Fotos: Facebook de Sergio Heredia
Heredia habla desde una iglesia de Choele Choel, donde hace años vive refugiado para que el entramado mafioso del poder no lo mate. Desde allí, por teléfono, denuncia el intento de la justicia de llevar todo a “fojas cero” para que nadie quede detenido ni procesado. Un caso testigo que muestra cómo, en plena “década ganada” para las corporaciones agrícolas, la clase trabajadora (en este caso del campo) se sigue enfrentando a los métodos más crueles de explotación y opresión.
Ustedes dicen que el caso de la desaparición y muerte de Daniel Solano lo tienen esclarecido pero que hay un entramado mafioso para no hacer justicia.
El caso de Daniel Solano está esclarecido desde mayo de 2013. La querella investigó y descubrió el caso. El propio padre de Daniel, Gualberto Solano, se lo dijo al fiscal: “A mi hijo lo mataron los siete policías que están detenidos; Sandro Berthe, Balvera, Velver y los demás”. Eso fue en mayo de 2013. Y le dijo también quiénes fueron los autores ideológicos, Pablo Mercado, Gustavo Lapenta y Adrían Lapenta, los dueños de Agrocosecha, que es la empresa tercerizada que trabaja para ExpoFrut y en la que estaba contratado Daniel.
En la causa hay veintidós imputados, todos policías. Trece están procesados y hay siete detenidos. Todavía faltan los civiles cómplices involucrados en el caso, centralmente los dueños de las empresas, la jueza Marisa Bosco y el fiscal Miguel Flores que tienen mucha responsabilidad en los hechos ocurridos. Es terrible el entramado que hay, ni en los juicios de lesa humanidad hay tantos policías imputados.
¿Por qué denuncian a los empresarios como los autores ideológicos?
Nosotros decimos que la muerte de Solano es por una gran estafa de la empresa hacia los trabajadores, que se quedaba con parte del dinero que les correspondía a ellos. Calculamos que son unos 18 millones de pesos.
Ustedes vienen planteando que los patrones de Daniel son parte de un entramado judicial, policial y político más general, donde está también implicada la multinacional ExpoFrut.
Es así. Agrocosecha es una empresa cordobesa que en Choele Choel terceriza trabajo para ExpoFrut. Para eso trae obreros norteños, es decir que Daniel Solano trabajaba en los campos de ExpoFrut.
Esta empresa llevaba una planilla donde figuraban los días trabajados por Solano. Pongamos que había trabajado por $2.000. Entonces ExpoFrut le decía a Agrocosecha “acá te mando los $2.000 de Solano, más la plata para los aportes y los honorarios de Agrocosecha, etc.” ¿Pero qué hacía Agrocosecha? A Daniel le daba la mitad del dinero, $1.000.
Obviamente para poder quedarse con los otros $1.000, Agrocosecha tiene que haber tenido cómplices en ExpoFrut, porque era quien tenía que controlar que esos $2.000 los recibiera Solano.
Si Solano decía “acá me falta plata y me voy a quejar a la delegación del Ministerio de Trabajo”, resulta que ahí también estaban asociados con Agrocosecha. Ellos también eran parte de la banda. Y si se quejaba mucho, ahí actuaban los policías y el comisario, también miembros de la banda, que mandaban a pegar.
No solamente le pegaban a Solano, ya le habían pegado a varios. Era una asociación ilícita formada por empresarios, policías y miembros de la delegación de Trabajo.
¿Desde cuándo venía esa metodología?
Por lo menos desde hacía un año atrás. Ellos traen obreros todos los años, pero acá pasó que Daniel Solano se dió cuenta y dijo “nos están estafando, nos tienen que dar la diferencia de lo que nos están sacando”. Y ahí es cuando se ordenó y se planificó la muerte de Daniel.
¿Cómo la planificaron?
La noche del 4 de noviembre de 2011 arreglaron todo para que Solano fuera al boliche Macuba. Ahí buscaron a uno que lo sacara de adentro armando lío para que lo agarre la policía. Todo planificado. Y después de que lo mataron se planificó el encubrimiento judicial. Porque la jueza era la cuñada del gerente de Agrocosecha y planificaron cómo encubrir todo. Cuando yo llegué, al mes de la desaparición de Solano, ya la jueza había dictaminado que no había delito y que él se había ido voluntariamente sin decir nada a nadie.
