La huelga fue anunciada en septiembre del año pasado por unos 10 sindicatos en respuesta a las políticas oficiales contra los trabajadores. A las demandas originales que incluían, entre otros, aumentos de salarios y freno a las privatizaciones, se sumaron los reclamos contra la polémica ley de ciudadanía, discriminatoria contra la comunidad musulmana. Los convocantes hablan de más de 250 millones de personas movilizadas.
El premier Narendra Modi, en su segundo mandato, anunció el pasado septiembre que recortaría los impuestos corporativos del 35% al 25%, lo que se suma a los intentos de modificar las leyes laborales del país en beneficio de las grandes empresas privadas. Los sindicatos mayoritarios respondieron con un llamado a una huelga general para el 8 de enero con reivindicaciones mayormente económicas y contra los intentos de privatización de compañías estatales. En noviembre la Ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman anunció la venta de Air India y Bharat Petroleum a las que posiblemente se sumarían la naviera Shipping Corporation of India y la compañía logística Container Corporation of India. Cientos de miles de trabajadores indios podrían perder sus empleos si estas ventas se ejecutan, empeorando la ya grave situación del país que tiene la tasa más alta de desempleo de los últimos 45 años.
En las últimas semanas unos 175 sindicatos de granjeros y trabajadores rurales sumaron su apoyo a la huelga, junto con más de 60 organizaciones estudiantiles.
Al descontento con estos ataques se sumó la bronca por el anuncio de una ley de ciudadanía que permitiría el acceso a la nacionalidad india a migrantes, excluyendo expresamente a quienes profesen la religión musulmana. La ley, anunciada a principios de diciembre, desató un descontento generalizado que se convirtió en movilizaciones a lo largo y ancho del país ya que es abiertamente discriminatoria contra los musulmanes, que son el mayor grupo de inmigrantes del país, pero además porque sienta un peligroso precedente en la región de discriminación religiosa.
"Salvad la Constitución, retirad la Ley de Ciudadanía" fue uno de los lemas en contra del proyecto de ley coreados este miércoles en la capital india junto a los eslóganes contra las políticas económicas del Gobierno.
Al menos 25 personas han muerto en la ola de protestas contra la enmienda legal y la intención del Gobierno de realizar un censo para identificar a los inmigrantes irregulares en el país, similar al realizado en el estado nororiental de Assam en agosto y que excluyó a casi dos millones de personas.
“La clase trabajadora está hoy en las calles”, afirmó el líder sindicar Amarjeet Kaur en declaraciones públicas. También aseguró que entre el 90 y el 100 % de los trabajadores en los sectores de defensa, carbón, petróleo, hacienda y servicios se había sumado a la huelga en 15 o 16 estados.
La huelga afectó al transporte, los servicios bancarios y el comercio en numerosas ciudades de la India y, aunque tuvo un especial seguimiento en los estados de Bengala (este) y Kerala (sur), los trabajadores también salieron a las calles en ciudades como Nueva Delhi o Chennai al sur del país.
El panorama es oscuro para el Modi, cuyo gobierno anunció un crecimiento del 5% este año contra un 6,8% del año pasado. Esta pérdida se debe principalmente a un mal rendimiento de los sectores de manufactura, cemento y energía. El rechazo tanto al programa económico neoliberal como a las políticas discriminatorias prometen ser la piedra del zapato del premier indio. | 
