En las últimas semanas se hizo visible la realidad dramática que sufren los pueblos y comunidades que habitan el norte salteño.
Seis niñas y niños, cinco de ellos pertenecientes al pueblo wichí, murieron a causa del hambre en los primeros 26 días del año. En la localidad de Santa Victoria Este las autoridades comunales denuncian que hay otros siete niñas y niños que se encuentran en estado crítico, mientras 26 niñas y niños fueron internados el último fin de semana con cuadros de desnutrición en el Hospital Juan Domingo Perón de la localidad de Tartagal.
Días atrás, en el hospital de Tartagal, un médico oscurantista y racista le negó atención a una joven Qom que asistió con un profuso sangrado vaginal presuponiendo que se había practicado un aborto. En el hospital de Orán otra joven wichí fue sometida a la más brutal violencia obstétrica, forzando un parto con solo seis meses de embarazo y dada de alta estando aún en condiciones de riesgo.
Durante la mañana de este martes 28 se conoció la muerte de otra mujer wichí tras dar a luz en su precaria vivienda, en la comunidad Misión Santa María. Falleció por complicaciones postparto mientras era trasladada al Hospital de Santa Victoria Este, a 18 kilómetros de su comunidad.
Crónicas de horror que viven los pueblos y comunidades de los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, que no pudieron ser silenciadas a pesar del intento de censura con el Memorandum 8/2020 firmado por Josefina Medrano de la Serna, Ministra de Salud de la actual gestión provincial. Memorandum que el propio Gustavo Sáenz se vio obligado a dar de baja ante el repudio masivo al intento de censura.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, viajó a Salta tras conocerse la tercer muerte de niños por desnutrición y aprovechó la ocasión para presentar el “Plan Argentina contra el Hambre” que promueve el Gobierno nacional. Sin embargo, no tuvo en consideración que las comunidades originarias no tienen acceso a comercios habilitados con posnet donde puedan pagar con las tarjetas alimentarias. Así lo denunció el intendente wichí de la localidad de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón. Quien también denunció que Arroyo ni siquiera escuchó a las autoridades de las comunidades para tratar con ellos sus propias demandas.
Pero la superficialidad con que asumen la problemática del hambre las autoridades nacionales no se quedó entre los problemas de conectividad; sino que luego de la partida del ministro Arroyo, se sucedieron tres muertes más de niños wichís por desnutrición y no hubo contacto alguno de las autoridades nacionales para con las comunidades originarias. El Gobierno nacional debería poner ya a disposición de las comunidades los 330 millones de pesos que anunció en tarjetas alimentarias durante su visita el pasado 13 de enero.
Tras una larga espera, terminó reaccionando el gobernador Gustavo Saenz, quien después de la sexta muerte, convocó a una reunión “multisectorial” a la que, una vez más, no fueron invitadas las comunidades originarias, para declarar la emergencia social y sanitaria por 180 días en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia.
La resolución hasta el momento no pasa de un titular y declaración de buenas intenciones, cuando “no se puede perder ni un minuto más”, como aseguró Daniela Planes, referente del PTS en el Frente de Izquierda, y agregó que “es necesario que las comunidades y sus integrantes sean no solo escuchados por las autoridades, sino que sean ellos los que controlen la implementación del plan de emergencia y no queden a merced de funcionarios racistas y punteros políticos”.
Es la cultura del Estado racista, no los wichís
Ante la quinta muerte de un niño por desnutrición, la respuesta del Gobierno a través del secretario de Salud, Antonio de los Ríos, fue que la muerte de niños se debía a “las forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichís, que son reacias a la atención médica”, intentando responsabilizar a las propias comunidades, en una muestra de racismo explícito, propio de la oligarquía salteña.
Pero veamos ¿cómo viven los pueblos originarios en el Chaco salteño?
El Chaco salteño abarca los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. En esas zonas habitan la mayoría de los pueblos originarios de Salta. Allí se concentran actividades económicas muy rentables como la soja, el petróleo y la madera. Allí, también, se concentran los peores índices de pobreza. Por eso, allí es donde mueren niñas y niños a causa del hambre.
Según los datos del censo 2010, de la población que se reconoce como originaria el 43 % habitaba zonas rurales, en los departamentos de Rivadavia y San Martín mayoritariamente. El 72 % habitaba viviendas deficitarias, el 55% cocinaba a carbón y leña, mientras que el 10 % no contaba con acceso al agua potable.
En el departamento Rivadavia, donde se han registrado cuatro de los seis decesos por desnutrición en los últimos días, también es donde se registran los datos más alarmantes: 45% de los habitantes, según el mismo censo 2010, vivían en ranchos. Mientras del total de viviendas, el 79% no contaba con baños con descarga de agua y la desnutrición llegaba al 10%.