Daniel Solano
Ahora ustedes están denunciando que se pasó la causa al fuero federal. ¿Qué implicancias tiene eso para el caso?
Acá está habiendo una corporación judicial a la que no le importa un pobre aborigen muerto, sino que lo que les importa es protegerse ellos. Entonces si pasa al fuero federal ellos logran que vuelva todo atrás, porque hay que hacer todo de nuevo. Lo hacen para ganar tiempo y para que nosotros nos vayamos.
¿Y el pase al fuero federal ustedes lo interpretan como parte de esa trama de impunidad?
Lo que pasa es que el caso Solano fue destapando ollas. Este caso demuestra que, cuando se quiere, se puede llegar a la verdad y descubrir las cosas y que cuando hay un caso impune es porque hay intereses de por medio.
Si nosotros llegamos a descubrir esto, que somos un equipo “de morondanga”, donde yo ni siquiera soy penalista y desde que vine acá estoy viviendo en una iglesia, queda claro que si no se descubre algo es porque no se quiere, no porque no se puede. ¿Cómo no van a poder descubrir la trama de quién mató a una nenita que se fue a bailar, como pasa en Buenos Aires? Será porque los investigadores, que son los policías, están prendidos.
Entonces yo creo que el caso Solano se transformó en algo importante porque lo descubrió un abogado, no la Justicia ni la policía.
¿Y cómo se llegó a que pasaran el caso al fuero federal?
Nosotros en agosto de 2013 conseguimos que detuvieran y procesaran a los siete policías implicados. Después comenzamos a investigar dónde está el cuerpo y descubrimos que está en un jagüel de un campo que se llama La Manuela, a 20 kilómetros de Choele Choel, a 80 metros de profundidad. Hay un testigo. Ahí le dijimos al juez quiénes son todos los involucrados y le pedimos el ingreso al pozo. Pero repentinamente el juez dijo que no, porque “es peligroso”, y encima clausuró el proceso con respecto a los siete imputados, diciendo que ya están detenidos y pidiendo que este proceso se eleve a juicio.
Ahí nos dimos cuenta de que había un encubrimiento por parte de estos magistrados al resto de los funcionarios judiciales que nosotros habíamos denunciado en enero de 2012. Y descubrimos entonces (y tenemos las pruebas) que el fiscal del caso, Guillermo Bodrato, estaba gravemente implicado.
Resulta que Bodrato, que nunca investigó nada, al verse comprometido en el asunto dijo que había que aplicar la competencia federal, buscando hacer un paralelo con otro caso, según él similar, de un muchacho desaparecido en Neuquén. “Hay un caso Avalos que es muy parecido al caso Solano”, dijo, ya que Avalos también había estado en un boliche y desapareció. Y como ese caso había pasado a la justicia federal, Bodrato plantea que este caso también tenía que ir para ahí.
¿Y son parecidos ambos casos?
No. Eso es una barbaridad. El caso Avalos no se parece en nada a lo que le pasó a Daniel Solano. Pasó a la Justicia Federal después de diez años porque estaba irresuelto y no se sabía nada. En cambio nosotros el caso de Daniel lo tenemos resuelto.
Avalos era un muchacho que fue a bailar al boliche Las Palmas de Neuquén y desapareció. Después de diez años de no saberse nada del caso, el juez ordenó una inspección en el boliche y lo clausuró. Por eso no se puede decir que son iguales ambos casos. Acá sabemos lo que pasó, sin ambargo el fiscal le pidió al juez que pase a la Justicia Federal, el juez hizo lugar y se declaró incompetente. Desde ya que nosotros hemos apelado.
Pero hay otras diferencias importantes con el caso Avalos. El fiscal Bodrato, al que yo acabo de recusar y denunciar porque sabía todo desde un principio, tiene una causa familiar. El abogado de su mujer es el abogado de la empresa Agrocosecha, y a su vez defiende a algunos de los policías presos, en particular a Berthes, el policía que lo mata a Daniel Solano. Y encima es quien pagó para que me maten, algo que está asentado en una causa penal.
