Se conoció el borrador de proyecto de ley para “blindar Vaca Muerta”, que habría ideado el neoliberal estrella de Alberto Fernández. Si bien el texto circuló extraoficialmente y aún no está claro si será el que se presente en el Congreso al iniciar la nueva gestión, lo cierto es que coincide con las expresiones vertidas en distintos medios de comunicación durante los últimos meses por una de las voces autorizadas en materia de energía del FdT, candidato a ocupar el Palacio de Hacienda, alguna Secretaría, o quizás el directorio de la Sociedad Anónima YPF.
De confirmarse, estaríamos ante un nuevo salto en la historia de entrega y saqueo de los hidrocarburos, que sin excepción se viene profundizando de los ’90 a la actualidad.
Tanto es así que el proyecto fue definido por el actual Secretario de Energía Gustavo Lopetegui, como “un lobby de las empresas para pagar menos impuestos”.
El actual Secretario, sostuvo que los beneficios que en el borrador se garantizan a las empresas no serían necesarios porque contamos con una “buena ley de hidrocarburos”: la “ley Chevron” votada por el kirchnerismo en 2014, en la que se generalizaron y extendieron los beneficios. Paradojas de la transición…
A continuación, enumeramos algunos de los ejes del proyecto, por orden de aparición.
Beneficios extraordinarios para las empresas
- El proyecto se funda en las máximas de la “seguridad jurídica” y la “reducción de costos” para las empresas involucradas en todos los segmentos de la cadena de valor de la producción de hidrocarburos con el objetivo de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL).
- Para tal fin se crearía un Régimen Especial y Temporario (RET) que con beneficios y garantías para las empresas por el generoso plazo de 25 años que, serían prorrogables por un plazo indefinido. Esta misma lógica de entrega “a largo plazo”, es la que se utilizó en el acuerdo YPF – Chevron y en la ley nacional 27.007, con la que el kirchnerismo generalizó las concesiones por 35 años, prorrogables por 10 más.
- Se establecería un “régimen de estabilidad fiscal”: congelamiento de impuestos, tasas, gravámenes, etc, independientemente de las modificaciones a las normas que los rigen, salvo que estas sean más beneficiosas para las empresas. Es decir, las empresas podrán pagar menos, pero nunca más. Estas garantías también involucran a los accionistas o socios de los beneficiarios
- Garantía cambiaria: se garantiza la libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación, sin limitación, sin repatriación y con posibilidad de giro de utilidades. A su vez, las beneficiarias estarán excluidas de cualquier tipo de cepo. Todo esto, después de uno de los períodos de mayor fuga de capitales de la historia.
- Garantía de estabilidad regulatoria para la actividad de licuefacción y comercialización de GNL: las empresas podrán exportar aun cuando haya problemas de abastecimiento en Argentina (siempre que no superen la producción prevista en los contratos de los que surgen los beneficios).
- Los beneficios alcanzará a las actividades asociadas a la licuefacción, como el suministro, transporte, almacenaje, industrialización, etc.
- Garantía de preservación de instrumentos en materia laboral: se habilita la celebración de convenios colectivos de trabajo por empresa. Este punto, que la prensa no ha destacado lo suficiente, debe entenderse como un aliento a una mayor flexibilización laboral, que se suma a la adenda al convenio petrolero en 2017, en una actividad que, en el marco del aumento de la productividad, se cobró en un año y medio 8 vidas obreras. Reforma laboral “sector por sector”.
- IVA: devolución o acreditación del IVA por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital o realización de obras de infraestructura.
- Impuesto a las ganancias: podrán deducir los gastos de exploración en el año en que se producen; y los de desarrollo entre el primer año (60%) y los dos siguientes (40%); entre otras formas.
- Régimen de importaciones: la importación de bienes, equipos, partes o insumos, estará exenta del pago de todo derecho de importación, IVA o cualquier otro derecho, impuesto o gravamen.
- Derechos de exportación: las retenciones para la exportación de GNL serán del 0%.
- La alícuota para el pago de regalías correspondientes a hidrocarburos incluidos en los proyectos, será de 5% los primeros 5 años, 7,5% durante los próximos 5 años, 10% en los diez años siguientes, y luego el 12%. Este saqueo se apoya también en lo establecido por la ley 27.007/14, que permitía a la autoridad de aplicación reducir las regalías del 12 al 5%. Son regalías de las más bajas del mundo.
- Las provincias no podrán gravar con el Impuesto sobre Ingresos Brutos la exportación de GNL, ni el gas natural contenido en las exportaciones de GNL. Se eximirá también del pago de impuesto a los Sellos.
Un saqueo sin grieta
El saqueo abierto de Vaca Muerta arrancó con el pacto YPF – Chevron, impuesto con cláusulas secretas y horas de represión en las afueras de la legislatura de Neuquén. Fue sólo un año después de que el kirchnerismo anunciara una “gesta soberana” con la recompra (por miles de millones de dólares) de parte de las acciones de YPF S.A. Por ese entonces, tanto Macri como Alberto Fernández se opusieron a la medida por considerarla “casi confiscatoria”. El último, además, cobraba un muy abultado sueldo como lobbysta de la española Repsol.
El kirchnerismo redactó decretos y leyes a la medida de la petrolera norteamericana y de todas las que quisieran saquear el subsuelo, garantizando generosos subsidios. El macrismo se apoyó en las “conquistas” de las empresas (una herencia que no cuestionó), como el kirchnerismo se apoyó en las del menemismo. Y profundizó el saqueo. La política energética de Cambiemos, que copó el Ministerio de Energía con CEO’s, empezando en su momento por Aranguren, de Shell, fue reemplazar parte de las transferencias estatales al sector hidrocarburífero, por transferencias desde los hogares, reduciendo los subsidios y aplicando tarifazos brutales.
Esto, sin embargo, no significó que el macrismo dejara de dar subsidios. Según un informe reciente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, los subsidios a los combustibles fósiles en el presupuesto 2019 (entre las empresas que extraen y las que distribuyen), totalizarían los U$S 6.008 millones. Eso duplica lo erogado en 2018 por parte del Estado en Universidades Nacionales.
A esto le sumó la adenda al convenio con la que, según el diario La Nación, el “costo laboral” se habría reducido un 30%, a costa de la vida obrera. La militarización con Gendarmería, y la criminalización del pueblo mapuche.
Vaca Muerta es sinónimo de saqueo, contaminación de suelo, cielo y agua, de basureros petroleros, avasallamiento de las comunidades, de dependencia y desigualdad social.
¿Será el borrador el que se termine votando en el Congreso? ¿Podrán impostar discursos de “soberanía” quienes voten algo semejante? ¿Aceptarán los gobiernos provinciales, empezando por el de Neuquén, el ajuste de las regalías e impuestos que perciben?
Aun no lo sabemos. Lo que podemos afirmar es que, definitivamente, en Vaca Muerta no hay grieta. |
