La noche del viernes 27 de diciembre será recordada por algún tiempo en Mendoza. Luego de ocho días de cortes de rutas en el interior de la provincia, las marchas más grandes que se recuerden dentro de los departamentos vitivinícolas, del este, el sur y el valle de Uco, y una multitudinaria movilización desde estos departamentos hacia la Ciudad de Mendoza, que fue recibida y fortalecida por miles en el centro para llegar hasta la casa de Gobierno, donde fuimos recibidos con gases, balas de goma y la carga de la policia motorizada y decenas de policías vestidos de civil. Esa misma noche, miles volvieron a llenar las calles de la ciudad repudiando la represión y reclamando por la 7722. Incluso en la Nochebuena el KM0 convocó reclamos brindando con agua en las calles.

La noche del jueves el gobernador había solicitado una tregua, diálogo, tiempo. Dijo que suspendería la aplicación de la reforma no reglamentando la Ley, y que estaba en dudas la licencia social de la misma. Pero no lo hizo con el mejor tono, trató de violentos a los manifestantes, quiso oponerlos a una supuesta mayoría silenciosa que apoyaba su política minera e insinuó la posibilidad de llamar a un consulta popular que decidiese si era legítimo o no envenar los ríos de la provincia. Y la respuesta de la calle fue contundente: esa misma noche la Plaza Independencia y la peatonal Sarmiento se llenaron de decenas de miles que reclamaban por la derogación definitiva de la ley del cianuro y la recuperación de la 7722; esta vez la marcha era mucho más grande que la anterior. Las imágenes de la multitud se viralizaron, los cortes en el interior se redoblaron, el día viernes fue un ir y venir sin rumbo en la Casa de Gobierno. Cuando cayó el sol, Suárez conovocó a otra conferencia de prensa, esta vez escoltado por los legisladores e intendentes del PJ y la UCR, para anunciar que enviaría este mismo lunes un proyecto para derogar la reforma, dijo que había escuchado al pueblo y la reforma no tenía licencia social.

La flamante Ley 9209, que reformaba la 7722 para permitir el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera, duró tan sólo una semana. Había sido aprobada por amplias mayorías de ambas cámaras tras el pacto político realizado entre el gobernador Suárez y el presidente Alberto Fernádez, anunciado con bombos y platillos tanto por los jefes parlamentarios del radicalismo como por la senadora nacional del PJ, Anabel Fernández Sagasti.

La 7722 había sido conquistada también por la movilización popular entre el 2006 y el 2007 frente a la amenaza de la megaminería. Sin embargo, la entrada en escena de un gran movimiento en la propia Ciudad de Mendoza, hizo que esta vez la fuerza que enfrentaba el avance de este crimen ambiental fuera mucho mayor. A los cortes de ruta de General Alvear y el Valle de Uco se sumaron masivas marchas en la zona este, Rivadavia, Junín y San Martín. Y una efervecencia muy grande en la propia Ciudad de Mendoza, que concentró protestas casi todos los días desde la sanción de la reforma, cada vez más masivas.

Megaminería, política de Estado y “licencia social”

El avance de la megaminería asociada a empresas multinacionales como la Barrick es una política compartida transversalmente por los partidos capitalistas de la Argentina. Las feroces disputas entre el peronismo y Cambiemos que tiñen la mayoría de las discusiones de la política nacional no tienen eco en este campo. Tanto en las campañas electorales, como en sus primeros días de gobierno, el presidente Fernández y el gobernador macrista de Mendoza Rodolfo Suárez, se reunieron con representantes del lobby de la megaminería. Y se propusieron llevar adelante una ofensiva para terminar con las limitaciones ambientales que en distintas provincias como Mendoza o Chubut tienen las prácticas más contaminantes de estas firmas.

El encargado de defender esta ofensiva hoy desde el Gobierno nacional es el ministro Hensel, proveniente de la gestión de la vecina provincia de San Juan donde la Barrick protagonizó el mayor derrame de sustancias contaminantes provenientes de la actividad minera de la historia argentina. Hensel defiende el uso masivo del cianuro y el ácido sulfúrico, con el curioso argumento de que luego de eso la Barrick fue multada y que esos fondos le permitieron fortalecer un fondo destinado a obras públicas. Durante el gobierno de Cristina Fernández, la Barrick consiguió leyes especiales para sus negocios y el desarrollo de estos emprendimientos fue de la mano del avance del fracking y el uso masivo de agrotóxicos en la pampa húmeda. Durante el macrismo, estas políticas continuaron, Cornejo se encargó de que el fracking comience a utilizarse en la provincia de Mendoza e inició las tratativas con el PJ para modificar la Ley 7722.

Este carácter de la política a favor de la megaminaría como política de Estado construyó una gran pared entre el palacio y la calle para intentar darle legitimidad a la megaminería. Luego de las elecciones, el avance de esta ofensiva, apoyada tanto desde la Rosada como la Casa de Gobierno provincial, parecía imparable a pesar de las incontables denuncias internacionales sobre los crímenes ambientales de estas multinacionales.

