Si el gobierno ya venía con una línea represiva y criminalizadora en contra de las movilizaciones, estas semanas lo vimos traducido en la política de “Tolerancia Cero” del intendente metropolitano, Felipe Guevara, quien actuó copando la Plaza de la Dignidad con más de mil carabineros, y se convirtió en el responsable político de la muerte de Mauricio Fredes, y del brutal atropello que sufrió el joven Óscar Pérez.
Con esta línea el gobierno pretendió que el lunes y martes se realizara la PSU (Prueba de Selección Universitaria) con completa normalidad. Sin embargo, desde la ACES y la CONES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios) llamaron al boicot de esta prueba que año a año segrega al 60% de los estudiantes que la rinden.
De este modo, las y los estudiantes y la juventud pasaron a ser el principal objetivo de la represión y los dirigentes de la ACES, Victor Chanfreau y Ayelén Salgado, los enemigos públicos del gobierno.
Desde el gobierno anunciaron que aplicarán la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de 34 estudiantes de la ACES que convocaron al boicot- incluidos los voceros ya mencionados-, en un hecho escandaloso que se volvió debate nacional, pues se trata de la aplicación de una ley creada en dictadura y que existe para criminalizar las movilizaciones sociales y a quienes se manifiesten. Esta misma normativa es la que presentó el gobierno de Piñera contra el dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), Dauno Tótoro.
Asimismo, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, señaló que solicitarán que el DEMRE margine del proceso a las y los estudiantes que hayan participado en las movilizaciones en contra de la PSU, lo que incluso fue denunciado desde la Defensoría de la Niñez, entidad que afirmó que el gobierno y autoridades no tienen facultad para arrebatarles a miles de jóvenes su derecho a poder acceder a la educación superior.
En este sentido, mientras aún están sin cumplir ninguna de las demandas sociales, el gobierno solo ofrece más represión. Aunque el gobierno criminal quiera hacernos creer que unos pocos “afectaron gravemente el derecho de acceder a la educación superior de estudiantes y que afectaron también a sus familias”, la verdad es que el sistema PSU y de pruebas estandarizadas dejan fuera de la universidad a aquellos más pobres, que no pueden acceder a una educación de calidad (que es pagada) o a preuniversitarios. En este sentido, es la derecha y este gobierno los principales enemigos de la educación como un derecho universal para todes, y los más acérrimos defensores de la educación heredada de la dictadura (y que también fue mantenida por todos los gobiernos de la ex Concertación).
Ante el conjunto de la agenda represiva del gobierno de Piñera, que mantiene a más de 2.000 jóvenes encarcelados en este proceso de movilizaciones sociales, es urgente que levantemos una amplia campaña unitaria y nacional, para enfrentar la represión, la criminalización a quienes luchan, y para acabar con la impunidad. ¡Libertad a todas y todos los presos políticos!
Un ejemplo entre todos los casos de presos políticos fue el de Licanantai Corrales, joven atacameño, quien por un montaje de Carabineros cumplió más de 30 días en prisión preventiva. Sin embargo, este sábado, tras la confirmación de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Licanantai quedó en libertad, despertando la felicidad de amigos y familiares que habían convocado a concentrarse en las afueras de la Corte para seguir el resultado.
La libertad de Licanatai nos tiene que llenar a todos con un enorme regocijo, pues muestra que sí sirve luchar y que es necesario hacer frente a la represión, organizando la solidaridad con todos los presos por luchar y contra cualquier ataque represivo del gobierno y sus autoridades. No obstante, no podemos bajar los brazos, pues aún quedan más de 2.000 personas encarceladas, como el joven aymara Alexis Copa, preso en Alto Hospicio. ¡Tenemos que redoblar esta campaña en contra de la represión!
Si esta campaña fuera impulsada por la ACES, CONES, Confech, y por organismos sindicales y de trabajadores/as como la CUT, Colegio de Profesores, Mesa de Unidad Social, podríamos estar mejor preparados para hacerle frente a la represión del gobierno, para ponerle fin a la impunidad y liberar a todos nuestros compañeros que aún se encuentran encarcelados.
Es urgente impulsar una gran campaña nacional que también sea levantada por organizaciones de Derechos Humanos, de la izquierda y sociales, donde luchemos por juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de las violaciones a los Derechos Humanos, y por poner freno a la impunidad, que mantiene a carabineros responsables de torturas, asesinatos, golpizas, entre otros vejámenes, en libertad o con condenas irrisorias.
Levantemos con la máxima unidad en las calles, una gran campaña democrática y contra la represión, y por acabar con toda ley y normativa criminalizadora, como es la Ley de Seguridad Interior del Estado, utilizada por este régimen heredado de la dictadura, para perseguir a luchadores/as y desarticular cualquier movilización social.
¡Basta de represión y criminalización! ¡Abajo la Ley de Seguridad Interior del Estado! ¡Libertad inmediata a todos los presos políticos de las movilizaciones! ¡Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de las violaciones a los Derechos Humanos! |
