La norma presentada por el Gobierno nacional para su discusión en el Congreso abarca múltiples áreas y definiciones. De conjunto, el proyecto apunta a garantizar los pagos de la deuda pública. Sin embargo, mientras no toca los intereses de los grandes empresarios que ganaron en la era Macri, congela la movilidad jubilatoria por seis meses.
Acá señalamos algunas de las más importantes.
1) Desde el inicio el proyecto establece como prioridad el pago de la deuda pública, planteando garantizar su “sostenibilidad”. Con ese objetivo se modifican impuestos como el de Bienes Personales. Además, se autoriza al Gobierno a usar recursos del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer pagos de la deuda pública.
2) Congela por seis meses la movilidad jubilatoria. Esto incluye a regímenes especiales como docentes, investigadores universitarios y ex combatientes de Malvinas. Ahora será el gobierno nacional el decida cuánto cobrarán. Con el régimen actual, las jubilaciones hubieran tenido un aumento de cerca del 25 % en la primera mitad de 2020. Era la primera vez que iban a beneficiar a los jubilados, desde su sanción en diciembre de 2017.
3) En la ley, el gobierno plantea que se dará prioridad “a los sectores de más bajos ingresos”. Eso significa que podría haber aumentos para el sector que cobra la mínima, pero no para todos los jubilados.
4) Eso es lo que ocurre con el bono de $ 5.000 que el gobierno otorgará en diciembre y enero. Alcanzará a quienes cobran la mínima de $ 14.068. Habrá un proporcional hasta completar $ 19.068. Con esa decisión, 2,3 millones de jubilados y jubiladas se quedan sin cobrarlo. El bono no se encuentra en el proyecto de ley sino que fue anunciado por fuera del mismo.
5) El gobierno argumenta que se estudiará una nueva fórmula para la movilidad. Sin embargo, el proyecto enviado no dice que esa nueva fórmula debe garantizar que los aumentos sean mayores. Al tiempo que se suspende la movilidad jubilatoria, las patronales seguirán pagando por seguridad social menos de lo que pagaban en 2015. El proyecto de ley aumenta este impuesto, pero lo hace dejando en pie parte de los beneficios que dio Macri en 2017.
6) El proyecto propone declarar la emergencia “económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social". Con ese argumento, pide el otorgamiento de facultades especiales para que el Poder Ejecutivo tome decisiones sin pasar por el Congreso. Eso significaría gobernar apelando a decretos y otros mecanismos similares.
7) El proyecto congela las tarifas de los servicios públicos por 6 meses. Pero no garantiza que bajen. Lo que ganaron las privatizadas en estos años de macrismo no se discute ni se toca. Los bancos -otro de los sectores que más ganó con Macri- ni siquiera aparecen en el proyecto.
8) Se establece la posibilidad de aumentar las retenciones a las exportaciones que hacen las patronales del campo hasta un 33 %. Actualmente están en un 30 %, un porcentaje apenas superior a lo establecido por Macri. Sin embargo, para las mineras y las petroleras las retenciones bajan del 12 % al 8 %.
9) Se establece un impuesto a la compra de dólares y a las operaciones realizadas en esa moneda fuera del país o por servicios que funcionen con base en el exterior. El objetivo es bajar aún más la demanda de dólares y garantizar que los mismos puedan ser usados para el pago de la deuda pública. Además, buscan aumentar la recaudación.
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