El ministro de Economía de Brasil, el ultra neoliberal Paulo Guedes, anunció este lunes que dejará para el año que viene el envío al Congreso de la reforma administrativa que modifica las reglas del empleo público. Esta reforma es la cuarta enmienda constitucional que compone el plan Más Brasil, proyecto con el que el Gobierno brasileño pretende descargar en las espaldas de los trabajadores la crisis económica que enfrenta el país. Según Guedes, el motivo de la postergación serían las manifestaciones que recorren Latinoamérica y podrían llegar a Brasil.
Como dijo Guedes, “cualquier país democrático, cuando ve al pueblo saliendo a las calles, se pregunta si vale la pena hacer tantas reformas al mismo tiempo”. Sin embargo, el Brasil del golpe institucional, del gobierno de Bolsonaro y del “chicago boy” Paulo Guedes no es exactamente un país democrático. Por eso, a pesar de las declaraciones del ministro que muestran que el gobierno siente el peso de las amenazas de las manifestaciones masivas, conviene estar atentos a los enormes ataques que siguen en la pauta del Congreso.
Es sintomático que Guedes haya elegido emitir estas declaraciones desde el Foro de CEO Brasil-Estados Unidos. También desde allí dijo que veía sin preocupación la constante alza del dólar frente al real. Ese foro reúne a representantes del Gobierno de Estados Unidos y Brasil, al secretario de comercio yanqui, a Guedes, al Gabinete brasileño y un selecto grupo de 12 empresas de “capital nacional” pero fuertemente internacionalizadas y ligadas a las commodities y mercados financieros. Esas empresas son Ambev (cervecera), Bradesco (banco), Cutrale (naranjas), Coteminas (textil), Dasa (tecnología médica), Embraer (vale decir, Boeing), Eurofarma (laboratorio), Gerdau (acero), JBS (frigorífico), Kroton (educación), Petrobras, Stefanini (informática). Por el lado estadounidense son ADM (gigante de la soja), Citigroup, GM, AES (energía eléctrica), Hershey (alimenticia), entre otras. Es decir, que Guedes le habló a la nata de las finanzas y de los monopolios nacionales e internacionales instalados en Brasil. A ellos dejó claro que lo que cambia, lo que retrocede y lo que se mantiene del plan de ataques.
El más osado plan de reformas en curso en países emergentes, como definen voces del mercado financiero, está conformado por cuatro enmiendas constitucionales y una medida provisoria (decreto que debe ser ratificado por el Congreso). De esas cinco medidas, cuatro están en trámite en el Congreso y una, la reforma administrativa, fue postergada para el próximo año.
Las medidas que ya se están tramitando en el Congreso son un conto de ataques extremadamente ofensivo contra los trabajadores y el pueblo brasileño. La enmienda constitucional emergencial trae consigo uno de los mayores ataques a los empleados públicos, ya que permitiría la reducción de la jornada y del salario de hasta un 25% a nivel federal, provincial y municipal, siempre que los compromisos de gastos fijos del gobierno alcancen el 95% del presupuesto. También incluyó el congelamiento de sueldos y ascensos, además de facilitar los recortes presupuestarios en salud y educación.
La enmienda que afecta a los fondos públicos termina con cerca de 248 fondos estatales y liberaría de inmediato cerca de doscientos millones de reales para el pago de la deuda pública. Esos fondos financiaban el combate al desmonte en la Amazonia y políticas sociales y están en la mira del Gobierno.
La enmienda sobre el pacto federativo cambia la forma de distribución de recursos de nación a los estados y municipios y reafirma aspectos de la enmienda emergencial.
La más ofensiva de todas las medidas, sin embargo, está siendo puesta en marcha a través de una medida provisoria, instaura el contrato de trabajo “Verde e Amarelo”, una nueva ronda de reforma laboral. Esta medida agrega más cambios a la Convención de Leyes del Trabajo (CLT) que las aprobadas durante el Gobierno de Michel Temer. Entre los puntos más nefastos está el cambio en la regla de contrato para los jóvenes, que recibirían 2% en lugar de 8% de FGTS, un fondo de retiro para casos de despido, además de un descuento de 9% para seguridad social que pasaría a ser cobrado con el seguro desempleo. Además, cambia de 6 a 8 horas la jornada de trabajo de los bancarios, un sector con cerca de 450.000 trabajadores en todo el país, sin aumento salarial y extendiendo el trabajo a los sábados. Transformar el sábado en un dia bancario normal se normaliza el trabajo los sábados para el conjunto de los trabajadores. No hay que perder de vista que Bolsonaro quiere terminar con el descanso dominical, como ya hizo para más de 80 ramas a través de decretos.
