La irrupción del movimiento de masas es contagiosa. Algo de esto puedo verse esta semana en la importante jornada de paro y movilizaciones masivas que atravesó Colombia. La militarización, el cierre de fronteras, y toda la campaña de Iván Duque para infundir miedo fracasó. Trabajadores, estudiantes y sectores populares coparon las calles del país. En Chile, mientras continúa la rosca para imponer una constituyente amañada, a la par de la represión –cuyos métodos quedan cada vez más expuestos– y la persecución política, una amplia vanguardia protagonizó estos días importantes jornadas de lucha y movilización, y se prepara un nuevo paro general.

Bolivia, sin duda, marcó los enfrentamientos más agudos de lucha de clases. Esta semana la gran protagonista fue la resistencia al golpe. Mientras los parlamentarios del MAS de Evo Morales se dedicaron a negociar las formas de convalidar el golpe, y con la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) plegada al golpismo, un importante sector de vanguardia de campesinos, trabajadores, jóvenes y pueblos originarios, con epicentro en El Alto -donde arribó una comitiva de apoyo de miles de campesinos de Norte Potosí-, combinada con puntos de resistencia en la ciudad de Cochabamba, protagonizó heroicas jornadas de lucha que le marcaron un primer límite a los golpistas en la relación de fuerzas.

Se trata de procesos de lucha de clases que van atravesando por diferentes momentos pero que, todo indica, llegaron para quedarse. A diferencia del ciclo anterior en América Latina, en el cual las situaciones se modificaban evolutivamente, ya sea hacia derecha o hacia izquierda, el actual escenario regional está marcado por cambios bruscos en las relaciones de fuerza. Irrupciones de las masas que pueden dar lugar a situaciones revolucionarias, o ser desviadas, o incluso dar lugar a salidas reaccionarias, así como golpes cívico-militares –como el que vemos en Bolivia– que terminan despertando una heroica resistencia y que en perspectiva plantean la posibilidad de choques revolucionarios/contrarrevolucionarios.

En este escenario, una de las encrucijadas que atraviesa a muchos procesos actuales es como superar el estadio de acciones de resistencia o actos de presión extrema. Uno de los grandes escollos en este camino es que la clase trabajadora que controla las “posiciones estratégicas” que hacen funcionar la sociedad (el transporte, las grandes industrias y servicios) se encuentra dividida y encorsetada por diferentes burocracias que, salvo excepciones puntuales, le impiden echar mano a esta fuerza capaz de quebrar en forma decisiva el orden burgués, e interviene diluida en “el pueblo” en general.

En Bolivia, si tomamos como referencia a la COB, su dirección se mantuvo lisa y llanamente orbitando en el campo golpista. Sin embargo, un sector de la población de la ciudad de El Alto -que reúne trabajadores precarios, formales, por cuenta propia y determinadas zonas de composición campesina- con enorme instinto, y retomando viejas tradiciones y la experiencia de luchas emblemáticas como la “guerra del gas” de 2003 fue a la búsqueda de los puntos estratégicos capaces de quebrar la resistencia de los golpistas, como la planta de hidrocarburos de Senkata. Planteó, de esta manera, una importante lección de estrategia.

Senkata como punto de inflexión de la resistencia

En un artículo anterior nos preguntábamos, si en octubre de 2003 con la lucha en Senkata y su planta de distribución de combustible, el desabastecimiento, así como el despliegue de la huelga general, los bloqueos campesinos, etc., terminaron tirando a Sánchez de Lozada, ¿cuánto se sostendría el gobierno golpista de Áñez con una huelga así? En el marco de condiciones mucho más adversas que hace 16 años –con la COB avalando el golpe, el MAS negociando con Áñez, las clases medias en la vereda de enfrente, y muchos de los protagonistas de aquel entonces desmovilizados–, la semana que pasó, si bien no vimos un despliegue como aquel de 2003, sí tuvimos una pequeña gran muestra, heroica por cierto.

La planta de Senkata de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), situada en el Distrito 8 de El Alto, es un punto estratégico. De ella depende el abastecimiento de nafta y gas licuado de todo el departamento de La Paz en el que se concentra el centro político y una parte considerable de la población y la actividad económica del país. No casualmente, en la “guerra del gas”, el gobierno de Sánchez de Lozada buscó con todas sus fuerzas (policía y ejército) romper el aislamiento de La Paz y reabrir el abastecimiento de combustible desbloqueando la planta de Senkata. Esta ofensiva realizada el 11 y 12 de octubre de aquel año tuvo que enfrentar la enorme resistencia del pueblo alteño, junto con los mineros de Huanuni y los campesinos. A pesar de la represión que dejó un saldo de al menos 26 muertos, el operativo militar fue derrotado, el levantamiento de características insurreccionales se profundizó y se extendió a los barrios populares de La Paz. Pocos días después Sánchez de Lozada caería.

