión podría llegar con el debate de la reforma del Código Penal, que propuso el actual Poder Ejecutivo y que ya empezó a tratarse en reuniones informativas de comisiones del Senado.
De acuerdo a ese texto, el aborto no sería despenalizado, pero se modificarían los artículos vigentes y se convertiría en ley el fallo FAL, que dictó en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para dar mayor claridad sobre las causales de aborto no punible ese Código Penal.
Sin embargo, la propuesta ingresada en el Senado nada tiene que ver con el reclamo de las millones de personas que en 2018 salieron a las calles para exigir que se apruebe el proyecto presentado, desde hace ya 14 años, ocho veces consecutivas, por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sólo la negativa constante de los gobiernos y partidos mayoritarios, fieles a la santa alianza con las iglesias, los gobernadores y grupos antiderechos, ha impedido que sea ley.
Frente a la avanzada de esos sectores contra el aborto legal, la anticoncepción gratuita, el aborto no punible y la actualización de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), es necesario volver a las calles, con fuerzas redobladas, confiando solo en nuestra organización, para imponer que se apruebe, sin más dilaciones, la legalización del aborto y la inmediata separación de las Iglesias del Estado.
El proyecto de la Campaña, que se presentó nuevamente el 28 de mayo pasado, y ningún otro que devalúe el sentido y el reclamo de la legalización, es el que queremos, y lo queremos ya. El grito de Ni Una Menos por aborto clandestino no es una moda o un gesto para intercambiar por conveniencias: es el reclamo del derecho elemental a que no muera ni una sola mujer más por prácticas inseguras, el derecho a que todas puedan ir al hospital y acceder gratuitamente a la interrupción del embarazo, y no sólo el derecho a no ser penalizadas por decidir sobre nuestro cuerpo. Ese es el reclamo, y lo queremos ahora. |
