Según el Gobierno Federal, los resultados de la consulta sobre el Tren Maya arrojaron que “por consenso y sin opinión en contra” las comunidades del sureste avalaron la construcción del megaproyecto, sin embargo, la consulta presentó múltiples irregularidades, según pueblos originarios y expertos en materia.
Esto debido a que en días anteriores comisarios ejidales denunciaron recibir presiones para impulsar el sí de parte de autoridades locales, mientras que otros pobladores no recibieron la información sobre las implicaciones tanto sociales como ambientales del proyecto.
El comisario ejidal de la comunidad de Tenabo, José Rigoberto Huchím Uc, informó en la asamblea informativa sobre la intromisión de empresas contratadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), las cuales han ejercido presión para que los pobladores aceleren las asambleas ejidales en las que se trata el tema del tren y acepten su construcción.
Por otro lado, Guillermo May Correa coordinador general de los asesores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) aseguró que la ley internacional nos obliga a dar los pros y contras del Tren Maya, el pasado 30 de septiembre. Pese a esto en los días siguientes sólo presentaron argumentos en favor y ninguno contra el megaproyecto.
Los representantes del gobierno no dieron información sobre los elementos clave del megaproyecto, como las ciudades nuevas de mil hectáreas que el Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones ni sobre las afectaciones a la selva, pues aún no cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
"Democrática" imposición
Según el semanario Proceso, previamente a la consulta sobre el Tren Maya, se realizaron estas asambleas que representantes del gobierno federal efectuaron a finales de noviembre para explicar el proyecto a líderes indígenas y campesinos de la Península de Yucatán.
En estas se pudo constatar que la información que se les proporcionó a las comunidades ha sido parcial. Organizaciones que apoyan a las comunidades rurales advierten sobre el “manejo confuso y manipulador” que el gobierno federal realiza de la información en torno al megaproyecto.
Por otro lado, organizaciones indígenas y ambientalistas consideran que no se cumplen los protocolos y que faltan estudios y análisis de impacto ambiental, además de que durante la consulta no se mencionaron los posibles daños a la selva y a sitios sagrados de las comunidades.
A su vez, académicos e integrantes de grupos sociales solicitan la nulidad de la consulta indígena por el Tren Maya, esto tras denunciar irregularidades detectadas y que un proyecto concreto, no hay estudios que muestren el impacto ambiental, económico y social y las consultas no se realizan bajo los estándares internacionales.
Además denuncian que se tratará de un proyecto devastador, que generará empleos de mala calidad y que los grandes beneficiados serán los inversionistas como sucede con el modelo de desarrollo de Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo, cuyos pueblos y la riqueza ambiental fueron arrasados y desaparecidos en beneficio de una minoría empresarial.
El doctor Rodrigo Patiño, investigador del Cinvestav Mérida y representante de la agrupación Articulación Yucatán, advirtió que de las áreas donde se llevó a cabo la consulta la tenencia de la tierra está en posesión de políticos y empresarios porque tuvieron a la mano información privilegiada y que por lo tanto tuvo un carácter de amañado. | 
