El famoso “pin parental” del que tanto se está hablando y que está creando tanto debate desde hace días es una medida de Vox ya adoptada por el Gobierno de Murcia desde principios de curso que permite a las familias decidir sobre ‒o más bien prohibir‒ la asistencia de sus hijos e hijas a cualquier actividad sobre identidad de género, feminismo o diversidad LGTBI, como charlas o talleres que se impartan en la escuela.
Los que defienden esta propuesta se respaldan en el derecho de las familias a decidir sobre la educación de sus hijos e hijas. De esta manera, parece que muestran “preocupación” por proteger a los menores. Pero ¿proteger de qué? ¿De charlas o talleres para evitar agresiones sexuales, relaciones tóxicas o comportamientos homófobos y machistas? Según el “Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en 2018” del Observatorio Español contra la LGBTfobia de un total de 1.557 victimizaciones, 312 fueron por delitos de odio relacionados con la orientación sexual e identidad de género, 463 por racismo o xenofobia y 70 por discriminación por sexo o género.
No se trata de un derecho de las familias a poder decidir sobre la educación de sus hijos sino de un derecho de los niños y niñas a conocer la diversidad LGTBI, a respetar, reflexionar o auto aceptarse. Sin embargo, aunque estos contenidos están contemplados en las leyes educativas y forman parte de los contenidos curriculares ya son limitados y no responden a las necesidades reales del alumnado. No es suficiente una charla o taller en toda la etapa educativa enfocada únicamente a los métodos anticonceptivos (principalmente los masculinos) y dejando de lado el placer, las diferentes sexualidades o los tipos de relaciones de pareja. No caigamos en la trampa de la derecha más conservadora, limitándonos a defender solo la educación afectivo-sexual que ya existe, debemos profundizar y mejorarla para que el alumnado pueda recibir una educación integral y de calidad. Peleemos para desterrar de una vez a la Iglesia de la educación y acabar con los centros concertados gracias a los que casi dos millones de alumnos están sujetos al verdadero pin parental que son las órdenes religiosas encargadas de su educación.
Las futuras docentes tenemos la obligación de luchar por una educación en la que se erradiquen los comportamientos que observamos diariamente desde edades tempranas como la violencia, el machismo, LGTBIfobia o racismo que provocan conductas de abuso y, en los casos más dramáticos, pueden llevar al suicidio. Para ello necesitamos cambios como una formación previa al profesorado que le permita estar capacitado, medios necesarios para implantar los contenidos en las aulas, lo que implica mayor inversión en la educación pública.
Frente a estos ataques de la extrema derecha y a la propuesta de una educación que no va a romper con el modelo neoliberal que nos ofrece este nuevo gobierno PSOE-UP (como ya hemos visto con el nuevo ministro de Universidades, propuesto por UP, Manuel Castells) hace falta levantar un movimiento con toda la comunidad educativa que junto con el movimiento de mujeres que este año volverá a salir a las calles con miles de motivos para movilizarse, el movimiento LGTBI y la clase trabajadora luche por romper con este sistema educativo que reproduce esta sociedad capitalista y hetero patriarcal. Es por ello que debemos movilizarnos en la primera huelga estudiantil del año, el 6 de marzo, pero no solo contra el “pin parental” sino contra este sistema educativo que disciplina, desgasta y deprime a los y las jóvenes.
Como futura docente apuesto por una educación pública, gratuita e inclusiva en la que los ratios y medios permitan impartir una educación de calidad. Un nuevo modelo educativo al servicio de las demandas de la clase trabajadora en la cual se rompan los acuerdos con la Iglesia y el Estado, se acabe con la escuela privada y concertada y se nos enseñe también a cuestionar la realidad del capitalismo.
Si queremos que las familias participen en el ámbito educativo, en lugar de darles a los más conservadores las herramientas para prohibir a sus hijos recibir una educación sexual, podríamos defender los organismos de representación como los Consejos Escolares que, con la LOMCE, dejaron de ser un sitio de voz y voto para las familias para ser un simple canal de información. Pero no tenemos que limitarnos a esta falta representación sino promover la autoorganización y asambleas en todos los centros escolares en las que participen las familias, el profesorado, alumnado y personal no docente para que puedan involucrarse en la educación de sus hijos e hijas en todos los niveles educativos. |
