Como una medida que busca "criminalizar y quitarle a las y los trabajadores sus métodos tradicionales para enfrentar a los empresarios y los gobiernos”, fue calificada por Nicolás Bustamante, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), la medida que en Diputados se aprobó "en general" con los votos de Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, Giorgio Jackson (RD), Gabriel Boric, Gael Yeomans, Gonzalo Winter -los últimos tres pertenecientes a Convergencia Social-, y que contó también con "la vergonzosa abstención" de parlamentarios/as del Partido Comunista, como Karol Cariola, Camila Vallejo y Guillermo Teillier.
Del Frente Amplio votaron en contra de legislar el proyecto "en general" la diputada Pamela Jiles, Florcita Alarcón y Félix González; diputadas como Camila Rojas y Claudia Mix de Comunes, por ejemplo, se abstuvieron; y del Partido Comunista votaron en contra Hugo Gutiérrez y Amara Labra.
Según Bustamante, esta medida es parte de la escalada represiva que ha avalado el gobierno de Sebastián Piñera, en donde en un nivel se puede apreciar con la represión policial de Carabineros, así como en términos legales con la implementación de la Ley de Seguridad del Estado, la cual es una ley de dictadura. "Ahora pretenden legalizar la criminalización de la protesta, convertirla en un delito, y, especialmente, las movilizaciones de sectores fundamentales de la clase trabajadora, como el sector transporte, salud, comunicaciones, entre otros", denuncia el joven.
"En un país donde los grandes empresarios nos roban todo, ahora nos quieren robar lo más elemental: el derecho a manifestarnos, el derecho a la huelga. Todo Chile sabe que si millones no salíamos a las calles, con marchas, cacerolazos, paros, cortes de ruta, jamás nos hubieran tomado si quiera en cuenta. Eso es lo que quieren condenar como delito ahora los distintos partidos empresariales, y además con la ayuda cómplice y nefasta de la mayoría del Frente Amplio y las abstenciones de gran parte de la bancada del Partido Comunista. Es realmente escandaloso e inaceptable", afirma Bustamante.
Para el dirigente obrero la clave del proyecto no solo es criminalizar la protesta social, sino que "apuntar a sectores estratégicos, porque tienen miedo que las y los trabajadores entremos en escena y nos movilicemos contra la precarización del trabajo, de la vida, que cuestionemos de fondo este modelo capitalista y neoliberal que se sustenta en la miseria de millones, en la inestabilidad y precarización laboral. Ese es el contenido del proyecto, proteger este sistema heredado de la dictadura y evitar que la clase trabajadora se movilice y transforme la realidad", asegura el joven.
De acuerdo a Bustamante "debemos rechazar tajantemente esta medida criminal, levantar una campaña a nivel nacional por el derecho a manifestarse libremente y en rechazo a todo proyecto que atente contra nuestro derecho a protestar o que precarice nuestras condiciones de trabajo y de vida. Sobre esto deben pronunciarse las principales centrales sindicales y de trabajadores, y los movimientos sociales, en repudio a esta medida y llamando a un plan de lucha y paros escalonados para enfrentar este ataque, como también los despidos. Debemos luchar unidos, junto a la juventud precarizada, estudiantes, pobladores, y con todas y todos quienes despertamos y salimos a manifestarnos contra estos 30 años de herencia dictatorial", plantea el dirigente.
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