Este lunes el Tribunal de Sentencia de la Jurisdicción Nacional de Honduras condenó a 34 años de prisión a 4 de los culpables del asesinato de Berta Cáceres, ocurrido en 2016. Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández recibieron además 16 años de condena por la tentativa de homicidio de Gustavo Castro, ciudadano mexicano que era huésped de Cáceres. Los autores intelectuales del asesinato, directivos de la empresa DESA, quedaron impunes.
Berta Cáceres era maestra y lideró durante una década la lucha para bloquear la construcción de la represa Agua Zarca a lo largo del río Gualcarque, sagrado para la cultura lenca, la etnia a la cual pertenecía. Fue una de las fundadoras del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y denunció incansablemente la expropiación de territorios del pueblo lenca y el asentamiento de bases militares estadounidenses en esa región. En la madrugada del jueves 3 de marzo de 2016 dos hombres entraron por la fuerza a la casa de Cáceres para matarla. La líder indígena, quien en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, había enfrentado numerosas amenazas y los asesinatos de otros miembros de su organización. Tenía cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en el momento de su asesinato la policía no vigilaba la casa en la que estaba.
Al comenzar el juicio por su asesinato, en 2018, familiares de la activista y miembros del COPINH acusaron a nueve personas por el crimen. Entre ellas al presidente ejecutivo y al gerente del ambiente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo y Sergio Rodríguez, respectivamente, así como al menos a dos miembros del personal de seguridad de esa empresa.
También señalaron que sospechan que la fiscalía ocultaba pruebas para proteger a los autores del crimen, especialmente a los autores intelectuales que son influyentes empresarios.
Este lunes también fueron condenados a 30 años como coautores Sergio Rodríguez, anteriormente nombrado, Douglas Bustillo, ex militar, ex jefe de seguridad del presidente del Congreso hondureño y jefe de seguridad de DESA hasta 2015 y Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas hasta su arresto en 2016. Esto muestra a las claras el grado de participación del estado hondureño en el asesinato de Cáceres y la persecución a la que son sometidos muchos de sus compañeros de lucha.
En septiembre de este mismo año, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida de Honduras (Fedcv) había emitido un comunicado donde informaba de la vinculación de Castillo, ex presidente de DESA, con Bustillo. El ente informó que existió comunicación telefónica entre ambos por el intercambio de mensajes de texto y llamadas, en los que se constata el plan de homicidio y posterior paga por el crimen de la ambientalista.
Berta Zuñiga Cáceres, hija de la activista, declaró antes los medios que "hay condenas, pero no justicia. Los autores intelectuales del asesinato siguen gozando de impunidad, a pesar de que se ha comprobado que la Empresa de Desarrollos Energéticos fue la encargada y responsable de asesinar a Bertha Cáceres". |
