La brutal represión de estas semanas
Con las movilizaciones que han sacudido al país, la derecha, el gobierno, el Estado y este régimen político mostraron su verdadera cara: no están dispuestos a ceder nada, y por el contrario, son capaces de todo para defender sus privilegios.
Según diversos datos, ya habrían 23 personas muertas, 2500 heridos por la acción represiva, 400 de ellos por perdigones o balines, 180 personas que recibieron impactos en alguno de sus ojos, y un largo y macabro etcétera.
A pesar del cerco mediático tendido por los medios de comunicación empresariales, las cifras, los hechos y los casos no se pueden ocultar. Incluso la ONU “condenó el uso excesivo de la fuerza”. Esa misma ONU que envió a Observadores de Derechos Humanos que no se pronunciarán frente a las situaciones de violaciones a los DDHH (en sus propias palabras), haciendo una operación clara de lavado de imagen al gobierno de Piñera.
Hay algo que es claro: en Chile se prohíbe el derecho básico a la protesta social y los poderosos están dispuestos a derramar sangre, e incluso desplegar “procedimientos destinados a mutilar” a los manifestantes, según denuncia una declaración entregada a La Moneda por académicos y autoridades universitarias.
Pero además, otro hecho que ha saltado a la luz es que estas violaciones a los Derechos Humanos y la política represiva del Estado chileno es estructural y sistemática: no empezó el 18 de octubre, sino que se mantuvo desde prácticamente toda su existencia. No olvidamos que esta semana se cumple un año del asesinato a Camilo Catrillanca, crimen que demostró que la vulneración a los derechos humanos en Chile es una práctica sostenida y en complicidad con los gobiernos de turno.
Bien lo saben las comunidades mapuche en el Wallmapu; también lo sabemos las y los estudiantes que lo vivimos cada vez que nos movilizamos, los saben en las poblaciones, las y los trabajadores en sus huelgas y paralizaciones. Ponemos un pie en la calle y recibimos palos y lacrimógenas. Podemos perder desde un ojo hasta la vida en una protesta.
Frente a este escenario, se hace más urgente que nunca levantar con toda la fuerza una amplia campaña democrática desde los organismos de Derechos Humanos, los partidos de izquierda, las Federaciones estudiantiles y sindicatos, exigiendo el término inmediato de la represión y el mínimo derecho a manifestarnos.
Lo decimos fuerte y claro: ¡Piñera es responsable de los crímenes cometidos por militares y Carabineros! ¡Fuera Piñera! Y juicio y castigo con cárcel común a los responsables materiales y políticos de estos crímenes y de la represión ¡No a la impunidad!
¿Reforma a Carabineros para terminar con la represión?
Pero además, estos casos de represión han abierto todo un debate respecto al rol de Carabineros y las fuerzas represivas. Algunos cuestionan los protocolos que los rigen: les está permitido ingresar armados a establecimientos educacionales, o pueden reprimir disparando perdigones o balines.
Están profundamente cuestionados: han seguido a líderes sociales mediante el uso de inteligencia de Estado, se han involucrado en casos de corrupción (Pacogate), han violado a mujeres, torturado y asesinado.
En ese escenario nos preguntamos ¿Es reformable una institución así? ¿Queremos reformar una policía creada y dirigida para la represión de la protesta social y la movilización popular? ¿”Cambiarían” los carabineros si se democratiza la institución, si se cursan clases de Derechos Humanos?
Un camino así es utópico a la luz de los acontecimientos y sacando las lecciones del pasado. Un Estado capitalista como el chileno presupone la existencia de una institución dedicada a reprimir y controlar la protesta social, protegiendo la propiedad privada de un puñado de capitalistas: esas familias empresariales como los Matte, Luksic y Angelini, que son además los financistas de los partidos políticos tradicionales.
Lo decimos claramente: ¡Mientras exista policía, habrá represión! Hoy cuando se ha puesto en cuestión la herencia de la dictadura militar, a este Chile antidemocrático y autoritario, tenemos que cuestionarnos también por qué tiene que existir un aparato dedicado a reprimir a las mayorías que nos movilizamos y a proteger los intereses de unos pocos.
¡Por eso luchamos por la disolución de la policía y de todas las fuerzas represivas y de seguridad! Es parte de nuestro programa de lucha contra este Estado capitalista, organizado para defender los intereses de una minoría privilegiada, dispuesta a matar por conservarlos, y por la conquista de un gobierno democrático de las y los trabajadores.
Al mismo tiempo, y al calor de las brutales imágenes de represión y de la violación sistemática de los Derechos Humanos, agudizada al calor de la rebelión popular en Chile, defendemos y promovemos todas las formas de autodefensa democrática del pueblo trabajador, como forma de organizar la defensa de la protesta social y el derecho básico de manifestarnos.
Apostamos por una sociedad socialista, democrática, donde sean las grandes mayorías las que decidan, y no un puñado que se dedica a decidir por sobre todos los demás, como hacen hoy los políticos de este régimen en sus sillones en La Moneda o el Congreso, y donde las funciones de seguridad sean realizadas por los trabajadores y trabajadoras, haciéndose cargo de su propia autodefensa junto a las comunidades.
Rechazamos, en ese sentido, todo aparato especializado en la represión. Estas semanas han mostrado vivamente el rol histórico que cumplen, y la inviabilidad de reformarlas. Pasaron 30 años de la dictadura. Y los crímenes que se cometieron hoy se vuelven a repetir. Porque no son excesos ni errores: es la esencia de la represión del Estado chileno. | 
