En primer momento, los usuarios podemos pensar que "el chófer ya se rayó, voy trabajar solamente para alimentar a la familia del chófer." ¿Pero qué tan cierto es esto?
En el Estado de donde salió el ex presidente priista, y que hasta donde se sabe vive en el extranjero sin preocupaciones de dinero, se tiene contabilizado 370.000 unidades de las cuales diariamente, están en circulación 180 000, según datos del secretario de movilidad de esta entidad.
¿Estás 370 000 unidades de transporte público, de quiénes son? Estás unidades no son del Estado de México, ni mucho menos de los choferes (salvo casos puntuales) en su gran mayoría son propiedad de particulares, son propiedad de los dueños de las empresas que tienen la concesión para brindar "servicios de transporte y movilidad", a cambio de recibir unas cuantas monedas por hacernos el "favor" de "llevarnos" al trabajo, a la escuela, la casa o donde queramos.
Es decir, si nos asaltan o si llegamos a morir en el transporte público, el Estado es responsable en segundo término; garantizar un transporte público y de calidad está por detrás o mejor dicho, ausente de las negociaciones de la Secretaría de Movilidad y de los concesionarios.
Si realmente se quisiera mejorar la calidad del transporte, se tendría que estatizar todas las unidades en función y planear rutas de movilidad acorde a las necesidades de los usuarios. Pero para el gobierno priista y para los dueños del transporte, lo que les importa es tener una fuente de ingresos saludables y obtener ganancias.
Planificar el transporte y ponerlo al servicio de los usuarios.
Anteriormente se había comentado algunos costos sobre los gastos semanales, mensuales y anuales que una sola persona puede hacer, y que para una familia va a ser ahora más complejo poder sortear.
Con 104 millones de viajes diarios en transporte público, y que sabemos que no es tan público, sino que le pertenece casi en su exclusividad a empresas privadas, el aumento de la tarifa viene de la mano con el “aumento de la cuenta”, es decir del dinero que se recauda con los millones de viajes que hacemos a diario, terminan en manos de los dueños del transporte.
Tener un transporte realmente público, eficiente y de calidad no es un sueño, o algo que vaya a suceder en un siglo; es posible y realizable. Las miles de unidades que al día se movilizan y nos llevan al trabajo, a la escuela o a los centros de salud, son movidas por trabajadores del transporte, no por sus dueños.
El transporte público en manos de los trabajadores y estatizado (fuera de las manos privadas) eliminaría de golpe las ganancias de los empresarios, y reduciría las tarifas a montos mucho más accesibles.
De la mano con la estatización del transporte, los conductores podrían realmente planificar las rutas en consulta con los usuarios, se llevaría a cabo obras de infraestructura que favorezcan transportes más amplios y cómodos, mientras que el servicio del Mexibús, el Metrobús y el Tren Suburbano, brindarán una mejor movilidad y la generación de contaminación se reduciría drásticamente, la exclusión social que la ciudad impone a la periferia se aminorara.
Con el transporte bajo gestión de sus trabajadores y financiado por el Estado con dinero que se recauda del mismo trabajo de la población este quedaría subsidiado completamente; ir al trabajo, a la escuela, al médico o salir a pasear para disfrutar de la vida dejaría de ser un negocio.
Es necesarios quebrar la lógica del actual sistema de movilidad, pues estos son diseñados y planeados desde la visión de las ganancia, no es raro que en décadas se haya incentivado con gran fuerza el uso de vehículos particulares (factor que favorece a la industria automotriz), mientras que los medios colectivos de transporte se hayan arrojado a manos de particulares. | 
