Ayer se aprobó en diputados la primera ley importante del nuevo Gobierno, que hoy será ratificada por el Senado. La misma estableció como objetivo prioritario “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”, a la par que suspende la movilidad jubilatoria por 180 días y los intereses de los bancos, las mineras o las petroleras quedan favorecidos al rebajar retenciones o ni siquiera aplicarles impuestos. Las dietas abultadas de diputados, senadores, jueces o ministros quedan intactas.
A esto se suma la noticia de que el miércoles por la noche, gracias a gestiones de las empresas de medicina prepaga, el Gobierno aceptó eliminar el artículo 81 del proyecto de ley que establecía que todas las modalidades de los planes de las prepagas debían contribuir al Fondo Solidario de Redistribución del sistema, como aportan los afiliados a las obras sociales.
Con esos fondos, la Superintendencia de Salud reintegra determinados gastos de medicamentos e intervención médica de altos costos de las obras sociales y redistribuye entre las obras sociales que reciben aportes más bajos por contar con mayores afiliados de sueldos menores.
El argumento de las prepagas fue que, si se aprobaba ese aporte del 15%, deberían trasladarlo a las cuotas de los afiliados. Téngase en cuenta que en diciembre las mismas aumentaron 12% sus cuotas, y en lo que va del año, las empresas de medicina prepaga aplicaron a las cuotas de sus afiliados siete aumentos: 5% en febrero; 7,5% en mayo y luego otro 17,5% que fue escalonado en julio (6%), agosto (6%) y septiembre (6%), más otro 4% en octubre y 4% en noviembre. Un total de 48,6%.
Com estas subas, las prepagas fueron claras ganadoras con el macrismo, mientras perdían los jubilados y trabajadores con la devaluación e inflación galopante. No obstante, el Ministro de Salud, Ginés González García canalizó el reclamo.
A esto se suman algunos otros puntos de la emergencia que son contradictorios. En el art 72 suspende la incorporación de nuevas prestaciones en el programa médico obligatorio (PMO), cuestión que sobre todo reclaman obras sociales y medicina prepaga para evitar invertir más en los pacientes, como se vio hace pocas semanas en relación a los tratamientos hormonales, entre otras cuestiones.
El art 76 la ley suspende "las ejecuciones forzadas" incluyendo las medidas cautelares previstas hasta 31 diciembre del 2020. No queda claro cómo afectará esto a los amparos presentados para que, por ejemplo, se otorguen prótesis.
En el art 66 se dispone el "monitoreo" de los precios de insumos y vacunas, así como su posible importación en caso de subas injustificadas, pero nada dice sobre retrotraer el 457% de aumento de los precios que generaron las farmacéuticas en los últimos 4 años. Sobran los testimonios de abuelos que se endeudaron en el último año para intentar pagar sus medicamentos y a los que el recorte de los aumentos en las jubilaciones y el bono de $5mil no les permite cubrir esos gastos. De ellos se espera el "esfuerzo solidario" que no se exige a las farmacéuticas.
Lejos de resolver los problemas urgentes en salud, a los que se suman la falta de infraestructura y la precarización vigente en el sector que residentes y concurrentes pusieron sobre la mesa y que repercute también sobre enfermeras, prestadores, etc, etc, esta ley favorece el negocio que las empresas de medicina prepaga y farmacéuticas hace con la salud del pueblo trabajador. | 
