Fotografía: Vanina Micello/ Enfoque Rojo
La represión brutal que sufrieron pacientes y trabajadores del Hospital Borda en 2013, cuando la Policía Metropolitana descargó una balacera y entró con topadoras que destrozaron las instalaciones del Taller Protegido N° 19, uno de los poco espacios terapéuticos que planteaba una salida laboral para pacientes crónicos, terminó con un saldo de decenas de heridos y trabajadores procesados.
La violencia desatada tuvo el único interés de defender negocios inmobiliarios mientras que, como ya pasó en el Parque Indoamericano y en el barrio Papa Francisco con desalojos a fuerza de topadoras y balas, los trabajadores y el pueblo de la Ciudad padecen el drama de la crisis habitacional.
En el Borda, profesionales de la salud, médicos y enfermeros junto a los pacientes y organizaciones sociales y de derechos humanos pusieron el cuerpo para impedir que las topadoras arrasaran con un taller modelo. Una vez más la verdad quedó expuesta: el macrismo gobierna para hacer de la ciudad un negociado, mientras deniega derechos elementales como la salud pública. Garantiza los negocios privados en detrimento de servicios públicos, como salud, educación y viviendas para los sectores populares.
Dos años después, los trabajadores del Hospital Borda están próximos a enfrentar un juicio por resistencia a la autoridad. Mientras el kirchnerismo se ha mostrado absolutamente impotente para enfrentarlo, los trabajadores han tenido que presentar un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación para revocar el procesamiento.
La contracara es que solo el comisionado de la Policía Metropolitana Martín Roth, está imputado por lesiones leves. No es extraña esta impunidad para los efectivos de la Metropolitana: la fuerza ha incorporado de 2009 a 2013 a 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Fuerza Aérea. Y fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales que, justamente, actuaron en la represión del Borda, del Indoamericano, del barrio Papa Francisco y de la Sala Alberdi.
Entre los 52 altos mandos, hay 38 que vienen de esa época, dato comprobado por la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal. Tenemos que destacar el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón, uno de los policías de la Metropolitana que estuvo en la represión en el Borda. Está denunciado como especializado en inteligencia, e ingresó a la Policía Federal en 1976.
Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal.
Exigimos que sean juzgado Ferrón y todos los que llevaron adelante el operativo represivo en el Borda, y que sean desprocesados de inmediato los trabajadores que defendían el terreno y las actividades del hospital. Queremos que sean juzgados los funcionarios que ordenaron el represivo desalojo, además de la necesidad de imputar de inmediato a todos los que fueron parte de la dictadura.
También reclamamos el fin de los grandes negocios inmobiliarios, un verdadero plan de reforma urbana al servicio de los intereses de los sectores más pobres de la Ciudad y que defienda la salud pública.
Myriam Bregman es candidata a jefa de Gobierno por el PTS en el FIT. Es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Intervino en numerosos juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, es también denunciante del Proyecto X junto a trabajadores de Kraft y Pepsico.
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