Las dos amenazas de desalojo y la militarización constante de la planta, con una fuerte presencia policial, parecen no haber sido suficiente. El hostigamiento por parte de la Policía hacia los trabajadores y la Comisión de Mujeres es tal que ahora denuncian que no les han dejado pasar alimentos, ni ver a sus hijos e hijas. Ni siquiera permitieron el ingreso de un médico, algo que fue solicitado por quienes vienen llevando adelante la toma pacífica de la fábrica.
La excusa para no dejar pasar comida por parte de la Policía fue directamente una provocación: "Adentro llevan droga".
La intención de la Policía de la provincia de Córdoba, comandada por Juan Schiaretti, es clara: hostigar y desmoralizar a las familias trabajadoras que vienen luchando para poder conservar sus puestos de trabajo.
Ni a los peores genocidas se les negó alimentos estando detenidos por delitos de lesa humanidad.
Es necesario que todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos y todos los partidos políticos repudien este accionar inhumano. El Gobierno es responsable por la integridad física de quienes vienen llevando adelante su legítimo derecho a reclamar y a defender sus fuentes de trabajo.
El Estado provincial y el Ministerio de Trabajo tienen que dar una rápida solución a los 150 trabajadores que fueron dejados en la calle de manera fraudulenta por parte de la empresa. | 
