La reunión había sido convocada para las 16 en la Casa Rosada. Para las 17:30 ya había terminado. A juzgar por la cantidad de contertulios (más de sesenta, el 95 % hombres) y por la extensión del texto firmado por unanimidad, es evidente que nadie hizo objeciones ni expresó diferencias con lo dictado por el Gobierno.
Minutos después, mientras el resto se despedía entre abrazos y chistes, tres de los participantes del cónclave dieron una conferencia de prensa. El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Acevedo y el dirigente de la CGT Héctor Daer destacaron lo “histórico” del encuentro.
“Se ha dado un hecho inédito en Argentina, todos sentados a la mesa”, dijo sonriente Arroyo. “Hay un acuerdo multisectorial amplio como nunca”, agregó Daer. “Es un placer estar acá, la UIA está muy positiva con este compromiso”, remató Acevedo.
Antes de abrir el micrófono a preguntas de periodistas (todas enfocadas a saber si habrá aumento de salarios para privados y estatales, todas respondidas con evasivas), los tres exponentes alabaron la firma del documento titulado “Compromiso Argentino de Solidaridad”, que en las horas previas la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero había distribuido entre los invitados.
“Este es el puntapié que da por cumplido lo que se dijo en el proceso electoral en cuanto a consensos”, manifestó Daer. “Este acuerdo es el puntapié inicial, ahora tenemos que empezar a trabajar con las reuniones”, complementó Acevedo. A partir de ahora, agregó Arroyo, “el Consejo Económico Social avanzará en acuerdo sectoriales, con mesas específicas y un acuerdo por sectores”.
La mesa servida
Según informaron desde la Casa Rosada, en la reunión estuvieron presentes por el lado del Gobierno el presidente Fernández, el jefe de Gabinete Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz y los ministros del Interior De Pedro, de Trabajo Moroni, de Desarrollo Social Arroyo y de Agricultura Basterra, entre otros.
Del lado de los empresarios fueron el presidente de la UIA Acevedo y representantes de las cámaras del Comercio y la Construcción, de la CAME, de Apymel y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
A su vez estuvieron Daer, Carlos Acuña, Gerardo "Batallón 601" Martínez, Andrés Rodríguez, Omar Viviani y Víctor Santa María de la CGT, Hugo Yasky y Hugo Godoy de la CTA y el líder de Camioneros Hugo Moyano.
Junto a ellos, dirigentes de los llamados “movimientos sociales” (organizaciones de trabajadores precarizados e informales) como la CCC, la CTEP, Barrios de Pie y el FPDS. En la conferencia de prensa, curiosamente, no hubo sentado ninguno de los referentes de estas últimas organizaciones, aunque para el ministro Arroyo “los movimientos sociales son parte fundamental de este compromiso”.
Entre los ausentes estuvo la mesa de enlace de las patronales agrícola-ganaderas, que había sido especialmente invitada. Tal vez no quisieron aparecer en la foto oficialista mientras en algunas regiones del interior hay manifestaciones ruteras de ese sector patronal. Sin embargo, tanto la Federación Agraria Argentina como Coninagro dijeron públicamente que el documento lo firmarían aunque no lo hacen aún porque sus direcciones no pudieron decidirlo a tiempo.
Solidaridad... con la deuda
El documento firmado por la totalidad de los presentes (que se puede ver completo abajo) se titula “Compromiso Argentino de Solidaridad”. Pero en los hechos es un compromiso del empresariado y gran parte de la burocracia sindical y de algunos movimientos sociales para darle un aval al Gobierno en su objetivo de negociar con acreedores externos el pago de la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta.
El texto arranca diciendo que como “la Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social”, es necesario “estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla”. Y agrega que “los abajo firmantes” asumen “el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia”.
Habla de construir consensos para lograr “un desarrollo inclusivo y sostenible” en función de “un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza”.
El “compromiso patriótico solidario” empezaría por “ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos” y, “a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante”.
¿Pero qué es lo urgente para los firmantes? Por un lado, “dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación”. Por otro, dar respuesta al “endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío”.
Para la primera de las urgencias, dicen que se comprometen “solidariamente” a contribuir “con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar”. Para el empresariado, podría significar resignar una pequeña tajada de las multimillonarias ganancias que tienen. Para la burocracia sindical, la justificación para pedir menos a la hora de las paritarias.
Vale decir que muchos de ellos son, precisamente, corresponsables junto a quienes gobernaron en los últimos años de que millones de trabajadoras y trabajadores hayan caído por debajo de la línea de la pobreza.
Para la segunda urgencia dicen que “la voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país”. Como se ve, si algo los compromete a todos es poner ambas cosas en el mismo plano de “urgencias”.
