Novedades en la causa penal que investiga a Patricia Bullrich y el accionar de Gendarmería Nacional en el marco de las protestas contra la reforma jubilatoria de diciembre de 2017.
En la causa penal que investiga las responsabilidades de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad por la represión contra quienes se oponían a la reforma previsional de Macri que ajustaba a los jubilados, el juez a cargo del Juzgado Federal n°12, Rodolfo Canicoba Corral, ordenó por pedido de Myriam Bregman y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), que el Ministerio de Seguridad “remita nuevamente fotografías actuales de la totalidad de los agentes de la Gendarmería Nacional que portaron canes en el operativo llevado a cabo el 13 de diciembre de 2017, fotografías donde el personal deberá encontrarse sin la gorra reglamentaria, en pos de evitar confusiones al momento de la identificación”.
La reforma previsional que el gobierno de Mauricio Macri impulsó en diciembre de 2017, tuvo apoyos entre parte de los bloques de la oposición, pero también concitó muchísimo rechazo en las calles. El 13 de diciembre, tenía lugar una vigilia de algunos movimientos sociales ante el debate en la Cámara de Diputados que comenzaría el día 14. El mismo se suspendería por el nivel de represión de Gendarmería Nacional a la movilización durante la tarde del 14 en la Plaza del Congreso, posponiéndose la aprobación de la ley hasta el lunes 18 en el cual la represión sería mayor aún, pero esta vez a manos de la Policía de la Ciudad.
Ya el 13 de diciembre, un cordón formado por miembros de Gendarmería Nacional, agredió a quienes comenzaban a concentrar en las adyacencias, entre ellos diputados opositores a esa reforma que ajustaba a los jubilados, como Leonardo Grosso y Victoria Donda. La denuncia en la justicia federal fue realizada por Myriam Bregman y el CeProDH, quienes exigieron ya en esos días al juez Sergio Torres, el retiro del operativo policial que terminaría dejando un tendal de decenas de heridos por gases, aplastamiento, y manifestantes con pérdidas de ojos ante los disparos criminales de las fuerzas de seguridad.
Hasta la actualidad, han sido numerosas las maniobras del Ministerio de Seguridad para dilatar y evitar la identificación de los miembros de Gendarmería que atacaron con sus perros a los diputados. Por ello, Bregman y Aufieri han solicitado entre otras medidas, la remisión de fotos de todos los gendarmes posiblemente implicados, sin la gorra reglamentaria con la que aparecen en los legajos del Ministerio de Seguridad, a fines de evitar confusiones.
Dicha medida fue aceptada y recientemente ordenada por el actual juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, al saliente Secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, repudiado masivamente por su actuación en la represión en la Pu Lof de Cushamen, Chubut, que resultó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Según informaron los abogados del CeProDH a La Izquierda Diario, en esta misma causa, han recabado información relevante sobre el accionar de las fuerzas represivas del Estado: “por primera vez, el Ministerio de Seguridad informó de manera expresa, que sus fuerzas no se rigen por el “protocolo antipiquetes” impulsado apenas asumió su cargo Patricia Bullrich pero nunca homologado, sino por el protocolo de Nilda Garré de 2011: todo un dato. “A su vez, accedimos a los listados de todo el personal de GNA interviniente en los operativos represivos de diciembre, con un rol preponderante de personal jerárquico de inteligencia, implicado en el encubrimiento del caso Maldonado".
El organismo encabezado por Bregman, ha tomado como una cuestión de principios la defensa de distintos diputados opositores que fueron denunciados por el gobierno macrista por apoyar las movilizaciones de diciembre de 2017, entre ellos Nicolás del Caño, la propia Bregman, y algunos diputados de Unidad Ciudadana, hoy en el oficialismo, como así también de distintos manifestantes detenidos en aquellas protestas, que aún continúan imputados penalmente. Las actuales autoridades deberán remitir la información ordenada, en el marco del sentido reclamo social de avanzar contra la impunidad con la que actúan las fuerzas represivas del Estado cuando los sectores populares enfrentan el ajuste de los distintos gobiernos.
