Mucho se habló y se haba de la herencia recibida. Cada gobierno que comienza su gestión, no sólo en Argentina, responsabiliza a su antecesor por los problemas del país.
Mauricio Macri lo usó hasta el hartazgo, Alberto Fernández no se queda atrás, aunque utiliza un nuevo significante: tierra arrasada. Lo cierto es que el actual mandatario no falta a la verdad, aunque la comunica de forma incompleta.
Si los cambiemitas arrasaron con todo, fue porque la oposición mayoritaria se los permitió. Muchos de los que hoy integran el gobierno, de la mano del Frente de Todos, le votaron todas las leyes que necesitó el macrismo. Ni hablar de las treguas que les dió la CGT.
Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación
Si en algo no pudo avanzar, por lo menos en todo lo que pretendió Cambiemos, fue en políticas de derechos humanos. Los juicios continuaron, aunque más enlentecidos de lo que ya venían desde la gestión anterior. Eso se debe a que la forma de juzgar a los genocidas -por la desaparición de 30.000 personas, por el robo de más de 400 bebés nacidos en cautiverio, y los más de 600 centros clandestinos donde ejercieron las torturas y los crímenes- fue de forma individual por cada víctima, y no por centro clandestino o circuito represivo. Y sobre todo, porque ningún gobierno, desde Raúl Alfonsín hasta hoy, abrió los archivos de la dictadura que están en poder del Estado.
El macrismo también intentó reformar las leyes que impiden que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interior.
Si bien avanzaron con algunos decretos, la relación de fuerza expresada en las calles, como fue con el 2x1 que la Corte Suprema intentó imponer a favor de los genocidas detenidos, en el caso Miña, les impidió que pudieran avanzar en esta dirección. En tanto referentes de la coalición gobernante y el propio Macri, no se cansaban de negar a los 30.000 desaparecidos.
Juicios de lesa humanidad: En 2020 sólo comenzarán ocho
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) publicó su informe 2019. Los datos reflejan que al igual que en el 2018, hay una disminución de represores detenidos en el marco del proceso de juzgamiento.
Según la Procuraduría está previsto que en 2020 comiencen tan sólo ocho juicios con 56 represores imputados, de las más de 500 causas en trámite. En 2018 habían comenzado 12 juicios, que seguirán en trámite en su mayoría durante el 2020.
Son un total de 884 los represores que se encuentran en libertad, no sólo por el aumento de las excarcelaciones y la baja del dictado de prisiones preventivas, sino también porque durante 2019 aumentó un 14 % la cantidad de genocidas que murieron impunes. El 2019 también deja 29 prófugos, procesados por crímenes de lesa humanidad.
2019: Absolución para el genocida Milani
El ex Jefe del Ejército del gobierno de Cristina Kirchner fue absuelto este año por el secuestro y torturas de Pedro y Alfredo Olivera, lo que implica un retroceso preocupante.
Para los jueces que lo absolvieron algunos secuestros en dictadura fueron legales. En su fallo los jueces Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier manifestaron que la detención de Pedro Olivera, en marzo de 1977, no fue ilegal. Justifican los procedimientos bajo las leyes 20.840 y 21.460, esta última firmada por el genocida Jorge Rafael Videla. Esta sentencia con sus fundamentos son un precedente nefasto.
Por un 2020 de lucha por el juicio y castigo en cárcel común para todos los genocidas
A casi 44 años del golpe genocida es fundamental que se unifiquen las causas por circuito represivo, y que se juzgue a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros detenidos desaparecidos, como exigen sobrevivientes y familiares.
Es inadmisible que el próximo años nos encuentre sin la apertura de los archivos, la entrega de las nóminas de todos los que fueron parte del genocidio, para poder avanzar con los juicios y lograr el juicio y castigo en cárcel común, que es un derecho elemental para las víctimas y para las nuevas generaciones.
(In)Seguridad
En el tema seguridad, la política del gobierno de Mauricio Macri, encabezada por Patricia Bullrich, fue brutal. Los datos sobre gatillo fácil se incrementaron con respecto a los ya altos índices durante los doce años de gobiernos kirchnerista -con más de 3.000 casos-.
La herencia recibida en esta área, fue también profundizada en los últimos cuatro años. Si los gobiernos kirchneristas, dejaron crímenes aberrantes y desapariciones, como las de Luciano Arruga (después de 5 años se encontró su cuerpo), además la un testigo clave en juicios de lesa humanidad como Julio López, o el crimen de Mariano Ferreyra en manos de la patota de la Unión Ferroviaria, que contó con zonas liberadas por las fuerzas policiales, la criminalización a los trabajadores petroleros de Las Heras, la represión y crímenes contra el pueblo wichi; el gobierno de Cambiemos fue abiertamente responsable en la desaparición de Santiago Maldonado y el crimen de Rafael Nahuel.
A poco de asumir el gobierno de Cambiemos por decreto dispuso la Emergencia de Seguridad Pública. El “avance” del narcotráfico fue el pretexto para derribar aviones, utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y aumentar el presupuesto destinado a seguridad. El decreto lo único que logró fue contar con un presupuesto reservado para la represión constante de los trabajadores, los vendedores ambulantes, y la criminalización de la juventud. En tanto el crimen organizado, al que apelaban para justificar sus políticas, bien gracias.
Luego promulgaron otro decreto, esta vez para impedir las manifestaciones y los piquetes. El 24 de febrero, día que debía comenzar a regir, una inmensa movilización de trabajadores estatales, docentes y partidos de izquierdas se extendía desde Plaza Congreso, pasando por el Obelisco, hasta Plaza de Mayo. El decreto había fracasado.
En tanto Jujuy se convertía en la capital de la represión. Gerardo Morales no tardó en ordenar la detención de la dirigente social Milagros Sala, luego fueron perseguidos y reprimidos los trabajadores y las organizaciones de mujeres. Pero el pueblo jujeño nunca bajó los brazos y continúa peleando por sus derechos.
Después otro decreto le daría gastos reservados a la AFI.
También, con la Gendarmería, y la Policía Federal, reprimieron murgas barriales. Balearon a un centenar de pibes que ensayaban para los carnavales en el Bajo Flores.
Así arrancaba Cambiemos los primeros meses de sus cuatro años al frente del gobierno nacional.
El gatillo fácil se incrementó aún más luego de la doctrina Chocobar. En el último año cada 19 horas una persona es asesinada por las fuerzas represivas.
Si bien no lograron sus proyectos de reformas estructurales, dejaron cientos de muertos y represiones salvajes contra los trabajadores, la juventud, los pueblos originarios, y hasta al movimiento de mujeres. Las masivas movilizaciones por Santiago Maldonado, así como continúan siendo masiva las marchas por el aniversario del golpe cívico-militar, fueron el límite que impidió que el macrismo lograra terminar con la lucha por los derechos humanos. Así como tampoco pudieron terminar con la movilización y lucha de los trabajadores.
Como demostró el pueblo mendocino, ¿decíme que no sirve luchar?.
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