La semana que pasó, el fantasma de Senkata volvió a posarse sobre la cabeza de los ocupantes del Palacio Quemado, en este caso del gobierno golpista encabezado por Áñez. El bloqueo que se había puesto en pie, incluyendo profundos pozos sobre la ruta para impedir el paso de camiones, planteó directamente una amenaza de desabastecimiento y rompió con la imagen de “normalidad” que pretendía generar el gobierno golpista para estabilizarse. El martes 19, cientos de militares y policías acompañados de tanques, helicópteros y vehículos militares, reprimieron duramente el bloqueo que mantenían los vecinos alteños. La resistencia se hizo sentir, los enfrentamientos se extendieron a todo el Distrito 8 y lograron el apoyo de varios otros distritos de El Alto durante gran parte del día. Solo con un enorme despliegue represivo, que dejó un saldo de 9 muertos, el gobierno logró sacar 50 cisternas de nafta y 10 camiones con garrafas de gas licuado (lo necesario para poco más de dos días de consumo “normal” en La Paz) escoltadas por 10 tanquetas militares, aviones del ejércitos disparando a la población, unas 25 camionetas policiales y vehículos de Inteligencia.

Al día siguiente miles de personas llegaron desde distintos puntos de El Alto hasta Senkata donde se desarrolló un masivo cabildo abierto, al que arribó una columna de manifestantes que venía desde Potosí, y los representantes de las 20 provincias de La Paz. Este cabildo votó por aclamación la renuncia de la autoproclamada presidenta Áñez y un llamado a todo el país a luchar contra el golpe. El jueves 21, una multitud se movilizó desde Senkata hasta La Paz cargando a sus muertos, a la que el ejército y la policía se encargaron de reprimir mostrando el desprecio racista de la dictadura. Mientras tanto, topadoras avanzaban contra los bloqueos en la zona de Senkata para liberar el camino que lleva a la planta de combustibles, a la vez que otros distritos se iban sumando a los bloqueos en El Alto y se radicalizaron las medidas.

Los parlamentarios del MAS utilizaron la relación de fuerzas impuesta por estas acciones (que no existía hace una semana) para negociar con el gobierno de facto, legitimarlo y aceptar unas elecciones “acordadas”, traicionando la lucha por derrotar al golpe. Finalmente el sábado el despacho de la planta de Senkata logró ser normalizado. Sin embargo, esto no quita la lección de estrategia que dejó planteada la resistencia y el bloqueo de Senkata.

Posiciones estratégicas

Desde el punto de vista de la lucha contra el golpe en Bolivia, el bloqueo de Senkata mostró un ejemplo concreto de la fuerza del movimiento de masas actuando sobre puntos estratégicos para operar –modificar– la relación de fuerzas. La propia burguesía, en boca del diario Página Siete se lamentaba “¿por qué no se construyó [desde 2003] una nueva planta o al menos una de emergencia?” y exhortaba a no “seguir contemplando que la planta de Senkata sea utilizada para asfixiar a La Paz”.

En este caso, los pobladores de El Alto lo tuvieron que hacer exclusivamente a partir de los bloqueos, desde afuera, en un marco adverso donde nada menos que la dirección de la COB se ubicaba en el campo del golpismo. Sin embargo, al plantear la importancia del control de estos puntos estratégicos, sirve para ejemplificar la dimensión del potencial para la lucha de clases que tiene la clase trabajadora al detentar “desde adentro” todas las “posiciones estratégicas” fundamentales en la producción, la distribución y los servicios. En este sentido, Senkata muestra en un ejemplo puntual, el tipo de fuerza en general –no limitada a tal o cual punto estratégico- que potencialmente tiene la clase obrera de paralizar, por ejemplo, en Bolivia el conjunto de la industria del gas, la minería, los aeropuertos, etc. Desde luego, que cuantos más puntos estratégicos logre afectar simultáneamente, más decisiva será la fuerza desplegada por la clase trabajadora.

