En la tarde de ayer, en la casa de gobierno ubicada en el Grand Bourg, el gobierno de Sáenz convocó a una mesa multisectorial tras la cual emitió un decreto declarando la emergencia social y sanitaria para Orán, San Martín y Rivadavia por 180 días.
El gran ausente en esta reunión fueron los verdaderos afectados por esta crisis sociosanitaria, las comunidades originarias, que vienen reclamando ser escuchadas para debatir sus propias demandas. Sólo pudo estar presente el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, integrante de la comunidad wichí.
Esta reunión se convoca recién luego de la sexta muerte de niños debido a la pobreza y desnutrición, y tras confirmarse que sólo en Santa Victoria Este hay siete niños más en estado crítico. Situación que puso de manifiesto las carencias extremas de alimentos, agua potable, el deterioro de la salud pública en la vida cotidiana de las comunidades, impuestas por un Estado racista que desprecia a las comunidades originarias.
El gobernador Sáenz declaró: “debemos trabajar de forma conjunta para terminar con esta histórica deuda”, aunque no fueron invitadas las comunidades a participar cuando vienen solicitando que el Estado habilite la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las decisiones de políticas públicas. Reclamo que el gobernador Sáenz no tuvo en cuenta en la reunión “multisectorial” realizada ayer en la casa de gobierno.
El decreto de emergencia social y sanitaria, que aún no fue publicado en el boletín oficial, será enviado a la legislatura donde se realizará una sesión extraordinaria, que aún se desconoce la fecha.
Mientras las comunidades del chaco salteño reclaman medidas urgentes y concretas para paliar la grave situación en la que se encuentran: azotados por la sequía y amenazados por el peligro de inundaciones por la crecida del Río Pilcomayo, sin acceso a alimentación, separados por cientos de kilómetros de centros de salud donde, cuando logran llegar sufren la discriminación racial, el ministro de gobierno Ricardo Villada, al anunciar anoche el decreto de emergencia, ni siquiera pudo responder si los módulos alimentarios están llegando efectivamente a las comunidades.
Se repitió la escena de cuando el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, viajó a la provincia y conformó un comité interministerial, sin reunirse con autoridades de las comunidades ni visitar sus territorios.
No se puede dejar pasar un minuto sin que el Estado y el gobierno garanticen los fondos y recursos para implementar medidas de emergencia en el norte de la provincia porque se nos va la vida de nuestros niños y niñas de las comunidades wichis. Además, es necesario que las comunidades y sus integrantes sean no solo escuchados por las autoridades, sino que sean ellos los que controlen la implementación del plan de emergencia y no queden a merced de funcionarios racistas y punteros políticos.
Esta es la realidad que viven los pueblos originarios que habitan mayoritariamente los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán obedecen a los problemas estructurales de la Salta colonial, que expulsa a las comunidades de su territorio permitiendo el avance de los desmontes para extender la frontera de los agronegocios, que permite que mineras multinacionales como la canadience Mansfield que derrocha 7700 litros de agua por hora, cada día, para extraer cobre y oro con el mismo método contaminante de la Barrick Gold, mientras las comunidades no tienen acceso al agua potable.
En una lectura más de fondo esta emergencia no puede tapar las bases estructurales de un Estado racista. Más aún, es una realidad que no puede más que agravarse en el marco de la crisis económica que atraviesa el país y con la prioridad confesa del nuevo gobierno de Alberto Fernández de seguir destinando millones al pago de la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda, mientras muestra que su plan para obtener los dólares que faltan en el país es profundizar el extractivismo favoreciendo el desarrollo de la megamineria contaminante y el agronegocio, es decir profundizando el saqueo de los territorios.
Por eso cuando decimos que nuestras vidas, las vidas de nuestros niños y niñas, valen más que las ganancias de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes, señalamos una estrategia para terminar con esta realidad, comenzando por los millones que se destinan al pago de la fraudulenta e ilegítima deuda tienen que destinarse para salud, educación, trabajo, ambulancias e infraestructura necesaria en hospitales. | 