Así, la “solidaridad” firmada parece más de la dirigencia empresaria y sindical para con el Gobierno que con las elevaciones de la calidad de vida de millones de trabajadoras y trabajadores que, desde hace años, han visto mermar sus condiciones de existencia mientras las clases dominantes (muchos de cuyos representantes firman el documento) nunca dejaron de levantarla en pala.
En ese sentido, quienes firman el documento expresan su “confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino”. Y hasta se animan a hablar en nombre de toda la población, al afirmar que “lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país”.
Camino al pacto social
En sintonía con la idea de un “pacto social” entre explotadores y explotados impulsado por el Gobierno, los firmantes dicen aceptar “el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas”.
Por las dudas, se aclara, “no se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos”. Y en función de eso acuerdan en “la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad”.
El proyecto del Consejo Económico y Social será enviado próximamente por el Poder Ejecutivo al Congreso. Sin embargo, según el documento firmado este viernes, “hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves”. Algunos de esos acuerdos, dicen, ya consiguieron “entendimientos sectoriales” y solo faltan “precisiones técnicas”, “viabilidad jurídica” y “presupuestaria para su implementación”.
Al menos en el papel habría coincidencia en dos “temas prioritarios”: un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos” (aunque no lo firman empresarios del sector energético ni del transporte).
En ese sentido, patrones y burócratas “comprenden” que el Gobierno, ante “la carencia de información adecuada para la toma de decisiones”, haya solicitado al Congreso “facultades extraordinarias y un plazo de 180 días para acceder a esos datos y elaborar propuestas”. De la ausencia de aumento a la masa de jubiladas y jubilados que cobran apenas más de $ 19.000, ni una palabra de “solidaridad”.
Curiosamente, el documento reconoce “el efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares”. Curiosamente, porque muchos de los firmantes son o bien formadores de precios (es decir constructores de inflación) o bien dirigentes que deberían defender el salario de sus representados y no lo hicieron en estos años de decadencia del ingreso. ¿Curiosamente?
Los mismos formadores de precios firman un documento en el que se dice que “el reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe ver reforzado en su efectividad con el concurso de conductas sectoriales responsables, en especial de los formadores de precios y los eslabones más rentables de las cadenas de distribución. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo”. O el perro se muerde la cola o la firma del documento es un mero saludo a la bandera.
Son los mismos que mientras de un lado del mostrador aumentan los precios sin descanso, remarcando cada producto básico sin importarles más que su propias cuentas bancarias, del otro lado del mostrador negocian a la baja los salarios de sus empleadas y empleados, obviamente con el aval de la dirigencia sindical.
El texto sigue con un conjunto de muy buenos deseos (ya no para Navidad, tal vez para Reyes): “un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión”, “crear más empleos de calidad”, “facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción”, “fomentar el empleo joven”, “incrementar la participación de las mujeres”, “cuidar el medio ambiente” y “garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados”, entre otros.
El documento concluye con una serie de ideas funcionales al Ejecutivo. Dice que “la formulación de acuerdos requerirá el compromiso de todos los poderes del Estado” y que “la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación”.
Por último, el documento plantea que “la Argentina debe asumir unida sus desafíos” y “superar las divisiones del pasado, para construir el futuro”.
Papel mojado
Si por un lado ya estaba claro que el Gobierno del Frente de Todos no piensa poner ni remotamente la lupa sobre la deuda odiosa (es decir, en contra de los intereses populares) contraída por Macri; por otro lado, con la firma de este documento, queda en evidencia que habrá un ajuste sobre los bolsillos del conjunto de la clase trabajadora.
Antes de la reunión se especulaba que podría salir de allí algún anuncio sobre próximos aumentos al sector privado y a los estatales. Como se encargaron de aclarar Arroyo, Daer y Acevedo, nada de eso se charló.
Quien crea que el empresariado va a comprometerse en serio a no aumentar precios y sí salarios no tiene nada que envidiarle a quien aún piensa que en la medianoche del 24 fue un tal Papá Noel quien dejó los paquetes en el arbolito familiar. El papel que acaban de firmar Acevedo y compañía, mañana pueden usarlo ellos mismos para “envolver huevos”. El Gobierno, los dirigentes sindicales y los de los llamados “movimientos sociales” lo saben. Pero igual se abrazan y fotografían con ellos.
Y también saben que los miles y miles de millones de pesos que se depositarán en las cuentas de los especuladores y del FMI serán los que no se destinen a educación, salud, trabajo y vivienda. Aunque ahora firmen un par de hojas plagadas de “buenas intenciones”.
Leé completo el “Compromiso Argentino de Solidaridad” Compromiso Argentino de Solidaridad by La Izquierda Diario on Scribd
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