Esta semana, el encuentro en la mesa de negociaciones entre víctimas del conflicto armado (por acciones de la guerrilla, así como víctimas del paramilitarismo y de las Fuerzas Armadas), un cuerpo de académicos, encargados de redactar el informe sobre la situación del conflicto, los negociadores delegados de las FARC y un comité especial de 10 militares activos designados por el gobierno; constituye un momento de importancia decisiva para el proceso.
En estos dos años de negociaciones, Gobierno y guerrilla definieron acuerdos sobre tres puntos: a) el problema agrario; b) La integración a la vida política de las fuerzas guerilleras y c) la intención de dar combate de forma conjunta contra el narcotráfico, sin embargo, el contenido de estos tres puntos todavía no se han dado a conocer y estará sujeto su cumplimiento, a que se concrete el acuerdo en todos los puntos de la negociación. Dentro de este marco, el tema de las víctimas sigue siendo, sin duda, uno de los aspectos más sensibles en el proceso, por esta razón, todo el país sigue expectante las secuelas del encuentro que se produjo este mes y ya se desarrollan fuertes polémicas por izquierda y por derecha frente a esta nueva etapa de la mesa de diálogo.
Desde los partidos del centro hasta la izquierda del Polo Democrático y otros sectores (incluidos varios representantes sindicales) Santos recibe un apoyo amplio en relación al proceso de negociación con las FARC, mientras que la derecha uribista, se viene expresando fuertemente en contra de todo proceso que implique negociar con lo que llaman “terroristas”, particularmente salieron a condenar, la designación de una comitiva militar a la mesa de la Habana por el tema víctimas.
Hacia un proyecto de reconciliación nacional
Lo cierto es que después de su victoria, disputada de cerca frente a candidato del uribismo Oscar Iván Zuluaga, Santos está estrenando su segundo mandato y busca fortalecer su imagen política, mostrándose como el garante de la paz en Colombia.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, predecesor de Santos (antes miembros del mismo partido, hoy adversarios), la estrategia utilizada en su “guerra contra el terrorismo” (siguiendo la línea George W. Bush) fue la búsqueda permanente del aniquilamiento de la guerrilla y la persecución a miembros de organizaciones políticas y movimientos sociales que fueran considerados enemigos del régimen, a través de todas las fuerzas posibles.
La alianza profunda, militar y política con EEUU, fue protagónica en este sentido (Plan Colombia, bases militares), así como también saltaron a la luz los vínculos escandalosos del gobierno uribista con el paramilitarismo, y la gran cantidad de asesinatos y torturas cometidos por las fuerzas militares bajo la llamada doctrina de seguridad democrática (basta recordar los casos de falsos positivos), además del desplazamiento y la migración forzosa.
Frente a la estrategia uribista, excesivamente recostada en el aspecto militar, Santos, quien fuera parte de su gabinete y activo ejecutor de la política de aniquilamiento, cambió de estrategia, prometiendo dar “salida pacífica al conflicto”, es decir a través de la búsqueda mecanismos políticos, que de todas maneras nunca implicaron descuidar la presión militar.
Hoy, en una nueva y fundamental mesa de negociación, la estrategia de Santos de "sentar a todos en la misma mesa" busca inscribir las bases para un proyecto de “reconciliación nacional” que “ponga fin” a 50 años de conflicto, queriendo legitimar la idea de que las profundas contradicciones de la realidad social colombiana se reducen al conflicto armado, donde la guerrilla es ubicada como responsable de su origen, y el Estado, como que fue “simplemente” obligado a combatirla, a veces cometiendo “errores” y excesos” que el mismo proceso de paz se encargará de restituir.
Sin embargo, es una realidad inocultable que los miles de asesinatos, torturas, desapariciones y el desplazamiento de los trabajadores y el pueblo pobre colombiano, constituyen una práctica sistemática del Estado en acción directa a través de las fuerzas represivas o por su asociación, en más de una ocasión demostrado, con el paramilitarismo.
Cifras del conflicto:
Según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el conflicto armado en Colombia registra más de 200 mil asesinatos documentados y casi 6 millones de desplazados, la mayor parte de esos asesinatos provienen de acciones del paramilitarismo y las fuerzas represivas. La política reconciliadora de Santos tiene como objetivo efectivo limpiar la responsabilidad del Estado y el poder económico y político al que responde, de la masacre contra la organización social, sindical y política en Colombia, que ha permitido instalar en el país el modelo económico extractivitsa y el paso a la inversión de las multinacionales. |