¿Y quién es el abogado de Bodrato en esa causa que tiene con su mujer? Nada menos que el abogado del boliche Macuba. Obviamente que eso no pasa en la causa Avalos, no pasa que el abogado del fiscal sea el abogado del boliche que él tiene que investigar.
Y la última diferencia es que el caso Avalos, al menos hasta donde sabemos, no se planificó como sí está comprobado que se hizo en el caso Solano.
¿En qué sentido plantean que pasando a la Justicia Federal todo “vuelve para atrás”?
En la justicia provincial los policías están presos con prisión preventiva firme con procesamiento por “homicidio”. Si la causa va a la Justicia Federal pasa a ser por “desaparición forzada”. O sea se inicia un nuevo proceso de instrucción por otro delito. Y ahí hay que darles nuevamente el derecho a que se defiendan, empezando todo de nuevo. Entonces ellos van a decir que como ahora los están acusando de un delito más grave quieren de nuevo las pruebas y que todos los testigos vuelvan a declarar. Es una jugada para favorecer a los policías.
Esto es un arreglo entre Bodrato y el abogado Thompson, obviamente. Sólo así se explica que ningún policía haya puesto un recurso de apelación contra esta sentencia. Sólo nosotros lo hicimos. ¿Por qué la querella se opone a que vaya a la Justicia Federal mientras los abogados de los policías sí quieren que sea tratado como un delito de lesa humanidad, que tiene condena perpetua? Obviamente porque está todo arreglado.
En el caso Ávalos se fue a la Justicia Federal para que se empiece de nuevo, porque como no se había investigado no había nada. Pero acá hay de todo. Hay 50 cuerpos de expedientes y hay 25 causas conexas, incluyendo causas por tráfico de drogas y trata. ¡¿Cómo vamos a empezar de cero?!
¿Cómo es lo del narcotráfico?
Nosotros denunciamos que desde el norte del país, además de obreros, Agrocosecha traía cocaína en sus colectivos. Todo esto está declarado en la causa por los propios obreros, que contaron cómo se transportaba cocaína en los colectivos de la empresa y cómo se descargaba en los puertos del Valle Medio, desde donde salía para Europa.
¿Se entiende entonces lo que descubrió el caso Solano? Por eso es que me quieren matar, porque saben que yo tengo todo. Yo tengo hasta videos en los que un regente de un prostíbulo de acá, de Choele Choel, me cuenta que le mandaban chicas con cocaína a los jueces, como por ejemplo al camarista Vila, que ya está retirado. Ese es un claro ejemplo de lo que es la Justicia acá.
Saben que yo ya descubrí muchas cosas, por eso dicen “a este tipo hay que cansarlo, no puede estar más acá”. Y por eso yendo a la Justicia Federal yo tengo que empezar de nuevo y encima en otro lado, en General Roca.
¿Y lo de la trata de personas está ligado a la producción agrícola?
Sí, por supuesto. Expofrut es una multinacional que maneja todo el Valle Medio. Agrocosecha tiene un convenio con ella por el que provee personal que sale a buscar en las provincias del norte, en distintas comunidades indígenas. Una vez en Río Negro hacen lo que quieren con estos trabajadores. Los hacen vivir hacinados en una pieza, en condiciones desastrosas. Y por la necesidad extrema que tienen se abusan y les pagan salarios miserables. De hecho no contratan ni un obrero de Río Negro o Neuquén porque tendrían que pagarles mucho más.
En ese marco están las causas que denuncian la trata, son causas conexas a la de la desaparición y muerte de Daniel Solano, que están incluidas como material de la querella.
Gualberto Solano
Usted realizó un documental a partir de este caso, ¿cómo se llama?
“¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa”. Comprende la primer parte del crimen. Puede parecer curioso pero nadie me dijo nada de la película, se pasó en todos lados y nadie me acusó de nada de lo que ahí decimos. Porque saben que tengo razón.
¿Qué más nos puede decir de dónde estaría el cuerpo de Daniel Solano y de cómo llegó hasta allí?
