En la noche del miércoles 20 de noviembre, entre las 21 y 22 horas, la Cámara de Diputados aprobó sin votos negativos el proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Global”. La iniciativa ya había contado con media sanción en la Cámara de Senadores. Ahora, con los 163 votos a favor y las ocho abstenciones, el proyecto se hizo ley.
Sin embargo, al tratarse de una sesión controvertida, puesto que al ser la última sesión del año el proyecto se votó dentro de un “paquetazo”, la iniciativa legislativa se aprobó sin discusión y ningún diputado pudo hacer objeciones parciales al proyecto. Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS en el Frente de Izquierda), el único candidato presidencial que se movilizó durante la Huelga Mundial por el Clima del 27S, acompañó el proyecto votando afirmativamente.
Sobre la base de que se trató de un proyecto progresivo que le da un marco institucional, nacional y ejecutivo a la lucha contra la crisis climática (algo absolutamente novedoso), uno de los aspectos parciales negativos de la iniciativa legislativa es que, en el Consejo Asesor que establece la ley, las corporaciones multinacionales responsables de la crisis climática y ecológica global podrían tener el mismo derecho a voz que las organizaciones populares afectadas y que vienen denunciando esta situación.
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¿De qué se trata la ley?
La ley obedece a la demanda del movimiento juvenil climático que irrumpió este año a nivel internacional exigiéndole a los distintos gobiernos “medidas urgentes” para enfrentar la crisis climática que viene siendo denunciada desde hace años por la comunidad científica y las organizaciones ambientalistas. Es decir, al darle un marco institucional a esta demanda se establece que si en Argentina no se toman “medidas urgentes” la responsabilidad de esto recae exclusivamente en el Ejecutivo.
La ley da carácter de política de Estado al Gabinete Nacional de Cambio Climático -creado por el decreto 891/2016- que tendría la responsabilidad de implementar un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”, que funcionaría bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros, que estaría integrado por todos ellos y que sería coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Según indica el proyecto, los objetivos son “a) establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos, relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cabio Climático que pueden garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas; b) Asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país; y c) Reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios”.
La ley también establece la creación de un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático y un Consejo Asesor Externo. El primero se trata de un “instrumento para el diagnóstico y desarrollo de planes de respuesta al cambio climático en las diferentes jurisdicciones y para garantizar la robustez y transparencia del inventario nacional de gases de efecto invernadero y monitoreo de medidas de mitigación”. El segundo consiste en un organismo “de carácter consultivo y permanente, cuya función es la de asistir y asesorar en la elaboración de políticas relacionadas con la presente ley”.
El Consejo Asesor estará integrado por “científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria sobre los diversos aspectos interdisciplinarios del Cambio Climático”, dirigentes de “partidos políticos con representación parlamentaria” y “representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas”, pero también “empresariales”. Este último aspecto es conflictivo, ya que según indica la ley corporaciones como Chevron, Barrick Gold o Monsanto -con todo su poderío económico y geopolítico- podrán tener injerencia en el Gabinete Nacional, a través de la Comisión Asesora, en las mismas condiciones que las organizaciones afectadas y que han venido denunciando la crisis socioambiental que vivimos en el país. Esto llevará a estas empresas contaminantes y destructoras a cumplir el doble rol de “ladrón” y “policía”.
Este hecho no puede pasar desapercibido. Uno de los autores del proyecto aprobado, además del senador Pino Solanas, es la senadora por Neuquén Lucila Crexell (MPN), hermana de Nicolás Crexell, propietario de una empresa familiar llamada hasta hace poco Crexell Servicios Ambientales. Esta empresa, la que más ha crecido en Vaca Muerta durante los últimos años, ha sido la impulsora de la construcción en Catriel de un megabasurero petrolero de 300 hectáreas, convirtiéndose en el emprendimiento de su tipo de mayor envergadura desde que el fracking desembarcó en el norte de la Patagonia. Dado el desprestigio del apellido Crexell (Lucila y Nicolás son sobrinos de Jorge Sapag), ahora la empresa cambió su nombre a Patagonia Soluciones Ambientales y pasó a manos de la esposa y la hija de Nicolás Crexell.
¿Qué dijeron las agrupaciones juveniles?
Respecto a la importancia de la aprobación del proyecto y el entramado que incluye, la agrupación Jóvenes por el Clima declaró: “Sostenemos una lucha que definitivamente marca a la votación de hoy como una victoria. Ahora debemos redoblar la apuesta por un Consejo Asesor integrado por los sectores populares. No vamos a dejar pasar una sola medida redactada por empresas contaminantes en el Gabinete Nacional de Cambio Climático”.
Nicole Becker, referente de esta agrupación, señaló en diálogo con LID: “El clima en la Cámara de Diputados fue muy emocionante. Fue la prueba de que cuando la juventud se une en pos de un objetivo, realmente no nos frena nadie. Logramos un consenso político y romper un poco con la grieta por un tema ambiental. Hace meses esto nos hubiese parecido imposible. Hoy vemos que ya no lo es, y nos da mucha motivación a seguir. Creo que no puedo poner una palabra a lo que sentí. Fue una mezcla de felicidad, nervios, ansiedad y una sensación de empoderamiento de la juventud como actor político”
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Por su parte, Stephanie Cabovianco de Climate Save y la Alianza por el Clima declaró a LID: “Además del trabajo técnico por parte de legisladores, asesores y de la Dirección Nacional de Cambio Climático, debemos destacar el compromiso de la juventud de todo el país que se movilizó para la aprobación de esta Ley. Sin dudas los jóvenes hemos tenido un rol clave en la generación de los consensos políticos necesarios y seguiremos trabajando juntos para profundizar la agenda socioambiental de la Argentina”.
Quien también integra la Alianza por el Clima es Maxi Mazzocco, quien señaló: “Es un día histórico para el socioambientalismo del país. En un año demostramos que se puede, que si nos esforzamos y laburamos en equipo los logros son posibles. Hicimos en equipo tres movilizaciones históricas este año, decenas de reuniones con asesores, funcionarios, diputados y senadores, lo que demuestra que podemos llegar muy lejos si nos enfocamos en el bien común”.
“Fueron semanas de hablar con muchos diputados, hacer llamados, ir a los despachos, hablar en el Congreso en las diferentes comisiones. No pude procesar todo eso hasta ayer, y cuando lo hice me emocioné mucho”, agregó Nicole Becker. “Si no hubiésemos hecho todo lo anterior, esta ley no se aprobaba. Es muy fuerte sentir eso. El trabajo que tenemos que hacer con la ley definitivamente no terminó. Pero me da seguridad saber que, si logramos esto, también lograremos su cumplimiento efectivo”.
El próximo viernes 29 de noviembre se realizará la cuarta Huelga Mundial por el Clima. A finales de septiembre en la realización de la Tercera Huelga Mundial y la Semana de Acción Climática llegaron a movilizarse más de siete millones de personas en todo el mundo, principalmente jóvenes.
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