Dicha reforma, propiciada por el partido que gobierna la Ciudad de México, Partido de la Revolución Democrática (PRD), permitió abortar hasta las doce semanas de gestación, ampliando la legislación preexistente que sólo autorizaba la interrupción del embarazo en caso de violación, cuando hubiera malformaciones graves del feto, o si la vida de la mujer corría peligro.
Así fue que el Distrito Federal se convirtió en la primer entidad en despenalizar la interrupción del embarazo en el país.
Esta iniciativa tuvo una fuerte oposición impulsada principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN) y sectores fundamentalistas y religiosos.
Por esto, una vez aprobada la reforma y como reacción a esta decisión adoptada en la capital, en numerosas entidades del país se han modificado sus constituciones (apoyada por el Partido Revolucionario Institucional, PRI) para “proteger la vida desde la concepción”, mejor conocidas como leyes antiaborto, promovidas por la Iglesia Católica en connivencia con el Estado y organizaciones antiabortistas, las cuales buscan criminalizar a las mujeres que deciden abortar y a su vez niegan la atención a las mujeres que requieren un aborto por alguna de las causas absolutorias.
Aunque el aborto está tipificado con penas máximas de cinco años, dependiendo de cada código penal estatal, permitiendo inclusive que se cumpla la condena en libertad, la mayoría de las mujeres son encarceladas bajo el delito de homicidio en razón de parentesco, considerado delito grave, con condenas de hasta 35 años prisión.
Hasta la fecha no hay cifras oficiales respecto a la cantidad de mujeres presas. La decisión de elegir entre un delito y otro depende del criterio de los administradores de justicia quienes mayoritariamente tienen prejuicios y posiciones conservadoras.
Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país…
El común denominador que tienen todos los casos documentados es que se trata de mujeres pobres las que son castigadas por practicarse o sufrir espontáneamente un aborto.
(Foto: Pan y Rosas México)
Claramente la penalización del aborto, sólo obliga que las mujeres pobres, trabajadoras y estudiantes lo hagan clandestinamente en las peores condiciones, mientras algunas mujeres pagan con grandes sumas de dinero la realización de un aborto en clínicas privadas, otras lo pagan con secuelas, prisión y muerte; una realidad claramente desigual y clasista.
Por ello la interrupción voluntaria del embarazo debe ser un derecho legal, gratuito y seguro en todo el país para que las mujeres puedan decidir libremente realizarse un aborto sin la obligación de tener que justificar su decisión con determinados motivos de riesgo de salud, riesgo económico, etc., ni de tener que contar con el consentimiento del progenitor masculino, ni de terceros y, por otra parte, que se puedan practicar en todos los hospitales públicos como parte de nuestra seguridad social.
En este orden de ideas es el Estado el que condena a la maternidad obligatoria a las mujeres en la mayoría de los estados, el responsable de los miles de feminicidios y desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Es esta democracia asesina del PRI, PAN y PRD la que avala la impunidad y da como respuesta indiferencia ante el dolor de las madres que no se quiebran en la búsqueda de sus hijos.
Por ello en estas próximas elecciones del 7 de junio quedará evidenciado que los partidos de este régimen asesino no defienden los derechos de las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, por el contrario buscan legitimarse. Ante esto se hace necesario construir una alternativa independiente que pele por conquistar todos los derechos de las mujeres, la juventud y el conjunto de la clase obrera.
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