Este miércoles se publicó en el boletín oficial la designación de Aníbal Fernández como “interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz”. El decreto lleva la firma de Alberto Fernández y otros funcionarios.
En los considerandos del decreto sea firma que “reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función”.
Fernández llega tras la desastrosa gestión de Omar Zeidán en el Yacimiento. El funcionario macrista emprendió una serie de medidas que implicaron el paulatino vaciamiento de YCRT, con la pérdida de casi 1000 puestos de trabajo y el deterioro operativo de la megausina, denunciado por el gremio y sus trabajadores. El ataque fue respondido con una lucha de parte de los mineros y la comunidad durante gran parte de 2018.
El fin de la intervención de Zeidán y Cambiemos era esperada por la comunidad de Río Turbio. Lo que no está claro es que sucederá en la nueva gestión con sus principales demandas. ¿Se cumplirá la propuesta de los mineros de impulsar una empresa carboeléctrica estatal? ¿Se pondrá en funcionamiento la megausina de 240 Megawatts, que podría alimentar a las 4 provincias de la Patagonia? ¿Se reincorporarán todos los trabajadores y trabajadoras despedidos?
Fernández llega a Río Turbio tras una larga carrera política. Fue Ministro de Trabajo de Carlos Ruckauf, en momentos en que las políticas de Menem y el PJ habían llevado a una desocupación altísima y varias reformas laborales. Más tarde sería un importante funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde, en momentos en que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Como todo el gabinete y los funcionarios provinciales, justificó la represión. Luego fue ministro del Interior de Néstor Kirchner. De esa época se recuerda una lamentable frase: “Julio López podría estar en la casa de una tía”.
Fernández continuaría como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Cristina Kirchner. Durante esa gestión, en 2008, intentó responsabilizar a Pino Solanas y al Partido Obrero por incidentes ocurridos en el FFCC Sarmiento ante la bronca de los usuarios por el mal servicio. Sería la previa de la tragedia de Once. No sería el único contra los ferroviarios. En 2011 Rubén “Pollo” Sobrero, uno de los referentes de la oposición a José Pedraza en la Unión Ferroviaria, sería detenido junto a otras personas acusado de "asociación ilícita" por el incendio de tres formaciones del Sarmiento. Una burda operación que no pudo ser sostenida. Pero se esos años una de sus actuaciones más polémicas fue cuando, ante el asesinato de Mariano Ferreyra por una patota de Pedraza, defendió el accionar de la Policía Federal: “hizo lo que tenía que hacer”. Los hechos demostraban que se trató de una "zona liberada".
Fernández ha sido uno de los principales defensores de la gestión kirchnerista, aunque alguna vez se definió como "duhaldista de paladar negro". También fue intendente de Quilmes y su última aparición política fue en las elecciones bonaerense de 2015, cuando fue derrotado por María Eugenia Vidal.
Si bien la gestión del macrista Zeidán está cuestionada por la comunidad y también hay causas judiciales, la anterior gestión del peronismo hoy es investigada en Tribunales. En septiembre de 2019, la justicia envió a juicio oral a Julio De Vido, Roberto Baratta y otras 16 personas, procesados por “administración fraudulenta” de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).
Habrá que ver qué sucede con la nueva intervención. Los antecedentes no son prometedores. | 