Mientras Paulo Guedes anunciaba la postergación de la reforma administrativa, que terminaría con la estabilidad laboral para los nuevos empleados públicos y reduciría de más de 200 a 20 o 30 las carreras del sector público, un ataque profundo a los núcleos duros de la máquina estatal, las otras enmiendas constitucionales seguían su tramitación en el Senado. El informe de la enmienda de los fondos sería leído en la Comisión de Constitución y Justicia esta semana, mientras que el de la enmienda emergencial, que fue presentado el jueves, sería leído en la Comisión el 11 de diciembre. Es prácticamente imposible que estas medidas sean aprobadas este año en el Senado, menos después de las declaraciones de Guedes, y aun así debería pasar por la Cámara de Diputados. Lo mismo ocurre con el contrato Verde e Amarelo, que está vigente, pero debe ser ratificado por el Congreso y podría caer.
El gobierno no está parado, los medios locales anuncian todos los días nuevos ataques. La semana pasada el Gobierno anunció la reducción del reajuste en el miserable salario mínimo. El martes, mientras sus declaraciones en Estados Unidos empezaban a repercutir, Guedes declaró a través del ministerio de Economía que pretende enviar al Congreso antes de fin de año la primera etapa de la reforma tributaria, que terminaría con las exenciones impositivas a la canasta básica. El miércoles Bolsonaro promulgó un decreto, que no necesita aprobación del Congreso, para iniciar la privatización de más de mil guarderías públicas.
Petrobras tampoco parecería estar en línea con las preocupaciones de Guedes con las masivas revueltas en los vecinos sudamericanos. El viernes empezó el proceso de venta de cuatro refinerías, que representan cerca del 35% de la capacidad de refino del país, y cerró contrato para la privatización de Liquigas. Como si eso no fuera suficiente, a raíz del aumento del dólar, Petrobras también anunció un nuevo aumento de la gasolina, esta vez en un 4%, precisamente uno de los fusibles de las protestas en Ecuador e Irán.
Lo que podría estar ocurriendo es que Guedes esté aprovechando la presión alcista del dólar para sustituir el ataque a los empleados públicos por un ataque general a los salarios y a la economía nacional a través de la devaluación de la moneda. Sus declaraciones sobre que hay que acostumbrarse con un nuevo nivel del dólar y los anuncios del Banco Central de que podría dejar de intervenir durante diciembre para contener el alza de la moneda estadounidense apuntan en esa dirección.
¿Qué pretende Guedes con estos espamentosos anuncios?
Los anuncios causaron espanto en las élites brasileñas. Por un lado, Guedes defendió el AI-5, decreto de la dictadura que suspendía varias garantías constitucionales. Por otro lado, dijo que va a frenar el ritmo de los ajustes por las protestas. Este jueves, en un editorial indignado, el diario Estadão afirma que “Bolsonaro, según el ministro de Economía, decidió ‘desacelerar’ las reformas como reacción a las protestas que, por motivos que no nos incumben, ocurrieron en países amigos, no ocurrieron acá y tal vez no lleguen a ocurrir, considerando la normalidad que se verifica hoy en el país. Ese exceso de cuidado suena más a pretexto para justificar una conducción errática y titubeante de las reformas”. De hecho, la declaración del ministro ultra liberal sobredimensiona el impacto directo de la oleada de lucha de clases en los países vecinos de Brasil, que existe e impacta en los cálculos de todos los sectores de las élites, más teniendo en vista las elecciones de 2020. Pero, ¿con qué objetivos?
El 13 de noviembre, el líder del oficialismo en Diputados, Vitor Hugo, anunció las prioridades del Gobierno para el final de 2019 en la Cámara baja, y allí no figuraban ningunas de las cuatro medidas del plan Más Brasil, solo concluir en la Comisión de Constitución y Justicia el informe de la reforma administrativa, que ahora fue pospuesto por Guedes. Los “objetivos modestos” del Gobierno para este fin de año habían pasado desapercibidos, pero el ministro reabrió la herida.