En su libro Posición estratégica y fuerza obrera, el historiador John Womack define en relación a la clase trabajadora que: “‘dentro del proceso productivo’, sus ‘posiciones estratégicas’ [son] cualesquiera que les permitan a algunos obreros determinar la producción de muchos otros, ya sea dentro de una compañía o en toda la economía” [1]. De esta forma, trata de concebir las posiciones que son capaces de paralizar el mayor número de otras en la cadena del proceso productivo. Su definición está circunscripta a las relaciones obrero-patronales [2], pero no es difícil trasladarla al poder de la clase obrera para la lucha de conjunto frente a los capitalistas y su Estado. Claro que las “posiciones estratégicas” pueden ser utilizadas en forma corporativa, pero también pueden ser una tremenda fuerza para desarrollar la hegemonía obrera en una lucha contra el régimen capitalista de conjunto.

Partiendo de aquellas “posiciones estratégicas” es que Womack afirma que: “Si desaparece la fuerza obrera […] se abre un vacío que ninguna otra fuerza (sin ser obrera) puede llenar […] Únicamente la negación obrera tiene tal fuerza definitoria, a la vez crítica y decisiva” [3]. Se trata de un elemento fundamental a destacar luego de la enorme proliferación que han tenido en el último tiempo los abordajes del estilo del “posmarxismo” de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que caricaturizan el lugar de la clase obrera en la estrategia marxista bajo la denominación de “esencialismo de la clase obrera”. Pero también frente a quienes, reivindicándose del marxismo revolucionario, sostienen visiones dogmáticas/metafísicas de la clase obrera o que, a la inversa, ven estratégicamente al movimiento obrero simplemente como un movimiento más.

Desde luego, la utilización de las posiciones estratégicas, incluso si es definitoria, como en una huelga general política, pone en cuestión quién detenta el poder político pero no puede darle una resolución por sí misma a esta cuestión sin una insurrección que garantice el pasaje del poder de las manos de la burguesía a las del pueblo trabajador. Ahora bien, también es cierto que el detentar esas posiciones estratégicas, por ser fundamentales para la producción y reproducción de la sociedad, hace que la clase trabajadora sea un actor potencialmente central para la articulación de un orden alternativo capaz de sustituir al orden capitalista. Tanto por su capacidad para controlar la producción, los servicios, el transporte, etc., como para constituir un poder independiente capaz de aglutinar al pueblo explotado y oprimido, como ser los consejos de delegados electos por unidad de producción (empresa, fábrica, escuela, campo, etc.) así como la organización de la autodefensa. Durante los procesos revolucionarios de los últimos 150 años ha dado sobrados ejemplos en este sentido.

De aquí que no ver el papel fundamental de las posiciones estratégicas es no estar pensando en la perspectiva de una revolución, sino a lo sumo en movimientos de presión extrema. Pero justamente lo que muestra el golpe militar en Bolivia es la necesidad cada vez más acuciante de pensar en términos estratégicos.

Legitimando al “Estado aparente”

En Bolivia, sobre la base de enormes procesos como fueron la “guerra del agua” del año 2000 o la “guerra del gas” de 2003, tuvo lugar el proceso más profundo y expresión máxima del ciclo de gobiernos “posneoliberales” que atravesó la región en lo que va del siglo XXI. Ahora bien, según García Linera, bajo los gobiernos de Evo Morales se había avanzado en superar lo que llamaba, siguiendo a René Zavaleta, el “Estado aparente”. En sus palabras: “Llamamos Estado aparente a la acción deliberada de los gobernantes y de su institucionalidad de crear un apartheid social. […] Bolivia fue un ejemplo, hasta el 2005, de Estado aparente. Un Estado construido en contra de lo indígena, en contra de la indianidad, en contra de la cultura y en contra de la mayoría de los pueblos indígenas”.

Frente a esto se ilusionaba con avanzar en la construcción de un “Estado integral” que “deja gradualmente el monopolio de la coerción y va igualando material y realmente a la sociedad”. En este camino, en Bolivia, según Linera: “Del Estado aparente se ha construido, no diríamos todavía Estado integral: se ha construido un Estado plurinacional que ha reconocido la diversidad de las instituciones, la diversidad de las culturas, la diversidad de las civilizaciones y de las regiones y está construyendo un sentido de universal, un sentido de unidad integral”.

