La dotación no es de su exclusividad. También la perciben Jose María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Pero González es quien ostenta la cifra más alta que hizo que el Estado ya haya gastado casi 7 millones de euros en cumplimiento del decreto que lleva casi 30 años de vigencia. Según la investigación que ha realizado el sitio Maldita.es, ningún presidente, desde 1983, ha renunciado a cobrar esta asignación excepcional. En el caso del expresidente Felipe González ha percibido esta remuneración al mismo tiempo que su dieta como diputado en el Congreso (1996-2004), la percibida por otros cargos oficiales como también sus ingresos por el desempeño en altos cargos de empresas privadas.
Este monto asignado a los expresidentes tenía, anteriormente, una validez de cuatro años, lo que fue modificado por González durante su presidencia, para pasar a ser vitalicia, estableciéndose, además, que la suma anual fuera fijada en los Presupuestos Generales del Estado. Aunque se establece que está destinada a gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles, la asignación está exenta de obligación fiscal.
La dotación se encuentra en un borroso límite respecto de las leyes vigentes que consideran incompatible el cobro de pensiones por cese de cargos públicos y otros pagos a cargo de las administraciones públicas. En su defensa, el Estado aclara que no es una pensión, sino una asignación con un destino específico. Pero al mismo tiempo, no está sometida a la fiscalización, por lo tanto, no se exige ninguna demostración de que es utilizada a tales fines.
Una verdadera burla cuando la tasa de desempleo supera el 14% y la canasta básica familiar asciende a más de tres salarios mínimos. Una casta política repudiada por el pueblo trabajador y la juventud del Estado español a la que el flamante gobierno de coalición, no hace más que convalidarla y revitalizarla con nuevas caras. |