El proyecto de presupuesto 2020 asciende a $ 84.994.696.209 y es un 37% superior respecto de 2019, aunque considerando una inflación en torno al 43% (según el Banco Central-REM) para el año próximo el mismo recibiría un ajuste en términos de poder adquisitivo.
El ajuste por inflación ocurriría por tercer año consecutivo y tiene a los salarios perdiendo poder de compra. Este año la inflación acumulada asciende a 39,6%, mientras los salarios lo hicieron en un 33,4%. Además de conservar la precarización laboral de miles de municipales y trabajadores estatales que cobran salarios de miseria y con convenios precarios.
El recorte también se observa en la obra pública o en partidas a programas de salud, educación, entre otros, como observamos en los fondos que envía la Nación y financian el 88% del gasto provincial (corriente y capital).
En los rubros de gasto se mantiene cierta continuidad con este año, aunque se observa un considerable retroceso de los fondos de bienestar social en su participación en el total del presupuesto (9%) en 2020 respecto de 16% en 2019. Un rubro muy sensible dado el salto en la pobreza que solo entre junio de 2018 y junio de 2019 subió en 43.800 el número pobres.
Déficit y endeudamiento
El déficit fiscal (diferencia entre ingresos menores a los gastos) en 2020 llegaría a $ 5.541.596.820, sosteniendo su carácter estructural, considerando además que este año a pedido del gobierno se aprobó mediante la Ley 6124 un aumento de $2.500 millones en el déficit.
El financiamiento del déficit lo prevén cubrir con endeudamiento a largo plazo con el Tesoro nacional por $3.866.596.820, pero también con endeudamiento en moneda extranjera con el Banco Europeo de inversiones por el equivalente a 1.225.000.000 de pesos. Con las sucesivas devaluaciones del peso este tipo de deuda no deja de crecer y cargar aún más las arcas fiscales.
Por otro lado, el gobierno solicitó a la Legislatura la aprobación de un decreto por el cual obtendría una reestructuración de parte de la deuda pública. Con esta medida el pago de intereses asciende a $1.547.621.092 en 2020, un monto 26% inferior a este año.
Sin embargo, la postergación de vencimientos de deuda pública a 2022, agregan otra fuente de tensiones. En ese año comienzan a vencer los créditos en dólares contraídos para financiar el Parque Solar Cauchari insumiendo un volumen de fondos que el Estado hoy no está en condiciones de abonar y difícilmente lo esté en el futuro.
Pagar la deuda que exige el FMI tiene sus costos
Como parte del déficit estructural de las finanzas provinciales hay que considerar también el impacto negativo en la recaudación que implica el Consenso Fiscal 2017 que ha significado rebajar las alícuotas de los ingresos brutos sobre grandes empresarios.
Este efecto negativo se potencia por la caída de la actividad económica que se traduce en menor recaudación y que la misma, este rezagada respecto de la inflación, recibiendo un ajuste por esta vía. Pero no se puede dejar de considerar el ajuste fiscal áreas de gasto social como parte del acuerdo que la Nación y las provincias firmaron ante el FMI para redireccionar recursos hacia el pago de intereses de la deuda pública que en 2020 se duplican.
Los ganadores de siempre
Respecto a los dueños de la provincia conservan sus privilegios dentro del presupuesto. En el caso de los productores de tabaco se llevarían más de 3.850 millones de pesos con el Fondo Especial del Tabaco, mientras que las multinacionales mineras apenas abonarían poco más de 211 millones de pesos en concepto de canon minero y regalías. Una suma que equivale a un módico 1% de las exportaciones de minerales durante el primer semestre del año (Indec).
Otro bando ganador está en los empresarios de colectivos que solo por subsidios nacionales recibirían más de 354 millones de pesos. A su vez, el Estado continuaría con el negocio inmobiliario previendo recaudar más de 217 millones de pesos por venta de terrenos fiscales en el barrio Alto Padilla de SS y en la zona de los diques.
La contracara de los ganadores son las mayorías trabajadoras y populares sobre las cuales recae el ajuste del presupuesto público en áreas sociales. Hay que afectar los intereses de los especuladores financieros de la deuda y el FMI como cuestionar los beneficios de los grandes empresarios y terratenientes, si queremos evitar que la crisis la vuelvan a pagar las mayorías. | 
