Es de sobra conocida la estrecha relación de este Régimen del 78 con la Iglesia Católica y los privilegios que esta institución tiene, algo que va en contra de los principios más básicos de laicidad y aconfesionalidad del Estado: las ventajas fiscales, las inmatriculaciones o sus privilegios en el sistema educativo.
Esta relación Iglesia-Estado es uno más de los elementos heredados del régimen franquista defendidos durante décadas por el PP, pero que el PSOE tampoco ha querido cuestionar y es otro de los sapos que gustosamente van a tragarse Unidas Podemos y Pablo Iglesias.
Sin embargo, la irrupción de Vox en el Congreso y en las instituciones autonómicas y municipales, ha supuesto la entrada en estas instituciones públicas de los elementos más fundamentalistas del catolicismo. Auténticos lobbies ultracatólicos que arremeten contra las mujeres y los colectivos LGTBI, realizando acciones públicas, pero también estando detrás de una larga lista de procesos judiciales, apelando al delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
Así llegó a los tribunales la "procesión del coño insumiso" celebrada en Sevilla del pasado 2014, caso que finalmente fue archivado. Del mismo modo, han estado detrás de presiones a empresas e instituciones para que renuncien al “pinkwashing”, y no precisamente cuestionado los límites de esta lógica de márquetin y de estos “lavados de imagen empresarial”, sino desde posiciones fundamentalistas y LGTBIfóbicas.
Estamos hablando de organizaciones como HazteOir, CitizenGo, Profesionales por la Ética, Centro Tomás Moro, Abogados Cristianos, Más Libres, Instituto para la Política Familiar o la Organización del Bien Común. Organizaciones que cuentan en mayor o menor grado, con el apoyo directo de una parte de la Conferencia Episcopal Española y suelen servirse de las infraestructuras o medios de la Iglesia.
La relación de Vox con estas organizaciones siempre ha sido muy estrecha. En el caso Hazte Oír (organización tristemente famosa por su “autobús LGTBIfóbico”), comparten ideas y han estado aliados en contra de leyes en favor de los derechos LGTBI.
Precisamente Hazte Oír ha homenajeado a varias personas del partido de Abascal, como los diputados autonómicos Francisco Serrano y Alicia Rubio; los representantes nacionales Lourdes Méndez Monasterio, Javier Ortega Smith, Contreras y Francisco José Alcaraz; o el eurodiputado Hermann Tersch.
Esta estrecha relación se ha plasmado ahora a nivel institucional con la entrada en el Congreso de un miembro de la última junta directiva de Hazte Oír, Francisco José Contreras. Al igual que Fernández de Castro, ligado a Rafael Zornoza, el obispo ultracatólico de Cádiz y uno de los prelados más cercanos a Vox; ya entró al Congreso el pasado 28A y es, a su vez padre del dirigente de Hazte Oír, Agustín Rosety Cózar.
Del mismo modo, en la Asamblea de Madrid hay una activista en contra del aborto del mismo entorno, Gádor Joya, que tuvo responsabilidades en el lobby ultraconservador y continuaba vinculada a él hasta que obtuvo su acta. Joya, médico de profesión, llegó a hacer ecografías a las puertas de clínicas que practican interrupciones voluntarias de embarazos o a entregar figuras de bebés abortados para presionar a las mujeres que acudían a las clínicas.
Otro caso es de la Asamblea de Murcia, donde consiguió representación Juan José Liarte, que ha estado asociado a Abogados Cristianos y actualmente es patrono de su fundación. Este lobby ultraconservador es uno de los más activos precisamente en las denuncias judiciales que comentábamos más arriba.
Esta situación es una muestra del carácter fundamentalmente antifeminista y LGTBIfóbico de Vox, de sobra conocido, pero al mismo tiempo de la estrecha relación y vinculaciones de estos grupos que forman lobbies ultracatólicos y el partido liderado por Abascal. Son varios más los nombres cercanos a estas organizaciones que iban en listas de Vox, aunque no obtuvieron representación. | 
