Decenas de personas se concentran esta tarde ante el Ayuntamiento de Barcelona en solidaridad con las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria.
Las trabajadoras del SAD llevan años luchando y reclamando por la remunicipalización de un servicio tan esencial como este.
Junto a las trabajadoras de este sector y otros colectivos solidarios se concentra también numerosos miembros de la Plataforma Aturem la Llei Aragonès. La plataforma de la cual forman parte más de un centenar de colectivos sociales, junto a diferentes organizaciones políticas y sindicales, y que lleva también meses movilizándose con el objetivo de parar la aprobación de la Ley Aragonès en el Parlament de Catalunya y que pretende profundizar en la pauperización de los servicios públicos y la precariedad laboral en unos sectores que hace años que la Generalitat ya viene “vendiendo” .
Por su parte, el Servicio de Atención Domiciliaria es también uno de los sectores que pasa también, sin embargo, por ser uno de los más precarizados.
Fina Salazar, portavoz de la plataforma que organizaron hace tiempo para denunciar su situación laboral nos explicaba hace poco que "tenemos jornadas reducidas en las que con suerte llegas a las 26 horas semanales y salarios bajos, la mayoría entre 400 y 500 euros por mes. En un sector en el que la gran mayoría son mujeres y con un gran porcentajes de trabajadoras inmigrantes, muchas se ven obligadas a compaginar dos empleos para poder sacar a las familias adelante".
Además, en su lucha porque el sector del SAD pase a ser directamente de gestión pública, la plataforma denuncia que "el SAD representa el segundo contrato público más importante del consistorio, llegando a 99,7 millones de euros al año y 4.000 trabajadoras".
No obstante, la concentración de esta tarde estaba convocada desde hace tiempo, ya que coincidía con una reunión que debían mantener la plataforma del SAD con representantes del Ayuntamiento de Barcelona en Comú sobre la licitación de un nuevo lote (los lotes van por distritos). Es decir, el Ayuntamiento de Ada Colau tiene previsto un nuevo paso en la privatización del servicio de ayuda a domicilio y el empeoramiento de las condiciones laborales de este sector.
Sin embargo, la reunión se canceló por parte del consistorio ni 24 horas antes de producirse.
Y es que la política de privatización de Barcelona en Comú ya se fue profundizando durante el primer mandato de Ada Colau, renovó el contrato de Accent Social como una de las principales empresas privadas que se hacen cargo de este servicio. Una empresa cuyo propietario es, ni más ni menos que, Florentino Pérez, presidente también del Grupo ACS y una de las principales compañías que operan el el Ibex 35.
Una política, la de Barcelona en Comú, diametralmente opuesta a la mejora de los servicios públicos y a la remuniciaplización, tal y como señalaba en su primer programa electoral, y que solo va en dirección a aumentar los intereses de los grandes capitalistas. | 
