Nuestras vidas valen más que sus ganancias, eso es seguro, pero también lo es el que para el autoproclamado gobierno - como también sus aliados- no es así. El gobierno golpista conformado por una alianza cívico militar, que se han apropiado del poder ejecutivo en su deseo de obtener mayores beneficios económicos –de los que ya tenía con el gobierno del MAS– ha manejado una política fuertemente represiva, que en menos de un mes ha dejado a más de 30 personas muertas.

El poder de los golpistas y los sectores que representan, le ha costado la vida a 30 personas, de las que se sabe, sin considerar toda la gente que ha sufrido violencia a causa de detenciones arbitrarias o por haber sufrido el impacto de las balas dejándolos heridos o el trauma que han significado estos escenarios de extrema violencia. Para este gobierno, que todavía con su supuesto discurso pacificador reafirma los actos que ocasionaron todos estos desastres, la vida de los asesinados en las masacres y en todo este conflicto vale solamente 50.000 bolivianos, incluso menos de lo que la golpista obtendrá en dos meses como autoproclamada presidenta, menos de lo que gana la familia de Camacho con sus empresas, menos de lo que ha ganado Albarracín en un par de meses como Rector de la UMSA. Las cifras ofrecidas son humillantes en definitiva, pero muestran el valor de las personas para el gobierno.

Mientras los familiares, amigos, amigas, compañeros y hasta gente que no conocía a las personas asesinadas lloraba su pérdida, en el palacio el actual gobierno se regodeaba de su “victoria” –conseguida de la mano de los parlamentarios del MAS que negociaban a costa de la sangre derramada– y la prensa de comunicación masiva deshumanizaba el dolor de la gente y tildaba a los fallecidos de “terroristas”.

Todo esto tiene motivos profundos dentro de un sistema capitalista, pues la vida de los trabajadores solo vale en cuanto pueda producir y por tanto generar ganancia para la burguesía. El protestar, el pensar diferente, el reclamar por sus derechos son acciones que a la burguesía le producen pérdidas económicas y por tanto, no le sirven.

No los mataron por “masistas” –y aún si lo fueran, defendamos su derecho a su libertad de posicionamiento– tampoco por terroristas. Esas solo fueron las escusas para encubrir lo poco que realmente significan las vidas de la gente trabajadora, de todos esos sectores explotados y oprimidos por la sociedad, a este gobierno no le importan. De hecho, el precio que tienen, el precio que tenemos, es de 50.000 bolivianos. Una grave advertencia para los opositores del régimen.

La deshumanización de Áñez y su gobierno le han puesto precio al dolor de la gente, a la vida. Buscan cubrirse con un manto de impunidad, condicionando la entrega del dinero a la renuncia al ejercicio de los derechos más básicos a la vida por parte de las víctimas y familiares.