El miércoles 6 de noviembre la corte de apelaciones de San Miguel confirmó de manera unánime la prisión preventiva para el profesor Roberto Campos Weiss como presunto autor del delito de daños a bienes de uso público al interior del Metro de Santiago siendo invocada la Ley de Seguridad del Estado. Quedó en prisión preventiva por 90 días (mientras dura la investigación) en la Cárcel de Alta Seguridad.
Roberto Campos Weiss es profesor de matemáticas y trabajaba en la Universidad del Desarrollo la que, mediante un comunicado el 30 de octubre decidió “suspender total e inmediatamente al docente de toda actividad académica”.
El jueves 17 de octubre Roberto se encontró en el Metro San Joaquín con una de las tantas evasiones masivas que se venían realizando en el Metro de Santiago. Desde su detención (martes 29 de Octubre) ha sido transparente durante todo el proceso y no ha negado los hechos registrados por la cámara de seguridad de la estación.
Lo que resulta incomprensible es cómo una persona que no tiene antecedentes penales y que solo pateó un torniquete es formalizado con la Ley de Seguridad del Estado mientras la policía se ha saltado todos sus protocolos, ha torturado, violado, secuestrado, asesinado, golpeado, perseguido y detenido a dirigentes estudiantiles, atropellado, disparado al cuerpo dejando a miles de heridos y más de 200 personas con sus ojos mutilados, y sus sanciones van desde firma quincenal, reintegrarlos a funciones o prisiones preventivas en sus hogares (como el caso del policía que disparó perdigones al cuerpo a estudiantes del Liceo 7 de Santiago).
Una lectura política de la situación de Roberto nos muestra un claro mensaje: se busca criminalizar la movilización, en especial a la juventud, y qué mejor que aplicar lo máximo de una legalidad que no conoce de justicia y solo responde a lógicas de poder, en esa línea busca amedrentar al pueblo que se manifiesta en las calles para que desista de su justa lucha por modificar estructuralmente un sistema que nos tiene condenados a vivir miserablemente y sometidos a las reglas de una clase político-empresarial que se niega a ceder sus privilegios históricos.
Dos profesores: diferente justiciaç
Otro claro ejemplo de cómo la justicia en este país responde a lógicas de poder fue lo ocurrido el domingo 10 de noviembre en la ciudad de Reñaca, donde el ciudadano norteamericano John Cobin al encontrarse con la manifestación que se desarrollaba en la playa de Reñaca y sus calles, bajó de su auto y disparó cuatro veces hacia la multitud que le impedía el paso hiriendo a una persona identificada como Luis Ahumada. Al ser detenido, el mismo domingo, se le permitió grabar un streaming donde pudo expresar sus ideas y contar su versión. El lunes 11 fue formalizado por homicidio frustrado y quedó en presión preventiva durante 90 días (mientras dura la investigación).
John Cobin de 57 años también es profesor de universidad: realizó clases de Economía en la Universidad Andrés Bello hasta el año 2015, además militó en la Liga del Sur agrupación norteamericana que promueve los valores cristianos bajo la lógica de supremacía blanca, se describe (según una entrevista realizada por The Clinic) como un neoliberal extremo, conservador, admirador de Pinochet y amigo de los Chicago Boys. ¿Por qué a este profesor, amigo de Cristian Larroulet (jefe de asesores del actual Presidente Sebastián Piñera) no se le aplicó la Ley de Seguridad del Estado si disparó directo al cuerpo de personas con la clara intención de lastimar? ¿Por qué un torniquete vale más que la vida de una persona?
Hasta el cierre de esta nota el Colegio de Profesores ha decidido no brindar mayor apoyo a Roberto, debido a que no se encuentra colegiado. Boric también rechazó visitarlo. Pero sí la dirigenta de base María Isabel Martínez, dirigente comunal Lo Espejo del Colegio de Profesores quién se sumó a la concentración organizada por profesores de Recoleta el viernes 8 de noviembre fuera de la Penitenciaria de Santiago, junto a amigos y familiares.
Profesores de liceos y escuelas de Recoleta, Quilicura y de Maipú junto a trabajadores de la zona norte de Santiago se han sumado a la campaña que exige la libertad del docente mientras dure la investigación:
Desde la agrupación Nuestra Clase rechazamos categóricamente este silencio cómplice que lleva adelante el Colegio de Profesores frente a la lógica criminalizadora de este gobierno hacia quienes se manifiestan como el caso de Roberto y en especial hacia la juventud. | 
