El 18 de octubre, sin lugar a dudas, representa un quiebre histórico para el país. En un sentido social, significó romper con 30 años de subordinación pasiva a las lógicas neoliberales impuestas durante la dictadura militar de Pinochet y los civiles que colaboraron con ella.
El grito de no son 30 pesos, son 30 años cobró un significado en las masivas movilizaciones que se extendieron por todo el país.
Pero aun cuando una enorme alegría inundó las calles desde Arica a Punta Arenas bajo el “Chile Despertó”, para toda una generación que vivió los oscuros tiempos de dictadura, significó revivir escenas que pensaron no volverían a ver.
“Estamos en guerra”
Piñera le declaró la guerra al país, sacó a los militares y les entregó un cheque en blanco a FFEE para detener a toda costa la enorme energía de jóvenes, hombre y mujeres que se propusieron decir basta a décadas de injusticia y postergación.
La rabia contenida no tuvo miramientos con la sacrosanta propiedad privada, la destrucción de farmacias y supermercados fue una respuesta a la impunidad con las que los principales grupos económicos del país saquean, se coluden y luego piden “perdón” mientras los tribunales y la ley les garantizan impunidad.
Piñera sabía que sin la más dura represión seria imposible parar a esta fuerza. El saldo: más de 20 muertos, 20.000 detenidos, 1600 personas en prisión preventiva, 226 personas mutiladas en uno de sus ojos. El caso más emblemático: Gustavo Gatica que ayer se ifnformó que había perdido totalmente su vista producto del accionar de Carabineros.
Piñera le declaró la guerra al pueblo movilizado y Carabineros y militares estuvieron dispuestos a salir a la calle a cumplir la orden.
Mantener sus privilegios a toda costa
Según el informe que el mismo Mario Rozas (Director General de Carabineros) entregó en la comisión investigadora contra Andrés Chadwick, más de 4 millones de personas han participado en las movilizaciones a nivel nacional.
Aun así el gobierno ha querido instalar la idea de que es una minoría radicalizada la que ha estado en las calles y contra quien actuaría Carabineros.
Pero la realidad es otra, tanto Amnistía Internacional como Human Rigths Watch (HRW), constataron que una enorme proporción de quienes han resultado heridos por el actuar de la policía, son personas que han estado participando de las movilizaciones sin importar si estaban cerca de algún enfrentamiento. En la mayoría de los casos no lo estaban.
Según información entregada por el cuestionado INDH, al menos 1015 personas han resultado heridas por acción de perdigones.
Para sacar a la gente de la calle, Carabineros y PDI montaron centros de detención ilegales donde se han logrado acreditar el uso de la tortura y tratos vejatorios contra quienes se encuentran detenidos ahí.
Actualmente, la fiscalía se encuentra investigando 1100 causas por denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. También más de 70 casos de agresión sexual por parte de agentes represivos.
Una política sistemática para reprimir.
Hasta ahora el gobierno se ha esforzado por explicar que lo que ocurre en Chile no es una política “sistemática”, pero la realidad es otra, todo chile lo ha visto.
HRW, el día de ayer, hizo referencia a que en Chile existen “graves violaciones a los Derechos Humanos” y evitó hablar de sistematicidad debido a que no hay posibilidad de determinar si ha habido o no órdenes directas de violar los DDHH por parte de los altos mandos de Carabineros.
Pero, aunque pueda que no exista un documento en específico que avale una orden o instrucción, los hechos hablan por si solos.
Es imposible que miles de efectivos, en distintas comunas y lugares del país, puedan actuar bajo los mismos procedimientos, casi calcados, sin importar si llevan años o semanas actuando en FFEE.
Decenas de comisiones de DDHH, organizadas en comités de emergencia y resguardo, en comités de salud y atención de heridos, han constatado que el procedimiento es el mismo: lanzamientos de perdigones y bombas lacrimógenas a quema ropa, golpes y tratos vejatorios en comisarías o lugares de detención ilegal.
Contra todo protocolo, hay cientos de videos donde efectivos de FFEE apuntan directamente a manifestantes, detienen a manifestante en vehículos de civil sin importar si participaban o no de las manifestaciones.
Con todo esto, los organismos represivos buscan instaurar el miedo en la población, aislar a quienes con mayor decisión han optado por mantenerse en las calles y así presionar con toda la energía la “vuelta a la normalidad”
Juicio, castigo y reparación.
Después de un mes de movilización los afectados por la represión siguen aumentando. Diversos analistas políticos han dado por terminado el gobierno de Piñera y aunque este no salió del poder producto de la explosión social, se mantiene en una cuerda floja.
Las próximas semanas serán clave para medir la profundidad de los cambios que motivaron la movilización histórica y que se mantiene a nivel nacional.
Con el avance de las investigaciones por parte de la justicia, será necesario mantener la alerta de los organismos de DDHH sobre estos casos. Varios organismos ya alertaron que Carabineros ha inventado nuevas formas para tratar a los detenidos y de esta manera esquivar responsabilidades penales por los abusos cometidos.
Desde las organizaciones de DDHH, sindicales, estudiantiles y sociales será necesario impulsar una enorme campaña por el juicio y castigo a los violadores de DDHH, hay que garantizar el NO a la impunidad, que seguramente intentarán instalar los herederos de Pinochet. Pero también por los más de 20 muertos, de los miles de heridos y decenas de miles que han sufrido el abuso por parte de las policías y militares.
Hay que exigir que el Estado se haga responsable por el actuar de sus agentes y que exista la correspondiente reparación para todos los afectados/as por la represión.
Por Gustavo Gatica, Cardenio Prado y Joel Triviño, Valeska Carmona, Mariana Díaz, Daniela Carrasco, José Miguel Uribe, Álex Núñez, Romario Veloz, Manuel Rebolledo y otros tantos muertos, torturados o heridos por la represión policial. | 
