El 50 % de los asalariados percibió ingresos menores a $ 22.032 en el mes de septiembre. Es el último dato al que se puede llegar con la información disponible al momento.
La información surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre del año (abril-junio), actualizada por el Índice de Salarios del Indec. La EPH contabilizó 8,8 millones de asalariados en las áreas urbanas relevadas por el Indec, de los cuales la mitad (4,4 millones) percibían menos de $ 20.000, que actualizados a septiembre equivalen a $ 22.032.
Con esos ingresos, sólo les alcanza para vivir 12 días al mes, según el costo de la canasta de consumos mínimos estimada por ATE Indec: “Un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en septiembre de 2019, $55.386,24.- para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $17.820,43.- necesarios para adquirir una Canasta alimentaria mínima y de $ 37.565,81.- para acceder a otros bienes y servicios básicos”, explican desde esa organización.
Cuando se considera el ingreso conjunto de los hogares (que a veces comprende la suma de dos salarios si ambos conyugues están empleados) la situación no cambia significativamente: el 50 % de los hogares percibía menos de $ 31 mil en el segundo trimestre, que actualizados a septiembre serían unos $ 34 mil.
ATE Indec aclara que “Las ‘Canastas de Consumos Mínimos’ no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, y que la misma no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira”.
De hecho, existen cuestionamientos a la canasta alimentaria mínima desde el punto de vista de una nutrición saludable. Por otro lado, los $ 37.565,81 estimados para acceder a otros bienes y servicios resulta un valor discutible considerando que ese monto debe cubrir el pago de alquileres, los servicios públicos encarecidos por los tarifazos, el transporte, la educación, la salud y otras tantas cosas necesarias para la vida.
Pero aun considerando esta canasta como parámetro, la mitad de los asalariados perciben ingresos que apenas cubren el 40 % de su valor o, como se dijo, pueden vivir sólo 12 días. Para llegar a cubrir los gastos de todo el mes necesitan que, al menos, sus ingresos se incrementen en $ 33.355.
La carestía alcanza también al sector privado registrado: está fracción de la clase trabajadora es la “mejor paga” en términos relativos. No obstante, obtiene un ingreso promedio que en septiembre se ubicaba en $ 39.051: permite vivir 21 días del mes. El salario promedio cubre el 71 % de la canasta de consumos mínimos y la insuficiencia salarial es de $ 16.335.
Otro tanto ocurre con los empleados públicos. El salario en mano de una categoría testigo (D0) del convenio colectivo Sinep, el mayoritario en la administración pública nacional, fue de $ 21.373 en septiembre. Sólo permite vivir 12 días al mes, alcanza el 39 % de la canasta de consumos mínimos y tiene una insuficiencia de $ 34.013.
En la era Macri el poder de compra de los trabajadores registrados del sector privado retrocedió 19 %; 31 % en el sector público; 25 % para el salario mínimo, vital y móvil. En todos los casos, falta incorporar el efecto inflacionario de octubre, noviembre y diciembre que siguió deteriorando los ingresos. Estos números reflejan la mayor pérdida del poder de compra del salario desde la devaluación de Eduardo Duhalde de 2002.
Una recuperación salarial sustancial no está en el cálculo del nuevo gobierno: el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, enviado al Congreso por el oficialismo, en su artículo 54 establece “incrementos salariales mínimos”. No sólo eso: las empresas que otorguen los aumentos estarán eximidas temporalmente del pago de aportes y contribuciones patronales sobre los incrementos.
Si la lógica es la de “incrementos salariales mínimos” se cristalizará una situación donde la mayoría de los asalariados no llega a fin de mes: los empresarios se saldrán con las suyas y el salario alcanzará para vivir menos días del mes que en 2015.
Es un desatino reclamar a la clase trabajadora que se siga resignando a una vida miserable cuando los bancos, los buitres especuladores de la deuda, las empresas de servicios públicos mantienen, en lo esencial, sus millonarios negocios.
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