En el día de ayer ingresó a la legislatura provincial una nota N° 70 por la cual el Gobernador de Jujuy solicita autorización que valide el convenio firmado por el Estado provincial con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial el 31 de octubre pasado y, el mismo, cuenta con el aval del gobierno nacional mediante el decreto N° 11068-HF-19.
En caso de que la legislatura vote este pedido del Gobernador el Estado provincial accederá a un programa para prorrogar el pago de capital e intereses de la deuda pública que asciende a 8.133 millones de pesos por 30 meses. Las condiciones estipuladas establecen que el pago de capital sería a partir del 31 de mayo de 2022, mientras que los intereses tendrían un primer vencimiento en mayo de 2021.
Con este pedido de modificar los plazos de pago de la deuda que el Estado provincial tiene con el Tesoro de la Nación se pone de manifiesto las dificultades económicas que atraviesa el fisco. Recordemos que este mismo año mediante la Ley 6124 el Poder Ejecutivo solicitó una ampliación de las “necesidades de financiamiento” por 2.500 millones de pesos, que equivalen a cerca de la mitad del déficit de 5.341 millones de pesos según el presupuesto 2019.
El déficit del Estado provincial tiene un carácter estructural dando lugar a un permanente mecanismo de refinanciamiento de la deuda con la Nación. Sin embargo, con el desarrollo de la crisis la recaudación viene a la baja, mientras la coparticipación sufre el recorte por la inflación, mientras también impacta la caída de la recaudación de ingresos bruto debido a los beneficios que otorgó el Estado a los grandes contribuyentes a partir del “Consenso Fiscal 2017” firmado con el gobierno nacional.
Por otra parte, la provincia afronta una importante deuda en dólares a partir del financiamiento del Parque Solar Cauchari cuya suma ascendería a 541 millones de dólares (por ahora se pagan intereses cada seis meses solo del “bono verde”), que junto con la deuda en moneda extranjera por la compra de cámaras de seguridad a China (ZTE) y el endeudamiento para el proyecto GiRSu, junto con la deuda reprogramada alcanzaría un total de 47.500 millones de pesos (a un dólar = $63), una cifra equivalente al 82% de los ingresos fiscales de este año según el presupuesto.
Uno de los problemas más inmediatos son los vencimientos de la mayor parte de la deuda en dólares que comienzan en 2022 con el Eximbank of China, al igual, que el vencimiento del “bono verde” emitido en Wall Street. Ambos coinciden con la prórroga de pagos del capital de la deuda con el Tesoro y, como ya explicamos en este medio, aún con el mejor escenario de funcionamiento del parque solar (que aún no está operativo) difícilmente se pueda contar con el total del capital en dólares que exige el rescate del “bono verde”.
Seguramente con este cronograma de pagos y con el problema estructural de financiamiento del Estado provincial y el esquema de ajuste fiscal del gasto público a las provincias que exige el Fondo Monetario Internacional para garantizar el creciente pago de intereses y capital de la deuda, este “reperfilamiento” de deuda, no sea el último y el problema de la deuda en pesos y dólares se transforme cada vez más en una pesada carga para el conjunto de la población trabajadora y los sectores populares.
Un primer paso para salir de la trampa de la deuda debería considerar cambios de fondo en el sistema impositivo afectando las ganancias de los grandes empresarios y terratenientes con impuestos progresivos y eliminar en forma permanente el IVA sobre los alimentos y productos de consumo popular, medidas que deben ir también orientadas hacia cuestiones de fondo, como dejar de pagar la deuda pública con los especuladores financieros que tiene la Nación y salir del acuerdo de ajuste fiscal permanente que exige el FMI. De aquí pueden salir los fondos necesarios para atender las necesidades urgentes del pueblo trabajador. Sin cambiar estas prioridades, no hay forma de que no caiga la pesada carga de la deuda sobre las espaldas de los mismos de siempre.
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