Sin embargo, si hay algo que demostró el golpe cívico militar, es que aquel “Estado aparente” lejos de haberse superado, se había conservado bajo los gobiernos de Evo Morales. Estaba agazapado, esperando el momento oportuno para emerger con su odio de clase, con su clericalismo fundamentalista, con su racismo, quemando wiphalas. La conciliación de intereses al interior del Estado burgués con los Camacho y los grandes capitalistas que dominan Bolivia, quedó expuesta como lo que era, una ilusión.

Es ese “Estado aparente” al que ahora el MAS se dispone a legitimar con el acuerdo con los golpistas. Pero es de la derrota definitiva del golpe, del desarrollo de la heroica resistencia popular, de su extensión, de su organización independiente, de su autodefensa, que podrían surgir los contornos de un verdadero poder alternativo de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas e indígenas.

El Estado burgués –mal que le pese a García Linera y a muchos otros– no es un instrumento neutro que puede ser utilizado para perseguir los intereses de las mayorías, sino que tiene un carácter ineludiblemente clasista, comenzando por sus fuerzas armadas. En Bolivia, fueron consideradas aliadas durante 14 años, equipadas, involucradas en las políticas sociales, y finalmente, este 10 de noviembre mostraron que Evo Morales era un simple inquilino del Estado que siempre tuvo sus dueños.

Una vez más en la historia, contra ilusiones como las de Linera, se volvió a demostrar aquello que repetían hasta el cansancio Marx y Engels, y que reiterara Lenin en El Estado y la revolución: “todo Estado es una ‘fuerza especial para la represión’ de la clase oprimida. Por consiguiente todo Estado es no libre y no popular” [4]. Se trata de una conclusión que va mucho más allá de Bolivia y que, en América Latina, toda la llamada “izquierda popular” haría bien en reflexionar. El nuevo ciclo de lucha de clases que atraviesa la región lo amerita.

Estado y revolución

Las rebeliones que vienen atravesando varios países de Latinoamérica y el mundo, aunque en sí mismas son insuficientes para resolver los grandes problemas estructurales y políticos que ponen sobre la mesa, abren un camino. Plantean la necesidad de que la clase trabajadora intervenga haciendo uso de toda su fuerza. No porque cuente con un supuesto carácter “ontológicamente” revolucionario, sino porque detenta todas las “posiciones estratégicas” fundamentales. Y que lo haga con sus propios métodos, el de la huelga general, de las coordinadoras y los piquetes de autodefensa, en la perspectiva de poner en pie organismos de autoorganización de masas (consejos) y milicias que sean el sustento de un nuevo poder verdaderamente alternativo al del Estado capitalista.

La cuestión es cómo los procesos no se agotan en reformas cosméticas o siendo canalizados al interior de los regímenes instituidos a través de alguna variante política burguesa, sino que abren la posibilidad de constituir un nuevo orden social –que lejos de los regímenes “socialistas” burocráticos que llevaron a callejones sin salida en el siglo XX–, no sea simplemente anticapitalista en general sino con gobiernos de trabajadores (u obreros y campesinos) basados en la autoorganización de las masas, que puedan echar mano al freno de emergencia y detener el curso catastrófico al que el capitalismo conduce a la humanidad. No hay ninguna fuerza imparable de la Historia que garantice este resultado, ni nada que se le parezca. Sin pelear por la construcción de fuertes partidos revolucionarios, no solo a nivel nacional sino internacional, que luchen por esta perspectiva, difícilmente se puede trascender el terreno de las buenas intenciones.

Con esta convicción impulsamos la Red de diarios La Izquierda Diario, e intervenimos junto con nuestros compañeros y compañeras de la Liga Obrera Revolucionaria-Cuarta Internacional (LORCI) en Bolivia en los combates y en los cabildos de El Alto planteando un programa para derrotar al golpe, o en Chile con el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) en la primera línea del movimiento, impulsando la autoorganización, enfrentando las persecuciones del gobierno por levantar un programa contra Piñera y por una Constituyente verdaderamente libre y soberana sobre las ruinas del régimen. Con ellos intervenimos en común cotidianamente, codo a codo, desde el PTS de Argentina y nuestras organizaciones hermanas en diferentes países. Buscamos prefigurar, ensayar, en la medida de nuestras fuerzas, la acción de lo que sería un partido revolucionario internacional, ya que una organización revolucionaria así no surgirá en una probeta sino al calor de los propios combates que este nuevo ciclo de la lucha de clases comienza a poner a la orden del día.