La Audiencia Nacional ha ordenado este viernes la libertad bajo fianza para Xavier Duch, Eduard Garzón i Txevi Buïgas, tres de los CDR detenidos el pasado 23S.
La sala de apelaciones ha decidido aceptar el recurso presentado por el colectivo de abogados de la organización antirepresiva independetista, Alerta Solidaria, y decreta la fianza bajo pago de 5.000 euros.
Por su parte, la fiscalía pedía una fianza de hasta 9.000 euros, después de cambiar su criterio y argumentar que los tres investigados no manipularon explosivos. Además, el juez les impone la medida de comparecer al juzgado cada lunes y la prohibición de salir del Estado español a los tres miembros de los CDR.
Cabe recordar que el pasado 23 de septiembre Garzón, Buigas y Duch fueron detenidos juntos a otros seis miembros de los Comités de Defensa de la República, de los que cuatro de ellos aun seguirán en prisión, acusados de supuestos delitos de terrorismo y tenencia ilícita de explosivos, en un caso que fue llamado Operación Judas.
Pero si por algo destaca por encima de cualquier otro caso de criminalización a la izquierda independentista es por la vulneración absoluta de los derechos a la defensa durante las detenciones primero y después en el mismo régimen penitenciario. Además de una puesta en escena policial brutal y presiones constantes para efectuar declaraciones manipuladas por parte de la Guardia Civil, recordando todo a una aplicación de la Ley Antiterrorista de forma encubierta, tal y como han declarado en numerosas ocasiones los abogados de Alerta Solidaria.
En este sentido, los magistrados han denegado en la interlocutoria la denuncia por vulneración, detención ilegal y coacciones interpuesta por parte de la organización antirepresiva, sentenciando que "la tutela judicial se ha cumplido escrupulosamente".
No hay que olvidar tampoco que la Operación Judas contra los nueve miembros de los CDR supuso también la punta de lanza de la ofensiva de criminalización hacia el movimiento independentista previa a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas presos.
En ese aspecto, las detenciones de los nueve CDR fueron precursoras de la represión contra miles de jóvenes que salieron a las calles para responder a la infame sentencia, dejando tras de si un saldo de más de 200 heridos, 600 detenidos y decenas de presos políticos durante las primeras semanas de la revuelta catalana. Algunos de los cuales, igual que los del 23S, aun siguen en prisión provisional y otros han sido deportados a Marruecos, como es el caso reciente de Ahsraf o Ayoub, aplicándoles además la Ley de Extranjería.
Ante ello, hoy sigue siendo más necesario que nunca levantar un movimiento que coordine todos los casos de represión y luche por la absolución de todos los presos políticos y contra la deriva reaccionaria del Régimen del 78, que con la sentencia del Supremo sienta un precedente más para criminalizar y perseguir a cualquiera que ose manifestarse contra el orden establecido y el estrecho margen constitucional. | 