Subestimar el impacto de la nueva situación de Sudamérica en los cálculos del Gobierno que demoniza a los manifestantes de Chile, Gobierno que estaba en contacto con el facista boliviano Camacho antes del golpe de Estado y que promovió la invasión de la embajada de Venezuela por grupos del golpista Guaidó, sería un enorme error. El error contrario sería ver en el anuncio del ministro que ya trabajó para Pinochet un simple retroceso frente a la posibilidad de revueltas. También es una muestra de mucha ingenuidad o cinismo afirmar, como hizo la periodista Miriam Leitão en su columna en el diario O Globo del miércoles, que Paulo Guedes desconoce “la relación entre economía y política, entre democracia y factores de riesgo actualmente evaluados por los fondos de inversión” y que entonces su declaración no estuvo coordinada con los CEO de las empresas brasileñas y estadounidenses con quienes estuvo reunido. La declaración de Guedes, que más que retroceder busca posicionar al Gobierno Bolsonaro como opción a una alternativa autoritaria frente a la lucha de clases en el continente, responde a un juego más complejo y que parece tener un triple objetivo.
Tiene un componente demagógico y electoral, al presentar algún grado de sensibilidad del Gobierno ante los clamores populares y tirar una cortina de humo sobre los ataques que el Gobierno está imponiendo a diario contra el sector más pobre de la población. Ese componente demagógico acompaña a un componente de chantaje al Congreso y la prensa neoliberal, induciendo declaraciones como la de Rodrigo Maia, presidente de Diputados, que pidió al gobierno no paralizar la reforma administrativa, o la de Estadão que exigió la continuidad de las reformas, tapando la enorme desarticulación del gobierno en el Congreso Nacional.
Sin embargo, el elemento más profundo y estratégico que no podemos dejar de lado en las intensiones de Guedes y el Gobierno, es la de profundizar la polarización con Lula -eso es lo que provoca su declaración- y justificar medidas autoritarias. A fin de cuentas, es verdad que hay un regreso de la lucha de clases al continente, con fenómenos a izquierda y a derecha, y que los métodos democráticos no serán suficientes para sacar adelante las reformas que el Gobierno de Bolsonaro está pautando con el aplauso de los mercados financieros, los empresarios y los grandes medios. Le dice abiertamente a la burguesía y al imperialismo que el Gobierno necesitará más libertades para reprimir y más apoyo a medidas como la impunidad para las fuerzas represivas o la intervención del Ejército si la intensión es acelerar las reformas.
Es necesario un plan de luchas serio para derrotar los ataques del Gobierno
Hasta ahora ni la CUT, ni la Central de Trabajadores Brasileños, ni la Unión Nacional de Estudiantes, ha convocado a cualquier medida de lucha o de organización para enfrentar las medidas del Gobierno, después de que fuera aprobada la reforma previsional sin una firme oposición de los sindicatos y movimiento sociales. Lula no se cansa de repetir desde que fue liberado, que salió de prisión con más ánimo de lucha que nunca, pero sus palabras no se han convertido en ninguna acción concreta para enfrentar a Bolsonaro en las calles. Hasta la huelga de educadores de Rio Grande do Sul está aislada y no hubo ni una palabra de apoyo de Lula a esa lucha.
La polarización que Lula tiene en mente es exclusivamente electoral, para que el PT pueda volver a gobernar Brasil, administrando la herencia de tierra arrasada de derechos laborales y sociales que dejará este Gobierno. Al igual que durante sus Gobiernos no revirtió las reformas estructurales legadas por Fernando Henrique Cardoso, la “herencia maldita”, no lo haría con la herencia de Bolsonaro. No se puede esperar hasta el 2022 para enfrentar a Bolsonaro, ni creer que se van a revertir sus ataques con el voto. Hay que apoyar las luchas de los pueblos latinoamericanos, que de Haití a Chile están enfrentando los ataques de la derecha en las calles, para exigir a las centrales sindicales y organizaciones estudiantiles un plan de lucha para enfrentar al Gobierno de extrema derecha con la fuerza de la movilización de los trabajadores, la juventud, las mujeres y el pueblo negro. |
