Esta vez, la empresa cuestionada se trata de una de las propiedades más conocidas del mandatario: Bancard. De acuerdo a un reportaje publicado por El Desconcierto; Bancard Inversiones Limitada, controlada en un 66% por Piñera, transfirió, a título gratuito, US$96 millones a Bancard International Investment, una firma de sus hijos domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, considerado por el Servicio de Impuestos Internos como un territorio con nula carga tributaria, es decir, un paraíso fiscal.
A partir de esta operación el SII detectó anomalías tributarias en 2017, cuando Piñera era candidato presidencial y no tenía fideicomiso ciego, sometiendo a Bancard a una fiscalización que terminó con una reliquidación de impuestos, tras dos años sin pagar, cuando Piñera ya había asumido su segundo mandato. Al ser esta operación el símil de un préstamo, gratuito, sus hijos no pagaron ningún interés por la transferencia, por lo tanto no fue posible cobrar los impuestos respectivos.
Varios parlamentarios de oposición, entre militantes del FA y el PC, acordaron levantar una comisión investigadora, que dé cuenta, en detalle, de las millonarias transferencias de la familia Piñera-Morel, entre 2015 y 2016. El respaldo que se requiere para levantar esta instancia es de ⅖ de los diputados en ejercicio (62 parlamentarios) que firmen una petición que debe ser presentada en la cámara de diputados.
Pero una investigación es insuficiente, mientras el Gobierno tiene un 4,6% de aprobación. Lo sucedido no hace más que confirmar algo que es de dominio público: el empresariado goza de innumerables privilegios que le otorgan su condición de clase. La legalidad del estado les entrega la propiedad de la riqueza del territorio chileno, y a la luz de los hechos, pueden hacer y deshacer normativas y leyes a su medida, que les permitan la tranquila administración de sus activos. |
