Hace unos días conocíamos la noticia de que el consistorio va a empezar a financiar en 2020 actividades extraescolares de la escuela concertada mediante un programa piloto que permitirá a cinco colegios participar en el denominado Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE).
Además de los 70 mil euros iniciales, el objetivo es que en el curso 2022-2023 se pueda destinar más de un millón de euros a las actividades extraescolares de la concertada, que tiene 58 centros en la ciudad y unos 40.000 alumnos. Todo esto mientras aplica un recorte de 1,8 millones en diferentes programas y actuaciones en los centros públicos. La consigna es clara: quitamos a la pública para dárselo a la privada.
El alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, ya se comprometió durante la campaña electoral a eliminar lo que a su juicio es "una discriminación" a la educación concertada. Y lo ha puesto en práctica. Además, tanto él como la concejala de Educación, Elena Espinosa de Cs, han reiterado su compromiso de seguir favoreciendo a la concertada, incluso con la cesión de suelo público municipal para la construcción de nuevos colegios.
Ante este ataque sin precedentes a la escuela pública, tanto CGT como el grupo municipal de Podemos y ZEC, han respondido con dureza. ZEC recordó los recortes que en su opinión han sufrido los fondos de la educación pública desde la llegada de las derechas al poder municipal. Citaron 500.000 euros en bibliotecas, 50.000 euros del programa ‘La bici en el cole’ o las inversiones en mantenimiento de los centros. CGT por su parte criticó con dureza esta medida y defendió el servicio del PIEE como servicio público, pidiendo además su remunicipalización y la mejora de las condiciones de sus trabajadores.
Proyecto PIEE: Actividades extraescolares exclusivas de la escuela pública
Hay que recordar que el proyecto PIEE y sus actividades, ubicado en los centros públicos, es un proyecto por definición destinado a toda la juventud de ciudad de Zaragoza, de acceso público y universal. En la actualidad, estos programas están destinados a centros públicos de primaria, secundaria y educación especial, a los que les ofrecen cursos, talleres, actividades deportivas o culturales. Según las cifras oficiales, participan unos 45 colegios y cuentan con la participación de 7.500 alumnos, de los que 6.300 son de secundaria. El presupuesto anual es de 1,4 millones.
El servicio lo prestan empresas privadas que son subcontratadas por el ayuntamiento. Estas mantienen a sus trabajadores y trabajadoras en una situación precaria, con unas condiciones laborales y salariales horribles. De hecho, hace más de un año, en abril de 2018, tal y como reflejamos en este mismo diario, se movilizaron para conseguir una mejora en sus nefastas condiciones, lucha que hoy en día todavía continúa.
Por eso exigimos que ningún servicio público esté subcontratado y por ello todos los que lo estén deber ser incorporados, así como sus trabajadores y trabajadoras, a la gestión pública. Ni siquiera los “gobiernos del cambio”, como el de ZEC en el ayuntamiento de Zaragoza -que prometió la remunicipalización en campaña hace 4 años- lo han llevado a cabo. De hecho, como hemos denunciado en este diario es el que gestiona las casas de juventud.
Acabemos con el trasvase de dinero a la concertada. Por una red totalmente pública
Por desgracia lo ocurrido en Zaragoza solo es un caso más del constante trasvase de dinero público en favor de la educación privada en detrimento de la pública. En concreto fueron 6.179 millones de euros en 2017, último año del que el Ministerio de Educación ofrece datos detallados. Esta cantidad supone un 17,7% del gasto educativo del conjunto de las administraciones ese mismo año (34.746 millones de euros para las etapas no universitarias).
Casi uno de cada cinco euros que se invierten en educación van a parar a un centro privado. La escuela concertada ha capeado la crisis mejor que la pública. Mientras la red de titularidad estatal ha visto cómo en diez años (entre 2007 y 2017) su presupuesto ha subido un 1,4%, la concertada ganó en el mismo periodo un 25% de financiación.
En este periodo, los colegios privados concertados han pasado de gestionar el 10,5% del presupuesto total de educación al 17,7%. Y todo con la misma relación de alumnos entre una y otra: 67,2% para la pública, 25,5% para la concertada de manera prácticamente invariable en esta década (el resto son colegios privados).
La Iglesia Católica, principal patronal del sector, es muy consciente de esta situación y no quiere perder su parte del pastel. En este momento, Escuelas Católicas -la red que agrupa a los centros de la Iglesia- representa al 60% de la escuela concertada con 1,2 millones de alumnos en 5.939 entidades pedagógicas. Recibe por su labor 4.866 millones de euros cada año, según sus propios datos.
Casos como este demuestran cómo es más necesario que nunca luchar por una educación exclusivamente pública, gratuita, laica y de calidad. No podemos seguir soportando que una educación que adoctrina religiosamente, totalmente reaccionaria y excluyente, que incluso en algunos casos separa a chicos y chicas en clase, siga recibiendo ni un solo euro de dinero público.
Para ello toda la comunidad educativa -familias, docentes, alumnado y personal no docentes- debemos unirnos para acabar con esta lacra educativa. Eso supone luchar contra la mayoría de los partidos políticos -PP, PSOE y otros-, la Iglesia Católica, y contra el aparato judicial. Y por supuesto también deberemos luchar contra la poderosa patronal educativa privada, que hace un gran negocio con la educación. | 
