Este viernes, al cumplirse once años de la desaparición forzada del joven Luciano Arruga a manos de efectivos de la Policía Bonaerense del destacamento de Lomas del Mirador (La Matanza), el juez de garantías de La Matanza Gustavo Blanco lanzó una (nueva) provocación contra la familia que sigue exigiendo verdad y justicia.
El magistrado tuvo la causa en sus manos entre 2009 y 2013. Durante los meses posteriores a la desaparición de Luciano intervino los teléfonos de la familia del joven al tiempo que no tomó ninguna medida de prueba concreta sobre el destacamento policial y su personal. Once años después, niega haber protegido a la Bonaerense y dice que la muerte del adolescente ocurrió en un “accidente de tránsito”.
Semejante provocación del juez Blanco se basa en el hecho de que el cuerpo de Arruga fue hallado en una tumba NN del cementerio de la Chacarita en octubre de 2014 (a casi seis años de su desaparición) y que según se llegó a reconstruir (tras constatar muchas irregularidades cometidas por la Policía, el SAME y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), el joven fue arrollado por auto en medio de la Avenida General Paz la madrugada del 1° de febrero de 2009.
Para el juez lo más sencillo es ampararse en la hipótesis del “accidente de tránsito”, como si ese hecho no pudiera haber sido provocado por la misma Policía tras secuestrar a Luciano y obligarlo a correr por esa arteria neurálgica del límite norte-oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Un montaje que, huelga decirlo, no es para nada ajeno a las prácticas habituales de todas las fuerzas provinciales y federales.
Tras hallar el cuerpo de Luciano, la familia y organismos de derechos humanos lograron determinar que el joven quiso cruzar la General Paz aquella madrugada por un lugar por el que nadie transita caminando. Se trata de un terraplén que debe ser casi trepado para acceder al pavimento de la avenida. Pero además, a metros de donde Luciano fue atropellado hay un paso peatonal por el que cruza todo el mundo. ¿Por qué Lucino no lo usó? El juez Blanco no tiene respuestas para eso.
A su vez el conductor que lo atropelló declaró que Luciano “cruzó como desesperado” y que “no estaba trotando ni caminando, sino corriendo”, al punto que “parecía que estaba escapando”. Eso tampoco le genera ninguna sospecha al juez Blanco, quien se ampara en la idea del accidente de tránsito para lavarse las manos.
Este viernes, mientras familiares y amigos de Luciano se aprestaban para volver a exigir públicamente justicia, el juez Blanco optó por victimizarse. Consultado por la Agencia Télam, dijo que tiene “una espada de Damocles en la cabeza hace once años”, aunque aclaró: “pero yo me voy a dormir tranquilo porque no cometí ningún delito tal como lo señaló el informe de la Bicameral que no avaló el jury”.
El jury de enjuiciamiento del que habla el juez se inició hace siete años, a cargo de una comisión bicameral de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En 2019 esa comisión emitió un dictamen en el que dijeron que tanto el juez Blanco como las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martin (a cargo de la causa), no eran responsables de nada y no debían ser acusados. Ese salvataje a los funcionarios judiciales lo ejecutaron unánimemente legisladores kirchneristas, macristas, radicales y massistas. Sin grieta. “Ese dictamen fue lamentable”, manifestó entonces Vanesa Orieta, hermana de Luciano.
El juez Blanco también le dijo al Télam que las intervenciones telefónicas a la familia Arruga (que comenzaron al mes de la desaparición y se prolongaron durante diez meses), se hicieron como “se hace en cualquier investigación, sospechar de todos no significa haber querido culpar a alguien de la familia”.
Finalmente, el magistrado dio un paso más en su provocación. Si bien por un lado afirmó que el Estado “no estuvo a la altura de encontrar el cuerpo rápidamente”, por el otro aseguró que, hasta donde él sabe (sic), “no hay elementos de prueba que hayan determinado alguna participación de la policía en el hecho”. De acuerdo a su visión, “está claro que fue un accidente de tránsito y que no lo perseguía nadie”. “Hace once años que padezco esta injusticia”, concluyó el juez, con una alta dosis de cinismo.
Según cita la periodista Adriana Meyer en un artículo de Página|12 de este jueves, la familia Arruga denunció que “el desempeño de los funcionarios contribuyó a la impunidad y obstaculizó el acceso a la verdad, pero el Estado desestimó nuestra denuncia y resolvió no acompañar a la familia. Mientras tanto, la búsqueda de Luciano y la investigación de la hipótesis policial estuvieron y están absolutamente paralizadas en el ámbito de la Justicia Federal”.
Además de los legisladores de la comisión bicameral de la Legislatura bonaerense, la familia Arruga cuestiona el accionar de la Procuración de la Provincia a cargo de Julio Conte Grand, que también desistió de acusar al juez y las fiscales que no investigaron qué pasó con Luciano y quiénes fueron los responsables de su trágico final.
“La decisión de no acusar deja en soledad en la búsqueda de verdad a quienes hace más de once años esperamos justicia por un delito de lesa humanidad”, agregaron los familiares de Luciano, según cita Página|12. Al juez Blanco, obviamente, eso lo tiene sin cuidado. |