José Rojas
| Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú
Alexandra Porras y Gabriel Campos tenían 18 y 19 años de edad respectivamente. Eran pareja y trabajaban 12 horas diarias ganando un sueldo por debajo del salario mínimo. El domingo 15 de diciembre, fallecieron electrocutados mientras se encontraban realizando labores de limpieza desprovistos de los implementos necesarios en un McDonald’s del distrito limeño de Pueblo Libre.
El domingo 15 de diciembre en el distrito limeño de Pueblo Libre, fallecieron electrocutados dos jóvenes trabajadores de la empresa transnacional de comida rápida McDonald’s mientras se encontraban realizando labores de limpieza desprovistos de los implementos necesarios para esta actividad. Este hecho ha puesto en evidencia una vez la precarización laboral que padecen millones de jóvenes trabajadores, la misma que termina beneficiando a un puñado de empresarios que cuentan con el apoyo del Estado y del Gobierno.
Alexandra Porras y Gabriel Campos tenían 18 y 19 años de edad respectivamente, eran pareja y desde hace un tiempo atrás trabajaban en la filial de McDonald’s realizando diversas tareas y desprovistos de los derechos laborales más elementales. Como consecuencia de la ausencia de las condiciones mínimas de seguridad en su centro de trabajo y la falta de indumentaria apropiada, Alexandra sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras se encontraba limpiando los ambientes de este centro de comida rápida donde, según se supo por las investigaciones posteriores, había muchos cables eléctricos en malas condiciones. Al percatarse del hecho, Gabriel Campos trató de auxiliarla, sin embargo, no logró su objetivo y perdió la vida al igual que su compañera. Ambos trabajaban 12 horas diarias y ganaban un sueldo por debajo del salario mínimo (en promedio 280 dólares mensuales).
La precaria situación en la que desempeñaban sus funciones estos jóvenes trabajadores la graficó claramente una tía de Alexandra, quien en una entrevista para un medio de comunicación dijo: “Entró a trabajar en el turno nocturno. Estaba con zapatillas, no le daban botas de seguridad para baldear el piso sabiendo que hay máquinas en la cocina”. Esto contrasta groseramente con las elevadísimas ganancias que año tras año obtienen este tipo de empresas que, para el próximo año, han proyectado una ganancia anual que superaría los 2,500 millones de dólares, como bien lo reportó el diario Gestión. Queda claro así que mucha de la riqueza que los empresarios se embolsan todos los días no tiene nada que ver con su espíritu emprendedor, sino más bien está directamente relacionada con la sobre explotación de sus trabajadores.
Sin embargo, si la transnacional McDonald’s pudo llegar hasta donde llegó fue porque contó en todo momento con el apoyo del Estado y del Gobierno de turno. Cabe mencionar que en el Perú existe una instancia llamada Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, encargada de controlar el desempeño de las empresas y velar por la integridad de las y los trabajadores, sin embargo, esta institución del Estado no hizo absolutamente nada para prever este tipo de accidentes laborales que no es la primera vez que ocurren. Recordemos la muerte de Jorge Huamán y Jovi Herrera en junio del 2017, quienes fallecieron calcinados en las galerías Nicolini de las Malvinas en Lima a raíz que sus empleadores los habían dejado encerrados y no pudieron escapar cuando se dio un incendio en su centro de trabajo.
Así mismo, recordemos que en el marco de incentivar la inversión privada extranjera y nacional para “combatir” la desaceleración económica de los últimos años, desde el Estado se implementaron una serie de medidas contra los derechos más básicos de la clase trabajadora, como por ejemplo la suspensión de las supervisiones de Defensa Civil a este tipo de empresas, supuestamente para “superar los límites burocráticos que ahuyentan a la inversión privada”. Hoy vemos claramente que está detrás de este discurso del emprendedurismo. Lo cierto es que, para incrementar su tasa de plusvalía absoluta los empresarios se ven obligados a reducir hasta donde les sea posible los derechos a sus trabajadores y ello siempre lo hacen de la mano de las instituciones del Estado y de los gobiernos de turno. Esto se hace más categórico cuando se presentan situaciones de crisis o de estancamiento económico como los que se viven en Perú desde que llegó a su fin el ciclo del boom primario exportador. Por eso el 2014 el gobierno de Ollanta Humala trató de implementar la denominada “ley pulpin” que recortaba una serie de derechos a los trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años. Esta medida no pudo concretarse por la fuerza de la movilización social.
Sin embargo, el pasado 28 de julio del 2019 el gobierno de Martín Vizcarra logró materializar el decreto 345 denominado también “política de Productividad y Competitividad”, a través del cual se legaliza una serie de medidas privatistas y anti laborales que coadyuvan a una mayor precarización del trabajo, fundamentalmente de los más jóvenes. Y si esta medida fue aprobada con mucha facilidad, fue porque Vizcarra contó con el apoyo de la burocracia que controla la dirección de las grandes centrales sindicales como la CGTP, CTP, CUT, CCP, SUTEP, etc., además de los partidos reformistas y neorreformistas que consideraron al presidente un aliado para combatir al fujimorismo desde la institucionalidad del régimen del 93. Fue así como se logró desviar el descontento popular y desmovilizar al pueblo trabajador contribuyendo al fortalecimiento de los sectores más reaccionarios del país que hoy se valen de estas leyes para hacer que la crisis económica en curso la terminemos pagando las y los trabajadores y el pueblo pobre.
La justicia burguesa y los grandes medios de comunicación, presionados por los hechos y por la indignación popular, hablan ahora de sancionar a los propietarios de McDonald’s con multas y otras medidas menores. Sin embargo, cuando se habla de acabar con las relaciones jurídicas y sociales en las que se sostiene la sobre explotación de la clase trabajadora, ahí miran para otro lado o se horrorizan y dicen que ello atentaría contra la estabilidad económica del país. Pues bien, esa estabilidad económica de la que ellos nos hablan no es otra que la estabilidad de los capitalistas que se alimenta del esfuerzo y la vida de millones de jóvenes trabajadores como Alejandra y Gabriel.
Para nosotros, la precarización laboral es una consecuencia directa del sistema capitalista y su actual modelo de acumulación neoliberal el cual, en el Perú, se sostiene en el régimen político de 1993. Por tanto, luchar contra la precarización implica también luchar contra el capitalismo y ello nos lleva a recuperar el papel hegemónico de la clase trabajadora como sujeto político. Para avanzar en ese sentido es importante unificar a la clase obrera la cual actualmente se encuentra fragmentada como consecuencia de las políticas pro empresariales y el rol pérfido de las burocracias sindicales. Así mismo, proponemos luchar por una serie de medidas transicionales que nos permitan avanzar en el desarrollo de la conciencia y los niveles de organización de la clase trabajadora, dentro de estas medidas, destacamos: luchar por igual trabajo igual salario; por impuestos progresivos a los ricos para financiar la educación y la salud de las grandes mayorías; por la apertura de los libros de contabilidad de las empresas; por la expropiación por el Estado sin pago de toda empresa que cierre o despida y que esta pase a estar bajo control de sus trabajadores; por el reparto de las horas de trabajo sin rebaja salarial: trabajemos menos, trabajemos todos.