Sin embargo, confundieron los pactos de palacio y los edulcorados discursos de campaña electoral con un supuesto consenso social para avanzar contra una ley que había sido conquistada por la movilización popular. No solo la dramática situación de sequía y emergencia hídrica que se vive en la provincia enciende las alarmas de cualquier cosa que pueda poner en peligro este bien común tan escaso y vulnerable. Sino también la cercanía con lugares donde se han visto de cerca las consecuencias de los derrames contaminantes de la megaminería despertaron una indignación masiva, a pesar del cerco mediático, frente a las mentiras de la casta política capitalista y las campañas publicitarias del lobby.

En plena zona limítrofe con nuestra provincia, durante el 2014, la división andina de Codelco-Chile tuvo cuatro episodios de derrames que contaminaron el río Aconcagua, obligando que las poblaciones de Los Andes y San Felipe tuvieran que buscar otras fuentes de agua potable e incluso tomas para los sistemas de riego. En Veladero (San Juan), en septiembre del 2015, la empresa Barrick tenía certificadas las normas ISO 14.001 y el Código Internacional de manejo del Cianuro, pese a lo cual ocurrió el mayor derrame registrado de la historia argentina. Pese a sus papeles en regla, la empresa no había instalado un simple pero indispensable sensor de baja de presión en el circuito de solución cianurada que activara una válvula de corte automático, por lo cual durante 14 horas estuvieron fluyendo al menos 214.000 litros de solución cianurada sobre el río Potrerillos y, a través de este, hacia los ríos Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas.

Estas experiencias fueron más fuertes que las falsas promesas de desarrollo y empleo de Suárez, que los discursos redistribucionistas del kirchnerismo, y que la fría amenaza de tres presidentes que han querido avanzar en favor de la megaminería contra la 7722: Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. La “política de Estado” encontró una oposición social contundente, y la megaminería fue derrotada en las calles y rutas de Mendoza.

Ampliar el Estado o ser tribunos del pueblo

Pero las políticas de Estado no se impulsan solo a través de funcionarios de gobierno, legisladores o ministros del poder judicial. Cuando se trata de darle cobertura o impulso a medidas que requieren confrontar abiertamente con una población que se siente amenazada, el rol de las burocracias que actúa al interior del movimiento de masas es clave. No solo jugaron a favor del golpe contra la 7722 los legisladores del PJ y la UCR, varios de ellos provenientes de la Federación Universitaria de Cuyo y sindicatos de la CGT y la CTA de los Trabajadores, que votaron a favor del cianuro, sino también gran parte de los sindicatos y centros de estudiantes que ellos dirigen. Ni hablar de la casta académica universitaria, en el rol vergonzoso jugado por las autoridades de la UNCuyo y la UTN que se llamaron a silencio frente a la reforma, mientras decenas de miles marchaban en las calles y sufrían incluso la represión del gobierno.

Las burocracias sindicales, estudiantiles y sociales del peronismo y el radicalismo, actuaron no solo como un brazo del Estado dentro del movimiento de masas que intentó ahorcarlo, sino también como un eslabón indispensable de esta “política de Estado” extractivista y contaminante. Los que se llenaron la boca hablando de ocupar espacios en el Estado para usarlo en favor del pueblo, se mostraron como activos defensores de este y las multinacionales en contra del pueblo.

En contra de esta traición, los militantes de la izquierda acompañamos activamente la lucha del pueblo de Mendoza en defensa de la 7722. A quienes nos tocó denunciar y votar en contra de esta reforma contaminante en la Legislatura, lo hicimos con todas nuestras fuerzas para hacer escuchar la voz de las asambleas, los científicos, los jóvenes y trabajadores que rechazaban este crimen ambiental adentro del recinto legislativo. Pero también poniendo el cuerpo en las calles junto a Nicolás del Caño, Noelia Barbeito y cientos de compañeros que acompañaron cada movilización. Y desarrollando con La Izquierda Diario una herramienta de comunicación masiva, desde distintos lugares de la provincia, para informar al instante lo que estaba sucediendo tras el cerco mediático nacional.

Por su parte, los compañeros del SUTE (el sindicato de los trabajadores de la educación recuperado por un frente de agrupaciones antiburocráticas) buscaron fortalecer la organización y la solidaridad dentro de las movilizaciones y poner en pie un espacio de coordinación entre las Asambleas por el Agua, los autoconvocados y las organizaciones sociales, sindicales y políticas que estábamos en las calles enfrentando la reforma. Logrando que se conforme luego de distintas asambleas y debates, la Coordinadora General por el Agua y los Bienes Comunes.

Desde el Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda creemos haber colaborado modestamente con esta gran lucha del pueblo de Mendoza que ha logrado una importante victoria. Cuando decenas de políticos reformistas que decían haber llegado a la Legislatura y el gobierno para mejorar la vida del pueblo, quisieron entregar el agua de Mendoza al lobby de la megaminería. Luchamos con nuestras banderas en alto, para construir un partido de tribunos del pueblo, que denuncia los crímenes sociales y ambientales que traen las políticas de Estado de los capitalistas y acompaña cada paso que dan los trabajadores, las mujeres y la juventud luchando contra ellos. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.