El año pasado terminó con un dato que alarma: una mujer es asesinada cada 22hs en nuestro país. Un porcentaje mayor al año anterior, según el Observatorio Ahora que Si nos ven, cuando el número de una mujer asesinada cada 27hs ya era preocupante. (Fuente Diario Z)
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo una encuesta a fines de 2018 por el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Dirección General de la Mujer, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Dirección General de Estadística y Censos, que arrojó los siguientes datos:
El 59% de las mujeres sufrió algún hecho de violencia por sus parejas y sus ex, la mayoría de entre 18 y 49 años.
El 53% de las mujeres que sufrieron algún hecho de violencia por su actual pareja fueron sometidas a violencia psicológica, el 23% resultaron expuestas a violencia económica, el 21% padecieron violencia física y el 13%, violencia sexual.
Del relevamiento participaron más de 1.800 mujeres y se apuntó a conocer datos sobre los distintos tipos de violencia que han atravesado las mujeres mayores de 18 años en el ámbito doméstico y en sus trabajos. La encuesta se enfocó en violencia doméstica realizada por la pareja actual o anterior en los últimos doce meses o alguna vez en la vida.
Esta encuesta arroja que 6 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia. Pero mientras que los números aumentan, el presupuesto destinado desde el Estado a esta problemática es cada vez menor o directamente se desconoce, como es el caso del actual período para la Ciudad.
El Estado es responsable
En los últimos años, el presupuesto que destina el gobierno de Larreta en la Ciudad a las mujeres víctimas de violencia es cada vez menor. Durante el 2019, fue de $11 por mujer. Ese presupuesto fue aprobado en 2018.
Para el año 2020 se aprobó en la Legislatura por "primera vez" un presupuesto con “perspectiva de género”.
Según comunicados oficiales, esto consiste en "una estrategia para visibilizar y analizar las acciones presupuestarias destinadas a mujeres y promover la igualdad”. Sin embargo, no hay claridad de cuánto será ese presupuesto, ni para qué medidas y acciones.
Esta situación no es nueva, ya que durante los años del gobierno de Macri en la Ciudad, se desfinanció el área y se cerraron programas de protección de derechos de las mujeres.
En 2016 y 2017 las trabajadoras y trabajadores de la Dirección General de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat ya denunciaban el vaciamiento de programas para la asistencia a las mujeres víctimas de violencia. Durante 2017 hubo despidos, y no sólo el gobierno no cumplió con el aumento prometido de 25 millones más respecto a 2016, sino que incluso se destinaron 10 millones menos, tal como denunciaron sus trabajadoras en una carta abierta.
Irónicamente, en 2018 el gobierno de Larreta destinó $130.421.300 para financiar a la Iglesia Católica. $46.800 fue el sueldo mensual de un obispo diocesano, al igual que un administrador apostólico y diocesano. El haber de un obispo auxiliar alcanzó los $40.950, como el de los eméritos. (Fuente Télam)
A su vez, destinó más de 1200 millones de pesos para sostener el funcionamiento de los 64 colegios que dependen del Arzobispado y los 240 que pertenecen a las diferentes congregaciones del culto católico, según datos oficiales del ministerio de educación porteño. (Fuente Ambito)
Este presupuesto es votado cada año por el bloque de Cambiemos junto a los distintos bloques peronistas como el de Unidad Ciudadana.
Es pertinente además recordar que a más de diez años de sancionada la Ley Nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, ningún gobierno le otorgó hasta el momento el presupuesto necesario para su implementación, lo que lleva a que quede en manos de los propios municipios el cumplimiento de este ley.
A pesar de ser la Ciudad más rica del país, según datos oficiales, hay sólo 5 refugios para mujeres en la Caba (unidades convivenciales para mujeres y sus hijas/os que sufren o hayan sufrido alguna situación de violencia y que no cuentan con un alojamiento seguro), y 15 centros integrales de la mujer (que ofrecen asistencia a mujeres víctimas de violencia de género). Algo totalmente insuficiente teniendo en cuenta que, según los datos citados más arriba, casi un 60% de las mujeres en la Ciudad sufrieron algún tipo de violencia por parte de sus parejas.
La importancia de la movilización de las mujeres
Todas hemos sido testigos y parte de la movilización de las mujeres durante los últimos años. El movimiento Ni Una Menos, que nació en nuestro país en el año 2015 y se extendió mundialmente da cuenta de que las mujeres no nos callamos más. Durante el año 2018, la marea verde que peleó y sigue peleando por la legalización del aborto seguro, libre y gratuito, arrasó con los dinosaurios de la Iglesia, el gobierno y el Senado. A pesar de que no fue aprobada, la enorme lucha sigue latente.
Esto es fundamental para empezar a dar vuelta la historia, para pensar en una sociedad sin opresión. Pero al ir a los números concretos, vemos que hace falta mucho más.
Los gobiernos son los principales responsables de reproducir la violencia machista que hace que las estadísticas continúen siendo alarmantes, porque se siguen muriendo mujeres víctimas de femicidios. La falta de políticas públicas, la falta de financiamiento a los programas elementales de protección a los derechos de las mujeres, contrasta con los subsidios millonarios a la Iglesia católica y las escuelas religiosas.
En 2015 desde las bancas del FIT junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, tanto a nivel nacional como en la Ciudad, se presentó un Plan de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que consiste en la urgente e inmediata creación de refugios transitorios, subsidios a las mujeres, planes accesibles de vivienda a corto plazo, basado en la creación de impuestos progresivos a las grandes fortunas y corporaciones inmobiliarias. Un programa mínimo y elemental de urgencia para las mujeres en esta situación. A la vez que se presentó un proyecto para terminar con el financiamiento a la Iglesia católica.
Es imperioso que continúe desarrollándose la organización y movilización de las mujeres. El Poder Ejecutivo es totalmente responsable de que los números que muestran la violencia de género sigan creciendo. Debemos exigir en las calles la aplicación de las leyes que representan avances en materia de protección de derechos. Y para esto el gobierno debe destinar presupuesto y financiamiento a la prevención y tratamiento de esta problemática contra la que luchan las mujeres. | 
