La grave explosión de esta semana en la planta química IQOXE de Tarragona y que se ha cobrado ya tres vidas, ha puesto en evidencia, entre otras cuestiones, la codicia de los grandes empresarios, maximizando hasta límites altamente peligrosos sus beneficios a expensas de la contaminación ambiental y la propia vida de los mismos trabajadores.
Desde la agrupación juvenil Contracorrent denunciamos la actividad de la dirección de la planta, poniendo en peligro, no solo las vidas de los trabajadores, sino de toda la población de los municipios próximos a la zona de la catástrofe.
Cabe que destacar que el propietario de la planta es una de las principales fortunas del Estado español y fundador de la marca joyera Cristian Lay. Ricardo Leal es propietario también de CL Grupo Industrial, grupo bajo el cual controla IQOXE.
Una de las denuncias más escuchadas durante estos días ha sido la de que la dirección de la planta no hiciera saltar la alerta de emergencia a través de las sirenas ni pusiera en marcha un plan de emergencia inmediatamente.
Visto lo cual, no es de extrañar que IQOXE tenga un historial lleno de negligencias laborales. En 2015 la planta fue sancionada por el propio Govern de la Generalitat con 20.000 euros. Aun así se ha podido saber que una inspección de Medio Ambiente detectó que las instalaciones habían producido una cantidad de óxido de etileno por encima del que tenía autorizado la planta.
Además, durante los últimos años la empresa química ha sufrido hasta cuatro sanciones más par parte de Inspección de Trabajo. Tres de estas sanciones fueron por incumplimientos en materia de salud y seguridad, y la otra por aspectos relacionados con las condiciones de trabajo. Sanciones ridículas que van entre los 2.000 y 8.000 euros, si las comparamos con la facturación de 148 millones de euros del grupo y un beneficio de 18,2 millones registrado en el último estado de cuentas (2018).
Y es que desde el Govern de la Generalitat se ha actuado también en numerosas ocasiones con pasividad y complicidad hacia estas empresas químicas, garantizado las ganancias mil millonarias de sus directivos.
No obstante, IQOXE es solo una de las múltiples empresas que forma parte del complejo industrial petroquímico que se encuentra en el Camp de Tarragona. Desde hace décadas el complejo industrial es un foco de contaminación grave para las poblaciones de los municipios próximos a la zona. Y es que durante los últimos años se han detectado contaminantes por encima de lo permitido: benceno en Constantí o butadieno en los municipios de Morell y Puigdelfí.
En ese aspecto, en 2018 un juez determinó que el origen de la dolencia cancerígena de un trabajador de otra de las plantas era producto de las tareas que Repsol encomienda como empresa operadora del complejo petroquímico de Tarragona.
Por otro lado, aparte de la contaminación que vierte, la empresa IQOXE también viene siendo cuestionada por aumentar sus beneficios en base a la explotación de sus trabajadores, precarizando las condiciones laborales y de seguridad e invirtiendo muy por debajo en las infraestructuras de la propia fabrica.
Según Antonio Sánchez, miembro de CGT Tarragona y también operador en una de las petroquímicas, indicaba esta semana a través de una entrevista que se producen incidentes constantemente, y que estos son ocultados por el secretismo patronal, y denunciaba que "lo que pasa dentro de una empresa se queda allí dentro y nadie tiene acceso". Según Sánchez, muchas de estas empresas "generan una política de miedo hacia los trabajadores que hace que se autocensuren y que incluso tengan la falsa sensación de ir contra ellos mismos si filtran su situación".
Por último, y volviendo a la responsabilidad que tienen también las administraciones, es significativo como en la planta IQOXE se encuentra también un ejemplo mas de las puertas giratorias entre políticos y empresas. Su consejero delegado, el mismo que ha hecho de portavoz en nombre de la empresa estos días ante los medios, José Luis Morlanes Galindo, fue uno de los hombres fuertes de José Montilla durante su época como presidente de Catalunya y líder del PSC.
Morlanes también fue regidor del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat por el PSC entre 1991 y 2007. Además, entre el 1999 y el 2004 ocupó el puesto de teniente de alcalde de urbanismo, infraestructuras y vivienda y presidió el Consejo Comarcal del Baix Llobregat. Un ejemplo de la connivencia entre políticos y grandes empresas y que en este caso deja a cuerpo descubierto como los accidentes laborales y ambientales tienen también responsables políticos.
Desde ContraCorrent estamos convencidos de que solo la clase trabajadora puede erigir un sistema anticapitalista en el que la producción en la industria pueda ser respetuosa ambientalmente y se oponga a las ganancias capitalistas a expensas de la salud laboral de los trabajadores y las poblaciones próximas. | 