El lugar es un jagüel (pozo usado para extraer agua, NdR) en un campo que se llama La Manuela, a 20 kilómetros de Choele Choel. Y la información de que el cuerpo de Daniel está ahí la dio un testigo.
Nosotros al juez Martínez Vivot ya le hemos explicado quién mató a Daniel, cómo se lo mató, con qué arma y de quién es el arma. A su vez demostramos que un médico de apellido Vaira atendió a Daniel después de la golpiza y le dijo a la Policía que le peguen un tiro porque “este chico está agonizando y no va a vivir mucho”. Con todo esto Martínez Vivot, en vez de ordenar la detención del médico, se declaró incompetente. Por eso yo lo denuncié, ya que traba todo y va desviando la investigación.
Este juez es quien no quiere que nadie baje al jagüel, con la excusa de que un jagualero dijo que es peligroso. Pero eso lo tendría que decir un perito, no un testigo que, además de que no me consta que sea jagualero, fue traído a pedido del fiscal.
El pozo, dicho sea de paso, está en un campo arrendado por un tal Segatori, el mismo apellido de la esposa de Vaira, el médico que nosotros denunciamos. O sea que está todo relacionado.
Nosotros le pedimos al fiscal que nos deje ir a mirar el campo y el jagüel, que nos deje confirmar la información. Pero se agarraron de que es peligroso para no avanzar en investigar. Pero ya hay un antecedente, el caso de unas mujeres asesinadas que fueron tiradas en un pozo igual, que se investigó y se las encontró. Ahora resulta que es peligroso bajar. Hasta tiraron heladeras en ese jagüel para tapar el pozo. ¡Con heladeras cubrieron el cuerpo de Daniel! ¿Se entiende la barbaridad de lo que acá está pasando?
¿Por qué que no quieren que se encuentre el cuerpo?
Por todo lo que está en juego con este caso, todos los implicados que hay. No quieren que aparezca para que quede todo en la nada.
Y acá queda en evidencia el relato de los derechos humanos. Es muy fácil hablar de derechos humanos cuando sos funcionario y ganás $80.000 o más como asesor de funcionarios. Y también se ve el verso de que la justicia investiga. ¿Por qué nadie investiga y se acerca a conocer el caso Daniel Solano? ¿Por qué los medios no vienen a preguntar qué pasó, dónde está el cuerpo, quién lo mato? Todas estas preguntas deberían hacerse.
Pero hay muchos intereses. Esta zona es una zona estratégica porque pasa la droga para Europa, que pasa por el puerto. Río Negro es la única provincia que no tiene Gendarmería en sus fronteras, entonces hay muchos implicados. Y el mismo Gobernador es el que hace que el caso pase de un lado a otro en la justicia, de provincial a federal, para hacer que se vaya cajoneando.
¿Ustedes están amenazados por el poder de Choele Choel?
Estamos todos amenazados, la familia que quiere la verdad y yo que soy el abogado Nos quieren matar. Yo tengo custodia porque soy abogado del caso y porque exijo se me proteja porque es un caso que si te metés corres mucho peligro. Como estoy viviendo dentro de la Iglesia del pueblo, les implicaría un problema más hacerme algo ahí, sería un escándalo. Pero si me vuelvo a Tartagal, a mi ciudad, ahí me van a matar, porque yo les arruino un negocio millonario. Por eso quiero se resuelva todo acá. Ya van tres muertos en este caso, imagínate lo que significa descubrir la verdad del caso de Daniel. Pedro Cabañas Cubas y Villagrán son los otros dos.
¿Algo que quiera agregar?
Hace cuatro años que estoy siguiendo este caso y ayudando a la familia, que es una familia de bajos recursos, una familia aborigen. Sé que no hay casos de abogados que hagan esto. Y por eso sé que me quieren bajar.
Parece que a nadie le interesa este caso. Solamente les interesó a un diputado peronista y al diputado del Frente de Izquierda de Neuquén, el ceramista Raúl Godoy. Él planteó en la Legislatura de Neuqúen que se declare el caso de interés general. Yo fui para allá, incluso conocí la fábrica ex Zanón. Por eso le estoy muy agradecido a Godoy.
Ver también Solano, Cabañas Cuba, Villagrán y el mismo hilo conductor. |
