El jueves 9 de enero se instaló la audiencia para Dora Calle de 21 años y Cristian Calle de 22 años, quienes fueron detenidos por las pititas de ciudad Satélite y entregados a la policía. Los sindican con cargos de sedición y terrorismo. Una vez instalada la audiencia se procedió a la verificación de la documentación exigida a los imputados con el fin de probar que no hay riesgo de fuga ni obstaculización al proceso. Sin embargo, según la ley debería ser la fiscalía la responsable de probar estos riesgos procesales.
El juez rechazó la cesación de la detención preventiva –que ya lleva dos meses- de Dora y Cristian con dos observaciones poco relevantes. El abogado de la defensa señaló que “las observaciones fueron que no se adjuntó la fotocopia de la cédula de identidad ni el croquis del domicilio de ambos detenidos”. Fue por esta situación que la fiscal del caso, Elva Sanjinés, decidió retirarse a la mitad de la audiencia señalando que dicha audiencia sea cancelada hasta subsanar las observaciones realizadas por el juez. Esto generó descontento, frustración y molestia en los familiares y detenidos.
Eddy, el hermano mayor de Cristian y Dora señaló que la policía encargada de adjuntar todos los documentos no lo hizo, puesto que fue él quien realizó la verificación del domicilio y quien no anexó los documentos requeridos por tanto fue un descuido del ministerio Público, y pese a haber presentado pruebas fehacientes del lugar de residencia de sus hermanos no es aceptado. Dentro de estas irregularidades suscitadas, señaló también que el NIT original del lugar de trabajo presentado por los familiares fue escondido por parte de la policía sin embargo el juez se percató de ello y pudo corroborar que el documento original estaba presente dentro de la documentación.
Frente a esta situación Eddy dijo: “vamos a seguir peleando hasta el último, hasta sacarlos a ellos (Cristian y Dora), a los dos inocentes […] vamos a seguir peleando hasta sacarlos libres a todos los detenidos del 11 de noviembre, en caso de no soltar a los detenidos hasta el 23 de enero, vamos a entrar en huelga de hambre, si es posible vamos a ir a la muerte nosotros, estamos dispuestos. Vamos a pelear por los detenidos, los 28 detenidos que están inocentemente, hasta yo mismo he sido víctima de la policía el día 12 de noviembre allá en la FELCC de la ciudad de La Paz, donde no podíamos filmar, no podíamos entrar, quitaron celulares, los celulares nos quitaron, borraron las imágenes donde estábamos grabando”.
Hay que señalar que las observaciones de la fiscal y del juez, no priorizan el derecho constitucional a la libertad sobre elementos de mera formalidad como es la fotocopia del carnet de identidad o las observaciones en el croquis del domicilio. Esto significa para las víctimas, hoy imputadas, mayores riesgos de daños en su integridad física y psicológica día tras día que pasan en celdas, vulnerándose el derecho constitucional a la presunción de inocencia, y la detención preventiva como último recurso. El juez del juzgado quinto de instrucción penal de El Alto pareciera desconocer la jerarquía constitucional y la regla establecida en la Ley de abreviación procesal penal N° 1173 que en consonancia con la constitución establece que la libertad es la regla.
Van más de dos meses, que en palabras del abogado "la Fiscalía no ha podido demostrar que Cristian y Dora hayan cometido ese delito, y continúa en etapa de investigación", y pese a que nuestra Constitución establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la Fiscal observó como elemento de rechazo de la cesación de medidas cautelares que "los imputados no han demostrado que no cometieron estos delitos".
Llamamos a la solidaridad con Dora y Cristian así como con todos los y las detenidos y víctimas de las masacres, como fue calificado por el informe de la CIDH, de Sacaba y Senkata. |