Sin agua, sin comida y sin asistencia básica de la salud, expulsados de sus territorios por los desmontes para extender la frontera del agronegocio, ahora también sufren las fumigaciones aéreas. Situación que se agrava cada verano donde, con temperaturas que superan los 40°, los pueblos se ven azotados por la sequía de un lado, y la amenaza de inundaciones por la crecida del Río Pilcomayo que se agrava año a año como consecuencia de los desmontes.
Lejos de la pretendida explicación “cultural” de los funcionarios de gobierno, la situación de despojo en que se encuentran los pueblos del Chaco salteño obedece a las políticas de un Estado racista y los sucesivos gobiernos que los privan de sus territorios, y con ello, de su cultura, mientras permiten el avance del extractivismo forestal, sojero y petrolero, reprimiendo a las comunidades cada vez que reclaman sus derechos
Ni fenómeno natural, ni fenómeno cultural
Tampoco se trata, como arguyen algunos en el marco del recambio de gobierno, simplemente del “ocultamiento” de las muertes de niños y niñas wichís por parte de la anterior gestión de Urtubey o de las internas entre diferentes facciones del PJ. Lo que aflora con la situación dramática que viven hoy los pueblos del Chaco son los problemas estructurales del capitalismo que arrasa con los territorios, desplaza a las poblaciones originarias, bajo el amparo del Estado que facilita los desmontes, a la vez, que sostiene un sistema de salud, educación, caminos, transporte y acceso al agua potable absolutamente deficientes.
Este accionar del Estado (provincial y nacional), no solo responde a las necesidades de negocios de los empresarios, si no también a una política de exterminio de las poblaciones originarias, ya no por la vía del reclutamiento forzoso como a fines del siglo XIX a favor de las órdenes de los dueños de los ingenios y obrajes; sino mediante una especie de abandono silencioso que se transforma en una política criminal hacia las comunidades.
Su resistencia, poniendo sus cuerpos en cada corte de ruta y manifestación muy por el contrario de la supuesta actitud "reacia" a la atención sanitaria que les adjudican las autoridades provinciales, es una muestra más del carácter racista del Estado que ha tenido como única respuesta la represión a pedido de los empresarios de la zona.
Un medio al servicio de la resistencia de los pueblos originarios y los trabajadores
No hay forma de ocultar las muertes de los niños y niñas wichís, sin embargo, los principales medios de comunicación en la provincia actuaron con el mismo letargo que el Gobernador en reconocer la gravedad de la situación. Mientras los grandes medios nacionales callan, o le dedican un espacio marginal. ¿Una naturalización de lo que sucede cada verano en el norte de la provincia? Nada de eso, la propiedad de estos medios, deja más en claro su verdadera posición ante los mismos.
Pero lo que a algunas y algunos les podría llamar la atención, es la falta de respuesta por parte de medios, que durante todo el año pasado, tuvieron en sus pantallas y páginas, las denuncias a los desmontes que vinculaban a la familia Macri y a Urtubey. Parece que ahora, el problema empezaría a estar resuelto porque se anunció el “Plan Argentina contra el Hambre”. Estos medios si quiera ayudan a comprender a las autoridades nacionales que las tarjetas alimentarias que repartió el ministro Arroyo, las mismas comunidades advirtieron que no pueden usarlas, o que en este plan no se menciona a las comunidades y sus territorios, más bien, todas las referencias están enfocadas en la pobreza urbana, ¿Será porque es más difícil de ocultar?
A esta altura, no se puede ocultar el crimen social contra el pueblo wichí con una mano, por eso nuestro compromiso es desde el primer momento con las familias afectadas del norte de la provincia, es parte de poner en conocimiento público la política de exterminio del Estado racista y la complicidad de las autoridades locales y nacionales con sus políticas demagógicas.
Sin embargo, ellos tienen los recursos millonarios para condicionar a los medios, cuando no son directamente sus dueños, por eso es que te invitamos a que te sumes a fortalecer un medio independiente de los trabajadores, la juventud, los estudiantes, mujeres al servicio de los que no tienen voz.
Ellos quieren engañarte convocando a que seas parte de los equipos de trabajo del Plan contra el hambre, si sos profesional o estudiantes de la Universidad, nosotros te advertimos de la trampa del Gobierno, pero también que si los conocimientos son puestos al servicio de las mayorías trabajadoras, los oprimidos y de los pueblos originarios, se puede contribuir a sentar las bases para un cambio estructural que ningún gobierno está dispuesto a realizar. Menos aún cuando el oficialismo y la oposición se encaminan nuevamente a entregar al país a pagar la deuda a los especuladores y al FMI.
Hay que cambiar las prioridades, fortaleciendo un medio independiente en Salta, como parte de fortalecer a la izquierda de los trabajadores, las mujeres y la juventud. | 
