El presupuesto que se votará el martes sigue negando el derecho de miles de personas de poder acceder a una vivienda en Jujuy. El recorte en vivienda y urbanismo ronda los 3 mil millones de pesos sin contemplar la inflación. Mientras tanto florecen los negocios inmobiliarios.
Hace unos días el ministro de Hacienda Carlos Sadir acudió a la Legislatura para presentar el presupuesto 2020 que tiene previsto aprobar el oficialismo este martes. Un presupuesto de ajuste, como venimos denunciando desde el PTS FIT, que tiene el aval del peronismo y que recae en los trabajadores y sectores populares, ya sea en el salario y en el poder adquisitivo, en la educación, salud, y políticas sociales como la construcción de viviendas, mientras siguen ganando los dueños de Jujuy.
El ministro tuvo que reconocer que el gobierno tendría prevista la construcción de sólo 608 viviendas con recursos de la provincia para el 2020. Si bien estarían a la espera de una posible asignación de 2200 millones de pesos más desde Nación (equivalente a unas 100 casas) no sería para la construcción de nuevas viviendas sino para el mejoramiento o ampliación de las que existen.
Quedaron muy atrás los anuncios rimbombantes de Gerardo Morales que pasó de arengar, cuando asumió su primer mandato, que construirían 4000 viviendas por año, a reconocer terminaría el mismo con la entrega de 8000 viviendas entre adjudicadas, a licitar, de planes anteriores o sólo la ampliación.
El ajuste en materia de vivienda y urbanismo para el 2020 es uno de los más significativos. Puede verse en el recorte neto de más de 3 mil millones de pesos (sin contemplar la inflación del 43%), de $8.253.071.680 destinados en el 2019 para ese ítem a $4.960.080.667. Ítem que es parte de los gastos de bienestar social que pasó de tener un 16% de participación en el presupuesto 2019 al 9% en el 2020, lo cual da muestra que la política social no está en el orden de las prioridades como tampoco sucede con otros derechos básicos.
Mientras tanto el problema habitacional es uno de los más sentidos y estructurales en la provincia. Según el mismo gobierno, en el 2017 reconoció el déficit habitacional para unas 40 mil familias en la provincia anotadas en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Unas 160.000 personas que quedan que no tienen garantizado el derecho a la vivienda y quedan por fuera de los restringidos y discriminatorios concursos del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy y que por ende suelen vivir hacinadas, pagando alquileres cada vez más costosos o directamente viviendo en asentamientos sin los derechos esenciales garantizados.
Según el Relevamiento de Barrios Populares de la Nación del 2018 da cuenta de más de 40 asentamientos sólo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, identificado como tal a un grupo de más de 8 familias contiguas que viven en un lugar, donde más de la mitad de esa población está sin título de propiedad, ni cuentan con dos servicios básicos como agua potable, red eléctrica o cloaca.
Por otro lado, la Dirección General de Hábitat y Vivienda Social de la municipalidad de Jujuy reconoce de mínima 115 asentamientos de la capital jujeña y unas 9 mil familias que viven en ellas.
Esta situación no es nueva, existen familias que viven en asentamientos que datan de hace 50 AÑOS, sin tener ninguna respuesta de parte del Estado y los gobiernos de radicales o peronistas. Sin embargo, como venimos denunciando, mientras el derecho a la vivienda sigue siendo postergado, e incluso combinado con políticas de criminalización, represión y desalojos violentos de quienes se asientan y viven en terrenos que están inutilizados por necesidad, avanza el negocio inmobiliario de la tierra y la vivienda, con leyes que vota la legislatura por el oficialismo y el PJ a medida de los dueños de la tierra y empresarios en Jujuy.
Venimos dando cuenta como la necesidad de vivienda de miles de familia es un negocio para empresarios inmobiliarios, terratenientes, y funcionarios del Estado, que hacen uso del mismo para beneficiarse con jugosos negocios. El ejemplo más burdo de algunas años atrás fue la compra de 150 hectáreas en Alto Comedero al Banco de Jujuy por el hermano de Gerardo Morales, Fredy Morales, actual funcionario de su gobierno, y diputados radicales, peronistas y del MPJ a precio de remate, 720 mil pesos, para después vendérselo al mismo Estado en 30 millones de pesos para el Plan Lote para Todos.
