Los empresarios productores de frutos rojos de la provincia de Huelva demandaron a la Administración central unas 20.000 temporeras con contrato en origen de Marruecos para la actual campaña de recogida de la fresa que en esta provincia se extiende unos cinco meses a partir de enero.
El número de temporeras que llegarán a lo largo de esta campaña 2020 será similar a la pasada temporada. Unas 20.000 temporeras de las que se estima que 15.000 ya han realizado campañas anteriores.
Los objetivos de los empresarios son dos: conseguir la mayor rentabilidad del trabajo en el menor tiempo posible y asegurar el regreso de las temporeras al país de origen al terminar la temporalidad del contrato. Para conseguir estos objetivos actúan en común patronales y los Gobiernos Español y Marroquí.
Para asegurar el máximo rendimiento de las trabajadoras son varias las fórmulas empleadas. Por un lado, la patronal organiza unos ciclos de campaña en los que las temporeras llegarán por grupos de manera escalonada, en total tres grupos organizados según su experiencia. Las primeras en llegar serán aquellas que ya han trabajado en varias campañas, lo harán el 1 de febrero. El 1 de marzo será el turno para aquellas que trabajaron en la última campaña y a finales de marzo las contratadas por primera vez. Todo ello pensado para el mayor rendimiento en los campos. Cada grupo trabajará a destajo de sol a sol. Una situación que ha sido denunciada de manera reiterada desde hace años por distintas organizaciones y sindicatos como el SOC (Sindicato de Obreros del Campo) o el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores).
Women’s Link, organización que representó a cuatro trabajadoras que decidieron denunciar la situación de explotación laboral y acoso sexual en la que se encontraban, explica que el modelo de elevada productividad se impone a base de castigos. “A las trabajadoras se las percibe como un recurso ilimitado y desechable, de ahí que ’las castiguen’ con varios días sin trabajar o que las expulsen de las fincas cuando no alcanzan el número de cajas máximo.” Además, como también ha denunciado esta asociación “las trabajadoras no son informadas de las condiciones de sus contratos”, en muchos de los casos firmados en español sin facilitarles un modelo traducido, hasta que no llegan a la Península. Una vez aquí se les informa de las verdaderas condiciones, un contrato de obra y servicio con la duración que la empresa considere necesaria para la recogida de la fresa. Además, les descontarán los gastos de vivienda, agua, luz y gas.
La estancia en las fincas impone un control absoluto de las trabajadoras gracias al cual los empresarios consiguen una situación de prácticamente esclavitud. Las condiciones en las que viven al pie de los campos, incomunicadas, apartadas de los núcleos urbanos y sin modo de trasladarse en el poco tiempo libre, facilita el chantaje permanente, la explotación a escala insólita y los abusos a todos los niveles. Y todo ello garantizado por la vulnerabilidad legal en la que se encuentran las trabajadoras, en base a los acuerdos entre el Gobierno Español y Marroquí. El visado en la mayoría de los casos queda en manos de los capataces una vez que llegan y no se los devolverán hasta su traslado de regreso en la frontera.
Con ello aseguran también el retorno inmediato tras la campaña, pero en la mayoría de los casos no es necesario. En el propio proceso de selección se trata de asegurar el regreso contratando solo a mujeres casadas y con hijos menores a su cargo.
En 2018 esta situación trascendió a causa de la denuncia de varias trabajadoras. A inicios de junio de ese año, un centenar de jornaleras marroquíes apoyadas por el SAT intentaron denunciar incumplimientos del contrato y abusos sexuales en una empresa de Almonte. La patronal organizó entonces de manera inmediata el retorno de las trabajadoras a Marruecos para evitar que ratificaran sus palabras ante la inspección de trabajo, aun cuando sus contratos no habían finalizado. Un grupo de trabajadoras se negó a marcharse y gracias al apoyo del SAT, de organizaciones feministas y antirracistas se logró detener el traslado de las trabajadoras.
El sistema de contratación en origen es la base de muchos sectores de la producción, no solo agraria, y esta explotación extrema de los sectores de inmigrantes se apoya en una legislación preparada por los distintos gobiernos que permitió un retroceso en sus condiciones laborales. En la década del 2000 se crearon los "contratos en origen", para regular la inmigración y garantizar a los empresarios que los trabajadores extranjeros fueran contratados desde sus países bajo “condiciones especiales”.
Lo que ocurre en Huelva con las temporeras inmigrantes es consecuencia de mecanismos legales, sociales y económicos que las empresas utilizan para esclavizarlas, con el apoyo de los gobiernos. | 
