Una relación en tres niveles que se sincroniza como la maquinaria de un reloj. En Moncloa, en la Generalitat y en Barcelona, ERC y Comunes (o Podemos) van rubricando acuerdos que buscan imponer una normalización institucional, especialmente en el caso catalán. más allá de los presos políticos y miles de represaliados.
Tal es así, que el pacto firmado este lunes entre republicanos y comunes supone que Catalunya dejará de contar con unos presupuestos prorrogados desde el el 2017, es decir, desde la aplicación del 155.
Durante la mañana el acuerdo ha quedado sellado por Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, la consellera de Presidència Meritxell Budó y por Jéssica Albiach, presidenta de los comunes en el parlament.
Las cuentas deberá ser aprobadas en el Consell Executiu que se celebrará probablemente el 27 o el 29 de enero. El Govern presentará entonces los presupuestos semanas después en el Parlament para que primero sean tramitadas.No serà hasta final de marzo que queden completamente aprobados.
El texto presupuestario ha sido enarbolado por ambas formaciones como unas cuentas que abren “una nueva etapa progresistas”, ha calificado Albiach. La reforma fiscal, con subidas porcentuales de la recaudación en tramos de renta alto y la subida en casi 1.000 para los tramos de renta exenta. Esto sumado al aumento de inversión en gasto público, dibujan unos presupuestos que parecieran dar respuesta a la grave situación de recortes, y la consiguiente precariedad, en los servicios públicos.
No obstante un análisis comparativo con años anteriores nos muestra como en los grandes ejes, la inversión destinada no llega, ni tan siquiera, a años precrsis, donde la inversión en servicios públicos o educación estaban ya en aquel momento lejos de la media europea.
En cuanto al apartado fiscal, Se incrementa el mínimo exento de los 5.550 a 6.105 euros para los contribuyentes que ingresen un máximo de 12.450 euros. Para compensar la pérdida recaudatoria que supondrá, se subirán dos puntos porcentuales a las rentas superiores a los 90.000 euros, 23,5%, llegando hasta el 24,5%, para las rentas superiores a los 120.000 euros. Sin embargo, las rentas superiores a los 175.000 mantienen sin modificación el tipo del 25,5%. Este plan implicaría una subida de impuestos de 543 millones de euros.
Esto, partiendo de que Catalunya tiene uno de las tipos más altos de IRPF entre las comunidades autónomas para las rentas más bajas, el tramo entre los 12.000 y 30.000 euros. Algo que está lejos de ser así en las rentas más altas. Incluso con la aplicación de este preacuerdo las rentas más bajas seguirán pagando más que en el resto de las comunidades y no queda claro que el aumento en la recaudación signifique un aumento en el gasto social.
Ahora bien, ¿qué va de todo esto al gasto social? En cuanto a educación, se contempla una rebaja del 30% en las matrículas. Esta rebaja se muestra totalmente insuficiente si se atiende al aumento previo del 66%. Además en Catalunya, donde el coste de estudiar un grado prácticamente duplica la media española (2.375 euros frente 1.302 euros) y donde apenas el 22% de los estudiantes tienen acceso a becas.
En cuanto a Sanidad, el Departament catalán contará con un aumento de 908 millones, situando el presupuesto sanitario en 9.700 millones, es decir, un aumento cercano al 10%. Nuevamente retrotrayéndose a los años más austericidas, el recorte en sanidad en Catalunya fue del 31%. De los 10.000 millones recortados a nivel estatal solo en sanidad durante el periodo 2009-2015, 5.300 millones fueron ejecutados en Catalunya.
Los recortes brutales y la precariedad en la que se ha sumido la inversión pública en los último años sitúa a estos presupuestos como la llave de una “nueva época”, en palabras de los comunes. No obstante un vistazo más en profundidad, y sobretodo contextualizado en los recortes y la precariedad de años anteriores, los definen como unos presupuestos lejos de las verdaderas necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares. Que con salarios de miseria y en la más absoluta temporalidad y precariedad no podemos hacer frente al aumento desorbitado de los alquileres y los servicios básicos, en el marco de la degradación de los servicios públicos. | 
