El Gobierno nacional volverá a implementar los subsidios al transporte público de pasajeros a los empresarios del sector. La promesa es que Nación desembolsará unos 5 mil millones de pesos para las diferentes provincias, casualmente un cifra parecida a lo que según decían los economistas en los medios, el Gobierno se habría ahorrado con la baja del sistema de indexación de aumentos a las jubilaciones.
Según declaró el secretario de Transporte de Córdoba a radio Mitre, las empresas podrán comprar el gasoil a unos 20 pesos (hoy en las estaciones YPF está a $ 51, 31 el litro), además abonará alrededor de unos 15 mil pesos del salario por chofer y trabajadores en general.
Habrá unos 100 millones de pesos adicionales para la provincia que se comprometió a mantener el boleto congelado por 120 días.
Del total de los 5 mil millones a Córdoba le corresponderían unos 1.238 millones de pesos, alrededor de un 25 por ciento del total asignado. De ese monto, un 50 % irá para la Municipalidad.
Mestre, Romero y la continuidad del modelo en el PJ
Durante sus gestiones en la intendencia Ramón Mestre le otorgó a un viejo amigo familiar, Juan Carlos Romero, dueño del Grupo ERSA, alrededor del 75% del total del trasporte público urbano. Prácticamente un monopolio.
En total, le quitó 11 líneas al Estado y se las dio a Romero sin licitación, concurso o garantías.
Ante la escandalosa maniobra, y para dar cierto marco de legalidad, le otorgó algunas líneas a Autobuses Santa Fe. La cuestión es que esta empresa era una pantalla de la cual también estaba detrás ERSA.
Según se cuenta, la relación entre los Romero y los Mestre se remonta a la época en que Ramón Mestre padre (uno de los responsables políticos de la masacre de diciembre de 2001, ya que era Ministro del Interior), ocupó el cargo de interventor de la provincia de Corrientes durante el gobierno de la Alianza.
Esa relación fructífera en negocios hizo que ERSA se fuera quedando poco a poco con la mayoría de las líneas y recorridos de la ciudad.
En un reciente proceso a principios del año pasado se le prohibió a Romero la salida al país por presentarse a concurso preventivo debiendo el valor de unos 300 salarios mínimos a sus trabajadoras y trabajadores. Recordemos que el grupo maneja el transporte urbano en Córdoba, Corrientes, Resistencia, Santiago del Estero, Santa Fe y Paraná.
Todos unidos contra las y los trabajadores
En junio de 2017, las trabajadores y trabajadores del transporte fueron a un prolongado paro en reclamo por la intervención del gremio provincial por parte de UTA Nacional, por salarios, condiciones laborales, y por el estado deplorable en que se encontraban las unidades.
Las y los choferes ponían así en conocimiento de la población que los colectivos que circulaban corrían constante riesgo de sufrir accidentes y que aquellas unidades que se iban rompiendo no eran reparadas y por lo tanto había cada vez menos ómnibus en circulación, empeorando así el servicio y las frecuencias.
La unidad de la burocracia de UTA, de los gobiernos provincial y municipal, y el constante ataque mediático a quienes mantenían la lucha fue tal, que el conflicto terminó con 183 despidos, entre ellos muchas trolebuseras, la mayoría sostenes de familia.
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Un subsidio a las patronales
En septiembre de 2018, Mauricio Macri quitó el subsidio nacional al transporte público a las provincias, una caja de miles de millones sin ningún tipo de control. El gobierno de Alberto Fernández vuelve a implementarlos intentando dar un marco de mayor claridad en el manejo de los fondos. Pero la cuestión no es solo la discusión de la transparencia, sino la de seguir subsidiando a un empresariado parasitario que vive a costa del Estado, que no realiza ningún tipo de inversión en el sistema y que a lo único que se dedica es a realizar lobby para conseguir regularmente aumentos de las tarifas, multiplicando así sus millonarias ganancias y afectando directamente los bolsillos de millones de trabajadoras y trabajadores.
Como bien denunció la concejala Laura Vilches en la última sesión del legislativo Municipal, desde el Frente de Izquierda Unidad se propone que el servicio de transporte público deje de ser un negociado y pase a estar bajo control de trabajadoras, trabajadores, usuarios y usuarias, quienes son los verdaderos interesados en tener un servicio seguro y de calidad. | 