Pero no es el único caso, la historia de la misma provincia, es la historia de la expropiación de tierras a los pueblos originarios para hacer de ellos un negocio cuando sea necesario. Por sólo nombrar algunos recientes y en estos años, y vinculados al negocio de la tierra, daremos cuenta del intento de expropiación a comunidades indígenas por parte del Estado en Salinas Grandes, para el negocio turístico, o en La Quiaca Vieja para el negocio comercial de la zona franca en la frontera con Bolivia. En este último caso la misma comunidad ha denunciado que el Estado hizo tasaciones por 2 mil pesos como pago de un lote familiar reclamado como parte de la comunidad para la expropiación sin consulta ni consentimiento.
El presupuesto 2020 deja ver alguno de estos negocios. La venta de tierras “fiscales” en zonas rurales a precio de moneda genera el interrogante sobre a dónde están ubicadas esas tierras, si son tierras reclamadas al Estado como comunitarias indígenas que no están sujetas ni a venta ni expropiación. Como también cuántas hectáreas se venden, quiénes realizan la tasación y con qué criterios y quiénes están a la espera de ese remate. Lo único que sabemos es que el presupuesto contempla la venta de tierras fiscales en la zona rural por sólo 238 mil pesos y lotes fiscales por la suma escueta de 938 mil pesos.
También sabemos que el gobierno provincial avanza con el negocio inmobiliario en la zona de Los Diques, rechazado por familias que habitan las mismas hace más de 30 años, y denunciando por organizaciones campesinas que además denunciaron la desafectación de un área de reserva que va contra leyes ambientales de orden constitucional y tratados internacionales. La venta de terrenos en la zona de los Diques figura en el presupuesto y muestra que el Estado no tarda en asegurar los negocios para los especuladores inmobiliarios. No hay más información que 97 millones de pesos que figura como parte de la venta prevista y un supuesto ordenamiento territorial - Plan Maestro-l que no ha sido ni puesto a consideración en audiencia pública como el mismo gobierno ha establecido.
Otro caso demostrativo es la venta de terrenos en la zona del Parque Industrial “Carlos Snopek” en la ciudad Palpalá por unos 643 mil pesos. En esa zona familias que se dedican a la agricultura agroecológica denunciaron este año el avance y loteo para el negocio inmobiliario por parte de la inmobiliaria Sucre sobre las tierras que ocupan hace varias generaciones, que incluyó el intento de desalojo, desmonte y destrozos de zonas de pastoreo por particulares.
Invirtamos las prioridades, plata para vivienda
El presupuesto de ajuste 2020 está hecho a medida de las necesidades de un puñado de ricos en la provincia de Jujuy, como se ha demostrado en todos estos años con gobiernos peronistas y radicales. La situación actual es más crítica ya que la provincia, que depende en más del 80 % de fondos de la nación, administra un escaso monto, mucho menor que el presupuesto del año pasado y que sólo llega a cubrir salarios de ajuste, condiciones de precariedad laboral y políticas públicas que cada vez son más restrictivas. Mientras tanto el grueso del mismo está destinado a pagar la deuda con el FMI y los especuladores, mientras a la par se garantiza la reforma impositiva para que los grandes empresarios paguen menos e incluso sigan teniendo subsidios y exenciones.
Desde el PTS FIT venimos dando cuenta de esta situación y que mientras la prioridad del gobierno saliente, como del que asuma Fernández el 10 de diciembre sea el FMI y los especuladores no habrá posibilidad de dar respuestas favorables a los problemas de las mayorías, menos de resolver problemas tan acuciantes como es la pobreza que supera el 30 % en Jujuy, el hambre o la vivienda.
Una solución de fondo tiene que llevarse adelante con el NO pago al FMI y que esa plata se destine entre otras cosas para una reforma urbana integral que comience con un plan de obras públicas, infraestructura y viviendas para las familias que se encuentren en emergencia habitacional y permitan el acceso a la vivienda a quienes hoy no tienen que alquilar sin someterse a la especulación inmobiliaria, expropiando a terratenientes y/o propietarios de tierras ociosas urbanas sin indemnización para llevar adelante el mismo. La misma permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo genuino y puede ser solventado por impuestos progresivos a las grandes fortunas en Jujuy, como las multinacionales mineras, las tabacaleras, o las del azúcar y gestionado por los propios trabajadores y organizaciones barriales garantizando el derecho universal a la vivienda en Jujuy.
