El nuevo gobierno será el primero en tener que cumplir con las limitaciones austericidas del artículo 135 de la Constitución. La reforma de este artículo fue aprobada por los votos del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy con el único apoyo de UPN en 2011, en medio de la crisis.
La coalición “progresista” tendrá que aprobar unos Presupuestos Generales del Estado bajo el cumplimiento obligatorio (a diferencia de los pasados años) del 135 y por lo tanto de la austeridad.
La reforma del artículo 135 de la Constitución fue efectuada a espaldas del pueblo trabajador, para blindar los ingresos y gastos del Estado al pago de la fraudulenta deuda externa. En el momento de su aprobación, sirvió como una garantía de estabilidad para los mercados, pero a costa de hipotecar el futuro de varias generaciones.
En el momento en que fue aprobado era imposible cumplir con requisitos tan duros para rebajar el déficit, por lo que se impuso una moratoria: el artículo sería efectivo nueve años después, en enero de 2020. “Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural”, con tan solo un desfase del 0,4% del PIB, y limitación al 60% del PIB el nivel de endeudamiento” se estableció.
Y aquí estamos, nueve años después, con una medida que encorseta aún más los presupuestos del Estado a las exigencias de recortes de Bruselas. Si hoy mismo se quisiera cumplir con los parámetros establecidos por la UE, el Estado español debería recortar nada menos que 25.000 millones de euros de sus presupuestos y rebajar la deuda pública en más de medio billón, obligando a ayuntamientos, comarcas y diputaciones a efectuar duros recortes.
El problema adicional es que, si el gobierno incumple esos objetivos de déficit, los presupuestos podrían ser recurridos por la oposición ante el Tribunal Constitucional, porque se estaría violando una ley de la carta magna. Y no cabe duda de que la oposición buscará poner palos en la rueda.
El gobierno de coalición apuesta por convencer a Bruselas que le otorgue todavía una cierta tregua, flexibilizar un poco los objetivos del déficit, para así poder encarar los nuevos presupuestos con menos recortes.
Nadia Calviño espera negociar con Bruselas un déficit del 1,7% y de este modo moderar los recortes hasta 8.000 millones de euros (que buscaría compensar con aumentos en la recaudación fiscal). Aún así, el margen para algun tipo de reforma social progresiva es casi nulo.
El artículo 135 fue blanco de todos los ataques de Podemos y de IU en los últimos años. En el 2016, Pablo Iglesias aseguraba que era “escandaloso que los que se llaman constitucionalistas sean los autores de los recortes o de la reforma del artículo 135”.
Y en tiempos mucho más cercanos, en julio de 2019, polemizaba con el entonces presidente en funciones Pedro Sánchez, diciendo: “Queremos que se cumpla la Constitución, no como cuando el PP y el PSOE cambiaron el artículo 135 para arrodillar la soberanía de nuestro país".
Ahora todas esas denuncias han quedado en el olvido. Parece que ya no se acuerdan los líderes de Podemos e Izquierda Unida de lo que sostenían hacia solo algunos meses sobre el artículo 135. Ambas formaciones han ingresado en el gabinete de ministros liderado por el PSOE y entran en el juego de los partidos tradicionales, con una retórica progresista y una práctica neoliberal.
Hoy más que nunca es necesario luchar contra este régimen político blindado por una constitución antidemocrática que impone recortes a cambio de pagar la deuda. | 
